Calderón-Duarte ¿Nuevas reglas?

El Diario, 10 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Son tantos los acontecimientos de la última semana que es imposible abordar alguno y no dejar fuera del tintero los demás, a cual más de importantes. Seguramente, por el peso específico propio, por la importancia, por las trágicas consecuencias que genera y por el tiempo e interés que el nuevo gobernante chihuahuense, César Duarte, le dedicó al tema de la seguridad pública, este debiera ser el tema central de hoy.

A él están ligadas ¡Pero si cómo no las estridentes declaraciones publicadas ayer por El Diario-Juárez del hasta ayer alcalde juarense, Reyes Ferriz, en las que acusó al ex gobernador Reyes Baeza de bloquear las acciones contra la narcoviolencia, frases que se sumaron a las expresadas el miércoles en las que, aseveró, que oportunistas y falsos redentores estorbaron su gestión. Así que, no indaguemos mucho para evaluar la obra del alcalde de la ciudad más violenta del mundo que hoy se va, todos los demás tuvieron la parte principal de la responsabilidad de la gravísima situación por la que atraviesa el antiguo Paso del Norte.

Indudablemente preocupado por la situación con la que asume el gobierno, Duarte fijó como su principal prioridad la recuperación de la seguridad pública y dijo querer ser recordado como el gobernante que puso orden en Chihuahua.

A juzgar por sus primeros actos de gobierno, el nombramiento de Carlos Manuel Salas en la Fiscalía General –hombre reputado como de los enérgicos– y a un militar retirado, Julián David Rivera Bretón, en la dirección de la Policía Única y el anuncio del llamado a que los restantes puestos de mando de la dependencia sean ocupados por militares, además de que en Juárez ya fue nombrado un mílite para ocupar la Dirección de Seguridad Pública (cosa que también puede ocurrir en Chihuahua capital, de acuerdo con las expresiones del hasta ayer alcalde electo, Marco Adán Quezada) podemos avizorar que tal tendencia será la imprimida por la actual administración estatal y que tales nombramientos se están haciendo de común acuerdo con la instancia militar.

En el pasado reciente tal modalidad ya era realidad en las policías municipales de las dos urbes mayores de Chihuahua, pero ahora abarcará a la policía estatal y de que se le apostará a la participación de militares en este cuerpo policiaco, independientemente del curso que tome la propuesta de Felipe Calderón de la creación de la policía nacional con mando único.

Del mismo modo, Duarte fue insistente –por sus primeros actos– en tratar de enviar la imagen de firmeza ante la ola delictiva, al enviar su iniciativa a fin de establecer la cadena perpetua a quienes se encuentre responsables de los delitos de extorsión, secuestro y homicidio múltiple, casi al mismo tiempo que la Cámara de Diputados aprobaba un endurecimiento de las penas en los dos primeros delitos, con el beneplácito de todas las fuerzas políticas, ¡aún del mismo PRD y la oposición del pequeño grupo de diputados leales a López Obrador, cobijados bajo las siglas del PT.

Pero más allá del discurso de toma de protesta de Duarte, dos hechos concitaron la atención: La presencia de la plana mayor priísta y la representación de Felipe Calderón.

En el primer caso fue impactante la manera en que la cúpula del PRI decidió hacerse presente en el acto del lunes anterior. Claro que en ello contó la labor de Duarte a su paso por la Presidencia de la Cámara de Diputados, pero se apreció la decisión de la dirigencia priísta por mostrar el “músculo”, precisamente en una entidad en la que el PAN había ostentado durante años ser una fuerza protagónica de primer orden.

Quizá no lo pensaron así, pero la presencia de tales actores políticos seguramente sirvió para enviarle un mensaje a Calderón acerca de la manera en que ha dirigido las acciones en contra del crimen organizado en la entidad que ocupa, y por mucho, el primer lugar nacional en ejecuciones.

En ese marco, el emplazamiento de Duarte a Calderón a revisar “en cien días” los primeros resultados de “nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada (porque) tenemos una tarea compartida en el propósito de lograr cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua” adquirió una inusitada fuerza política, ojalá que precursora de una nueva relación entre el gobierno local y el federal, a diferencia de los dos últimos años del gobierno de Reyes Baeza, en los cuales la coordinación de las fuerzas policiales existió sólo en la denominación del operativo cuyo nombre nadie recuerda ya, ahora.

