Bancarrotas públicas

El Diario, 17 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Por muchas razones, no todas relacionadas con la crisis de seguridad pública padecida en la mayor parte del país, la frase del gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova), es harto representativa de las circunstancias políticas del momento actual. En la reunión celebrada entre los gobernadores elegidos el 4 de julio y Felipe Calderón el mochiteco dijo que “así hasta vergüenza da ser autoridad”.

No fue la única frase claridosa expresada por quien fuera postulado por la alianza PAN-PRD en Sinaloa, después de encabezar, por segundo sexenio consecutivo, las preferencias electorales de todas las encuestas. Al describir el grado de preparación y de combatividad de las policías de su entidad, dijo que “Los delincuentes se pasean por las calles y los policías no le entran, se acuartelan; no hay ningún respeto, ningún temor a la autoridad, ningún respeto por la ley”.

Pero si la seguridad pública es un verdadero dolor de cabeza para los nuevos gobernantes chihuahuenses, el estado de las finanzas de las administraciones que reciben les proporcionará otros verdaderos malos momentos… y para la sociedad, aún peor.

Más allá de los discursos de Héctor Murguía y de Marco Adán Quezada, en su respectiva toma de posesión, la realidad de sus municipios –y la visita de Felipe Calderón- apagaron casi inmediatamente las repercusiones de sus expresiones.

De acuerdo con las expresiones de algunos de los nuevos funcionarios, la salud financiera del gobierno estatal y las presidencias municipales de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc no tiene nada de envidiable. Seguramente en el curso de los próximos días otros alcaldes darán a conocer condiciones semejantes y entraremos de lleno a la práctica, que ya es común en cada relevo gubernamental, consistente en que los nuevos gobernantes acudirán a todas las oficinas públicas relacionadas con el tema a fin de obtener algún adelantito, o un préstamo para costear los gastos del resto del año.

A tales gastos les sumarán los que deberán hacer en la liquidación de decenas, cientos de trabajadores, cuyo número excesivo ilustra el elevado patrimonialismo de quienes ejercieron la administración pública con tan malas artes.

Más aún, en otros casos deberemos asimilar el hecho de que en la parte final de los gobiernos anteriores se les ocurrió liquidar a mandos medios y superiores, en una franca simulación para evitar ser sancionados debido a la prohibición expresa del otorgamiento de bonos por término de la gestión.

Si esto es así, entonces deberán estudiarse todos los casos en los que funcionarios de los primeros niveles –sobre todo de las alcaldías de Juárez y Chihuahua- fueron liquidados, a pesar de la prohibición anterior.

En tal situación se encuentran Chihuahua y Juárez, cuya importancia es obvia por la dimensión de sus finanzas y por la presunción de no tan saludables prácticas de quienes dejaron la función pública municipal. En los últimos días de la administración del panista Alvaro Madero se informó de la liquidación de 180, así lo dijeron, trabajadores y funcionarios del municipio, anuncio que debe despertar todas las suspicacias del mundo pues, que se despida a trabajadores y se les paguen sus respectivas liquidaciones, no tiene nada de raro, ni de ilegal, pero que se les dé el mismo trato a los funcionarios, es ilegal, máxime si, como es el caso, existen antecedentes, de este año, en el que se otorgaron, en la práctica, verdaderos bonos de despedida a varios funcionarios municipales, amén de varios regidores de todos los partidos acreditados en el cabildo.

Según informaciones extraoficiales, lo mismo ocurrió en Juárez, en donde se otorgaron liquidaciones a funcionarios municipales y regidores, que ascendieron, en total, a un monto de 2 millones 195 mil pesos.

El desaseo, o la pretensión de hacer que las administraciones públicas se conviertan en verdaderos financiadoras de las actividades partidarias, hicieron engrosar las nóminas municipales, de ahí que en ambas ciudades ya se esté hablando del despido de cientos de trabajadores. En la capital, Marco Adán Quezada anunció el de 500 trabajadores, y si a esos le sumamos los 180 despedidos por Madero nos explicaremos el porqué el gasto corriente municipal es desmesurado.

Quizá al paso de los días, la frase de Quezada en su discurso de posesión, dirigida a Madero -”Es justo reconocer al alcalde Álvaro Madero que ha sido cuidadoso de la administración municipal”- quede rebasada por la realidad.

