Salida sin honra

Editorial, Aserto 86, septiembre 2010
El término de la gestión municipal panista en la capital de Chihuahua no podía ser peor. Lo hacen en medio del escándalo y de la crítica ciudadana a causa de lo que parece ser un sello de la casa: Los enormes ingresos salariales que se adjudican en el desempeño de la función pública.
Pero si ahora son ellos los que cargan con el descrédito ciudadano, también los funcionarios municipales del PRI y del PANAL deberán contar con su propia parte. El descubrimiento periodístico de la entrega –y aceptación- de una compensación extra, que se le denomina “bono”, puso a todos a temblar, y como cuando se pilla a un niño en la comisión de alguna falta, así los funcionarios públicos, del PRI, del PAN o del PANAL incurrieron en infinidad de contradicciones al intentar justificar tal ingreso, por la sencilla razón que todos estuvieron de acuerdo en otorgárselo
Unos dijeron que eran bonos de contingencia judicial –para enfrentar las demandas que les sobreviniesen por errores cometidos en la función pública, otros, de plano dijeron que así se estilaba en todos los órdenes de gobierno al terminar la gestión. El problema para esta argumentación es que desde fines de 1998 ya es un delito el otorgarse bonos por término de gestión.
Y finalmente debieron aceptar que son los llamados bonos de “actuación”, precisamente por constituirse como estímulo para el desempeño de sus funciones. El problema reside en que el monto de tales bonos es igual al de los salarios percibidos por los funcionarios y que tal normatividad rige, pero para los trabajadores del municipio, no para los funcionarios.
Pero si tal cosa fuera cierta, entonces lo que debieran hacer la autoridades municipales, es publicar las evaluaciones efectuadas al desempeño de los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Chihuahua, porque ¿Quién evaluó al presidente municipal? ¿Un subordinado suyo? ¿De veras será cierto que la Oficial Mayor del municipio es quien debe evaluarlos, incluido el alcalde?
Patrañas.
Tal asunto viene a darle la puntilla a una administración que inició mintiendo acerca de este asunto pues la primera pregunta que se le hiciera a Carlos Borruel –inmediatamente después de recibir la constancia de mayoría- fue acerca de los bonos de actuación. Tajantemente afirmó que no habría pagos extraordinarios a los funcionarios municipales durante su gestión.
Por desgracia no es así, ahora sabemos que desde muchos meses atrás existía, como único proyecto político del alcalde, alzarse como candidato al gobierno de Chihuahua. No satisfecha tal aspiración, empiezan a aparecer los problemas generados por tan peculiar forma de ejercer el poder, pensada solo en función de tales aspiraciones, que vino a confirmar que, con notable frecuencia, los gobernantes panistas son quienes resultan ser los funcionarios públicos más caros y que no es ninguna coincidencia que, durante las administraciones federales de Fox y Calderón, la burocracia de “pedigreé” aumentó escandalosamente y que los extraordinarios ingresos generados por la venta de petróleo solo sirvieron para engrosar la nómina gubernamental, y con estratosféricos salarios para los funcionarios de los primeros niveles de gobierno.
El problema es que tan perniciosa enfermedad contagia a todos, independientemente del partido de procedencia y que, ya encarrerados, son buenísimos para inventar justificaciones a cosa que es absolutamente injustificable.
Y luego pretenden permanecer en el gobierno, con todo y artimañas, como lo prueba el hecho de que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontró a Felipe Calderón culpable de haber violentado la ley al emitir sendos mensajes a pocos días de la celebración de elecciones en catorce estados.
Ya previamente, en 2006, ese mismo tribunal había señalado que Vicente Fox había violentado la ley electoral con sus participaciones.
Conductas como las señaladas son las que rechazaba violentamente el fundador del PAN, y que en su tiempo achacó al antecesor del actual PRI, el PRM.