Evidencia de que eran otras las expectativas de Duarte acerca de la representación de Felipe Calderón en el acto de su asunción al gobierno, es el de que en la versión de su discurso, enviada a las redacciones de los medios de comunicación, se dirige al Secretario de Gobernación al que le pide sea portavoz de un mensaje y una petición, “el mensaje es que Chihuahua, en la lucha contra el narcotráfico, lo respalda para ganar juntos esta batalla. Exprésele que mi Gobierno le ofrece tres compromisos fundamentales, orden institucional, con la nueva Fiscalía y la policía única, para evitar la dispersión que favorece a la criminalidad… Voluntad política, para la coordinación entre los poderes públicos. Impulsar una fuerza social que sea capaz de unificar lo diverso y lo disperso en un objetivo común” y su compromiso de “trabajar de manera coordinada”.

La respuesta a tales posturas, y seguramente a la presencia de la élite priísta, fue la convocatoria a una reunión de los gobernadores elegidos el 4 de julio pasado, con Felipe Calderón en Chihuahua, en la cual, además de discutir la crisis de seguridad pública, servirá, también, para el intento de Calderón por recomponer sus deterioradas relaciones con los actuales mandatarios, si es que tal es su propósito, o el de los nuevos mandatarios (incluidos los emanados de la alianza PAN-PRD) en establecer nuevas reglas para alcanzar la ansiada coordinación con la administración federal en ese rubro y que en el caso de Chihuahua sólo significó la existencia de determinaciones unilaterales y la pérdida de la conducción por parte de la administración estatal.

Los resultados no sólo están a la vista, sino, y es la tragedia del Chihuahua de hoy, bajo más de 8 mil sepulturas en el brevísimo lapso de dos años y medio.

Por ello importa insistir –como tantos lo dijeron en las mesas de trabajo, establecidas a partir de la masacre de Villas de Salvárcar en Juárez– en que lo prioritario es la reconstrucción –o la construcción– del tejido social y no solamente el combate violento a las fuerzas del crimen.

Para llevar a la práctica tales objetivos lo necesario será replantearse el modo en que se gastan los recursos públicos, a todos los niveles, sin una reingeniería del presupuesto estatal, por ejemplo, los ambiciosos planes propuestos por César Duarte serán imposibles de alcanzar, y sin esa visión por parte de la administración federal, menos.

Quizá en ello radique la importancia de tal reunión, porque asistirán quienes tienen un peso real en la Cámara de Diputados –probablemente poco menos de centenar y medio de diputados de tales entidades– pues su influencia es decisiva en tales legisladores, de tal modo que no es solamente la búsqueda de gestos de cortesía, los objetivos de ambas partes, tanto de Calderón, como de los gobernadores –unos pocos electos y aún sin tomar posesión, y la mayoría ya en funciones– que puede significarse como –ojalá así sea– un punto de inflexión en el modo que Calderón conduce sus fuerzas contra el crimen organizado, en especial el del tráfico de drogas.

Y si atender tal frente es verdaderamente importante, crucial para el Chihuahua de la actualidad, el nuevo gobernador debe afrontar otro, el interno. El enfrentamiento entre los equipos políticos de Reyes Ferriz y Héctor Murguía es de escándalo. Pero el ahora ex alcalde juarense abrió otro frente de batalla al señalar directamente al ex gobernador, Reyes Baeza, de cometer serias anomalías, que en todo caso coincidirían con los señalamientos hechos hace meses por la senadora panista, Teresa Ortuño, de que Baeza era responsable, por omisión, de diversas irregularidades en materia del tráfico de drogas.

Pero no solamente en Juárez se dan dichos enfrentamientos, en Cuauhtémoc, el edil saliente, Germán Hernández, acusó al entrante, Israel Beltrán, de provocar tal situación debido a “la inestabilidad emocional de éste. Al parecer, no es menor el diferendo pues Beltrán aduce que a pocos días de la ceremonia de entrega no tiene un reporte de la existencia de deudas, obras inconclusas y si éstas tienen el respaldo económico para continuarlas. (Nota de Viridiana Solís, El Diario, 8/10/10). Y, además, la existencia de serias diferencias entre los dos ediles por la construcción del relleno sanitario.
Pero esa es otra historia.