Más aún que el oficial mayor del Ayuntamiento, Juan Cinco Zamarrón, informó que “se han detectado una serie de irregularidades por parte de la anterior administración municipal durante el trámite de entrega-recepción”, principalmente de gastos injustificados, “mismos que tendrán que ser revisados para poder proceder de acuerdo a lo que la ley indique”.

Otro aspecto, muy grave, es el del endeudamiento de los gobiernos. El estatal atraviesa, de acuerdo con los reportes realizados por la nueva administración, por un endeudamiento de casi los 6 mil millones de pesos y en caja sólo hallaron 169 millones de pesos. (Compárese ese dato con el gasto corriente mensual del municipio juarense que ronda los 140 millones de pesos). Ya se habla de la necesidad de solicitar un préstamo por 2 mil millones de pesos para cumplir con los compromisos del resto del año. Si así fuera, entonces la deuda real, dejada por la administración de Reyes Baeza, ascendería a casi 8 mil millones de pesos.

Algo semejante deberán afrontar los juarenses pues en la caja municipal sólo encontraron 900 mil pesos y una deuda de alrededor de mil 200 millones de pesos, aunque hay versiones que apuntan a los mil 500, además de que se dejó de pagar, por meses, el Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores, el Fideicomiso Paso del Norte y hasta el teléfono, servicio que le fue cortado al ayuntamiento en los últimos días de Reyes Ferriz, además de las demandas levantadas en contra del Ayuntamiento.

No sucede cosa semejante en Chihuahua, en cuanto al endeudamiento, pero sí en cuanto al número de trabajadores, de las liquidaciones efectuadas y el estado en el que encontraron a la policía municipal. Aunque el viernes anterior ya se hablaba de algunas irregularidades financieras, lo cierto es que de mil policías sólo 300 se encontraban patrullando la ciudad, razón que explica, por sí sola, la elevada tardanza con la que solían acudir a los llamados en el pasado gobierno municipal.

Por su parte, la construcción del relleno sanitario en Cuauhtémoc y los dimes y diretes entre los funcionarios salientes y los entrantes llegaron al extremo de intercambiar verdaderos insultos. Seguramente que en los próximos días habremos de saber de verdaderas novedades. Habrá oportunidad de comentarlos.

Pero si entre todos los acontecimientos políticos hubo que fuera estridente ese lo fue la conducta del ex alcalde juarense, José Reyes Ferriz, quien en dos entrevistas a El Diario, edición Juárez y una a la revista Proceso, literalmente acusó al ex gobernador Reyes Baeza de ser el principal obstáculo en el combate a la narcoviolencia en Juárez.

El recuento de su gestión lo hizo el mismo ex munícipe: Cerca de 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil juarenses que emigraron a causa de la violencia; el cierre de 10 mil negocios; la pérdida de 130 mil empleos; 25 mil viviendas abandonadas y la existencia de 80 mil adictos. Además, la OCCh le costó al municipio la friolera de 400 millones de pesos, pues la multimencionada ayuda federal no venía acompañada de los gastos de la estancia de los agrupamientos, ya sea militares o de la Policía Federal, aunque sí habrá de destacarse que los militares fueron infinitamente menos costosos que los polifederales pues aquellos no fueron hospedados en los hoteles de cuatro y cinco estrellas y el municipio debió pagarles a éstos los bonos de estímulos y sobresueldos ordenados por el gobierno federal.

De ese modo, las tronantes declaraciones del alcalde saliente de Juárez, José Reyes Ferriz, en las que le endilgó toda la responsabilidad del fracaso del combate a la violencia en esa ciudad a Reyes Baeza, y efectuadas solo hasta a unos cuantos días antes del término de su gestión, pone de manifiesto que no había la más remota posibilidad de que la Operación Coordinada Chihuahua (y su nombre anterior) correspondiera a tal denominación pues sabidas son las discrepancias existentes entre los mandos federales y los estatales –nomás recordemos que llegó un momento en que el ejército demandó al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia, por el asunto de los permisos de portación de armas de la ¡Cipol y de agentes encargados de la custodia de diversos empresarios-, a las que ahora debemos sumar las existentes entre los jefes del ejecutivo estatal y municipal.

Hoy, toda una región del norte de Chihuahua sufre los efectos de tales querellas.

ABRAZO.- Con fuerte abrazo a Sérbulo Lerma, en los aciagos momentos por los que pasa, ante la pérdida de su madre, Doña Elvira Carbajal Vda. de Lerma.