Agridulce

El Diario, 3 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
No podía ser de otra manera. Las caras tristes de la mayoría de los integrantes del gabinete de Reyes Baeza, las lágrimas de Claudia Garza y las de Lucía Chavira, así como, por momentos, el gesto nostálgico del todavía gobernador constitucional fueron el colofón de su sexenio.
Esas expresiones reflejaron el sinsabor de quienes tuvieron la responsabilidad de la conducción de la administración estatal durante los últimos seis años.
Pero no fueron las únicas manifestaciones de la terminación de ese sexenio. Dos de los más allegados al deliciense cometieron sendos errores que mostraron cuán flojos estaban ya los controles en el gobierno. La intempestiva salida de Saúl Hernández, director de la CIPOL, a unos cuantos días del fin de la gestión, informada como las vacaciones no tomadas por uno de los principales responsables de la seguridad pública en el estado y de la seguridad personal de Reyes Baeza, en medio de lo más enconado de la guerra entre los cárteles del narcotráfico y de la peor ola homicida en la capital del estado, es clara muestra de uno de los aspectos más criticables de la administración saliente.
Las consecuencias de tal acción pusieron en ridículo al gobierno de Chihuahua.
¿Cómo está eso de que se contrató a una empresa de seguridad, para ofrecerle seguridad a la dependencia encargada de la seguridad pública en la entidad?
¿A quién pertenece? ¿Es la única empresa que otorgó esos servicios al gobierno del estado?
¿Cómo está eso de que el director de CIPOL se va de vacaciones a quince días de entregar, y de que el mando operativo de la dependencia era un encargado y que sus funciones se constreñían a recibir el reporte diario de hechos?
¿Por qué no se dio un cese fulminante a Saúl Hernández en lugar de informar que el gobernador le pidió que regresara de sus vacaciones?
Y los antecedentes son muy oscuros. ¿Recuerda el ataque al convoy de Reyes Baeza? ¿Y la fuga de Crispín Borunda?
Pero no es el único caso de funcionarios que se toman las de Villadiego. Ahora resulta que en el Congreso del Estado, la mayoría saliente decidió aprobar una verdadera contrarreforma en materia de transparencia.
Así, a dos días del último informe de Reyes Baeza, los diputados del PRI, liderados por uno de los más cercanos a él –por lo menos en otros tiempos- se insurreccionaron. Corren los rumores que no atendieron los llamados de Sergio Granados, aún Secretario de Gobierno, y resolvieron que lo propuesto por el presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Fernando Medina, era de aprobarse y que quizá fue un postrer intento de Fernando Rodríguez Moreno, líder de los diputados priistas salientes, por fortalecer a algunos de los suyos.

Bueno, pues Reyes Baeza anunció que no publicaría esa contrarreforma, con lo que la responsabilidad se transmite a César Duarte.
Las modificaciones propuestas y aprobadas, intentan concentrar en la figura del presidente casi todas las decisiones administrativas, tales como la selección del personal, o bien su despido; la contratación de proveedurías o la adquisición de inmuebles; además, intentan adoptar, como nuevo marco legal, los criterios adoptados en el anterior Consejo del Ichitaip que consolidaron la opacidad y la negación de ese organismo por constituirse en verdadero garante del derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información pública.
Más allá del conocimiento de los diputados salientes acerca de tal derecho (y seguramente la mayoría saldría reprobada) y de que se les supondría más atentos a los gestos de quien ejercerá la administración pública estatal a partir del lunes –algo a lo que siempre están muuuuy atentos- llama la atención el papelón de los diputados salientes del Verde, Panal y PT, ya acostumbrados a obedecer en todo a Rodríguez Moreno, y que lo siguieron hasta el último tramo. ¿Y los priistas? ¿Qué horas son, preguntó el líder parlamentario? Las que usted disponga, dijeron al unísono.
¡Híjole, qué ridículo!
Así, el robo al C-4 y la jugarreta congresual se constituyeron en un triste epílogo de la actual administración. No se podrá objetar la enorme obra construida, superior en más de un aspecto a la realizada en los sexenios anteriores, y cuyo origen debemos ubicarlo, para ser justos en la evaluación, en las nuevas reglas del reparto de recursos entre la federación y las entidades (que no obedece a la decisión de los gobernantes panistas, sino, sobre todo, es obvio, a los gobernadores priistas) y a los excedentes petroleros.
