Sin pruebas

El Diario, 24 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores El reconocimiento de la Procuraduría General de la República de no contar con pruebas que respalden los dichos de los testigos “protegidos” en contra de los militares presos, acusados de participar en el crimen organizado, entre los que destaca el general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, ex director del Colegio Militar y ex secretario particular del secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Vicente Fox, además de descendiente directo del Gral. Felipe Ángeles, el jefe artillero de La División del Norte, pone de relieve, además de la sorda disputa por el poder al interior del ejército, la elevada intromisión de los militares norteamericanos, y de su gobierno todo, en los asuntos más controversiales de nuestro país. Al aceptar que no tiene pruebas en contra de Ángeles tendrá efectos directos en contra de otros cinco militares acusados en el mismo caso, contra quienes la PGR de Marisela Morales y Felipe Calderón sólo tenía las declaraciones de dos testigos, ambos ex jefes de grupos criminales y quienes sólo tenían vagas informaciones de las presuntas relaciones de los militares con el cártel de los Beltrán Leyva, a quien le ofrecían, según estas declaraciones, protección militar en el desembarque de aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca. Con ello parece comprobarse que la decisión de involucrarlo penalmente con el crimen organizado fue una maniobra para separarlo del “relevo en Sedena”, como acusó el general Ángeles al momento de ser detenido, en una acción que revela las disputas al interior del ejército por el poder. ¡Qué cosa tan rara! “Yo no creo que sea el secretario, (sino) un poquito más abajo, por una ambición, un afán, no sé, (porque) en su sueños ven que yo voy a hacerles competencia, que voy a ser un competidor para un cargo, el máximo al que ellos aspiran, pero no sé, mi amigo, a qué se deba la paranoia”, sostuvo en una entrevista ofrecida a Milenio en julio del año pasado. Para ampliar su arraigo, el 22 de junio la SEIDO se basó en una llamada en la que se lo acusa de permitir la venta de droga en el Colegio Militar, lo que el general calificó de “ofensa” al Ejército, porque sugiere que entonces sus miembros son consumidores. “Pusimos atención y no existió nada, ni un indicio, nada de eso. Pero si el Colegio es la escuela de formación de los oficiales, de los jefes, de los generales, ¿de qué estamos hablando? Luego entonces, somos un Ejército de viciosos, cosa que es inadmisible por dolosa y falsa”, manifestó en esa ocasión. Las acusaciones pueden tener un trasfondo más preocupante, en el que la disputa por el cargo de Secretario de la Defensa Nacional vaya más allá de la simple pelea por el cargo y aparezca con mayor nitidez que en realidad se jugaba, en tal disputa, la continuación de la subordinación de la política de seguridad pública –y quizá la nacional– a los designios de la cúpula militar norteamericana. Uno de los antecedentes centrales de la trayectoria de Ángeles lo constituye su desempeño en el cargo de agregado militar en la embajada norteamericana cuando, “encabezó la defensa latinoamericana a los designios del Pentágono que querían –con el respaldo del presidente Carlos Menem en Argentina–, crear una fuerza panamericana que respondiera a los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo”. (“El general en desgracia”, Raymundo Riva Palacio, 17/V/12). Además, y teniendo como marco lo sucedido a lo largo del sexenio de Felipe Calderón, el mismo columnista informa que Ángeles “filtró” información a una reportera (probablemente Anabel Hernández, autora de “Los señores del narco”) para que esta señalara al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de estar, a su vez, involucrado en el narcotráfico. Luego, ayer, el mismo columnista informó que otra persona acusada, también por los mismos testigos protegidos, de recibir dinero del cártel de los Beltrán, fue recientemente puesta en libertad. Se trata de Beatriz Elena Veramendi, quien en 2008 fue secretaria particular de Noé Ramírez Mandujano, jefe de la SEIDO. Con ello, si quedara alguna duda de la tremenda ineficiencia de la PGR –y sus titulares– en el sexenio anterior, cae por tierra, además de revelarnos la profundidad de la crisis de seguridad pública, acrecentada por funcionarios sin escrúpulos a quienes debería ponerse bajo el criterio de las autoridades judiciales, de inmediato.