De ese modo, prácticamente no hay gobernador que no haya efectuado una vasta obra en materia de infraestructura. No se le quita méritos a Reyes Baeza, pero deberá evaluarse tomando en cuenta estos factores. En sus seis años de gestión se realizaron más obras que en 14 años anteriores.
Y lo mismo en educación. De acuerdo con la descentralización educativa, las entidades ahora manejan, también, el presupuesto que antes ejercía la federación para solventar el gasto en educación.
Debemos, en ambos aspectos, en todo caso, considerar las buenas artes de Reyes para incidir en el seno de la Conferencia de Gobernadores y en la buena relación sostenida, a pesar de todo, con Felipe Calderón que, a pesar de los dichos del panismo, aún prevalece la política discrecional en el manejo del presupuesto, como antes lo hacían los presidentes priistas, para obtener incrementos al presupuesto estatal.
Para su desgracia, Reyes Baeza será recordado como el mandatario de las cifras más altas de homicidios en el país y por la reforma penal. En esos aspectos, como en todo, es sólo corresponsable de la lamentable situación en que entregará ambos rubros.
Ninguna entidad, por sí sola, está en capacidad de enfrentar a los consorcios del crimen organizado, mucho menos en Chihuahua pues la disputa en nuestro estado rebasa los límites estatales y nacionales. Es mucho lo que se juegan los barones de la droga. Ante su embate han sucumbido todas las instituciones, las federales, las estatales y las municipales.
Sí se puede afirmar que, ante el embate criminal, no hubo una estrategia eficiente por parte del gobierno estatal, pero tampoco es justo, como lo hicieron los panistas, enfatizar en que fue el único responsable de la situación que padecemos. Juárez es hoy la ciudad, no solamente con la tasa de homicidios más alta del planeta, sino también como una de las de más alto número de efectivos policiacos y militares –per cápita- del mundo. No obstante, la masacre continúa.
Del mismo modo, el nuevo sistema de justicia penal fue completamente rebasado. Da pavor imaginar que la actual crisis de seguridad pública se hubiese presentado con el viejo sistema.
Y si la reforma penal contiene aspectos absolutamente criticables, hay otros para los cuales no hay, ni siquiera, un leve indicio de que se afrontarán, como el de darle seguimiento laboral y del entorno familiar a los delincuentes que alcanzan la libertad ¿Hay alguna autoridad que vigile a quien alcanzó su libertad, después de haber sido encarcelado y sentenciado por robo? ¿Alguien vigila que al salir de la cárcel tenga modo honesto de vivir?
Del mismo modo ¿Alguien vigila a los ex policías, dados de baja por cualquier motivo, en su vida post policiaca? ¿Se les da terapia a los miembros de los cuerpos policiacos? ¿A sus familiares más cercanos? ¿Se les otorgan períodos de descanso a los elementos policiacos, después de un cierto tiempo, para desestrearlos?
Las consecuencias de no adoptar medidas en esa orientación son la causa de la terrible tragedia del viernes en la capital del estado -¡Una más!- del ex policía municipal que asesinó a su ex mujer, a la nueva pareja de ella, para luego suicidarse.
Desafortunadamente, los gobernantes de esta época, sin duda alguna representantes del status quo, ante las dimensiones de la crisis estructural por la que atraviesa el país, sólo atinan a medio administrar las crisis. Aún en un panorama sin la existencia de la guerra entre los cárteles, Chihuahua enfrentaba los efectos de su modelo económico. Ya antes, en el sexenio de Patricio Martínez sufrimos un quebranto económico mayor, a causa de nuestra elevadísima dependencia de la industria maquiladora de exportación. En términos gruesos nada cambió en estos seis años.
Las consecuencias son gravísimas. Los 70 mil jóvenes “ni-nis” en Juárez son una prueba más que palpable de tal modelo y no se aprecia que se vaya a dar un golpe de timón, de las dimensiones que necesita Chihuahua para iniciar el combate a tal situación.
Por si fuera poco, el gobierno de Duarte iniciará con una deuda pública estatal de alrededor de 6 mil millones de pesos, es decir, algo así como el 15% del presupuesto estatal. Podrá argumentarse que se encuentra dentro de lo manejable. Puede ser, en tiempos “normales”, pero en momentos como los actuales puede convertirse en un muy serio dolor de cabeza de los nuevos gobernantes.
Así iniciarán.
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