Centralización, el signo

El Diario, 13 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores Oculta en el tráfago de la discusión política sobre otros temas, por la inocultable oleada homicida presente ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o por la discusión sobre la reforma educativa, centrada no en las evidentes agresiones al marco laboral, sino en la hipotética o real ofensiva del nuevo gobierno a la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, la concepción centralista de la actual administración se advierte en no pocos temas de los más importantes de la vida nacional. El problema estriba en que las tres principales fuerzas parlamentarias -PRI, PAN y PRD- resolvieron firmar un acuerdo -el Pacto por México- con un contenido altamente reformador, pero que en esencia contribuirá a la centralización del país y en que a ninguna de esos partidos se les ocurrió que deberían consultar a la sociedad para realizar las reformas que pretenden. La novedad consiste en el hecho de que ahora, por lo menos no en el anuncio de las medidas consensadas, se habrán de aliar PRI y PAN sin importarles el PRD, cosa que sí ocurrió en los cuatro sexenios anteriores (Los de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón que, curiosamente, gobernaron en el sentido deseado por el primero, que habló de un proyecto de “cuatro sexenios”. Cosas de la vida) en los que a pesar de la fuerza perredista -escasa en los dos primeros, creciente en los dos segundos- aprobaron una rectificación del país cuyas consecuencias hoy padecemos inclementemente. Señalada desde semanas atrás la intención de fortalecer el esquema centralista en materia de la transparencia y el derecho al libre acceso a la información pública, ahora lo advertimos en la reforma educativa, en la que una de las consecuencias será que en lugar de que sean instancias mixtas las que aprueben el ingreso y promoción del personal magisterial, como se hace preferentemente en el ámbito de la educación media y media superior, ahora, reforma mediante y utilizando el gancho de que era para “recuperar” el control del Estado en la impartición de la educación -como si alguna vez lo hubiera perdido, al contrario, se lo había “emprestado” a la cúpula magisterial, siempre de común acuerdo- se le deja al Estado la facultad exclusiva de esos pasos, en lo que es, a todas luces, una flagrante violación de los derechos laborales de los maestros, no de los sindicatos o sus dirigentes. Ahora, en lugar de que sea la cúpula magisterial, serán los funcionarios designados por los nuevos gobernantes quienes decidan, sin la participación de los trabajadores, y sin la obligación de sujetarse a norma alguna, la contratación y la permanencia laboral de los trabajadores de la educación. ¿Eso es descentralización? Y en lugar de un nuevo pacto social, requerido por el país, los pactantes llegaron a un pacto de esas fuerzas políticas, sin el concurso de la sociedad, algo que se advierte en el proceso de aprobación constitucional de la reforma educativa en la que las legislaturas locales, ninguna, decidió consultar a la ciudadanía, por lo menos la más interesada en asunto tan trascendental. Igual ocurrirá en materia electoral. Será peor porque en ese nicho los intereses de las fuerzas firmantes del pacto coinciden de manera extrema. Claro, se trata de su materia de trabajo. Bueno, pues PRI, PAN y PRD están de acuerdo en que en adelante los procesos electorales sean conducidos por una sola instancia electoral, por supuesto, la federal, de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales y, además, con fechas de jornadas electorales, homologadas, con lo que los procesos electorales estarán sujetos a los vaivenes nacionales y no, como debiera ser, obedecer a los estrictamente locales que son, a fin de cuentas, los más allegados a las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Además, como si fuera cualquier cosa, y en contra de la opinión mayoritaria expresada en cualquier encuesta, sondeo o lugar en los que los ciudadanos puedan externar su rechazo, los pactantes firmaron revisar la “revisión (inmediata) de la reelección de legisladores”, que, traducido, significa que la aprobarán. Aparentemente, a partir de la firma del ‘Pacto por México’, el nuevo grupo gobernante pretende imponer, no solamente una visión del país y del rumbo que ha de tomar, sino, también, la manera en que se han de aprobar las distintas reformas, necesarias en esa visión, para que el proyecto político del “nuevo” PRI salga adelante. Las reformas incluyen la propuesta de reformar la estructura del Poder Ejecutivo, para sentar las bases de la posibilidad del establecimiento de una coalición de gobierno, integrada a partir de las elecciones, o incluso después, y plantea la obligación de formalizarla en el seno del Congreso de la Unión. Peña Nieto ha insistido, a diferencia de los panistas Fox y Calderón, en la necesidad de culminar la transición democrática. Pero este proceso pasa por la profunda transformación del entramado institucional y del régimen político, algo que no se advierte en las intenciones expresas de las fuerzas pactantes. Ahí radica la importancia del denominado 5o. Acuerdo temático del Pacto, el de la Gobernabilidad Democrática que pretende efectuar una reforma constitucional para otorgarle al Presidente de la República la facultad constitucional “de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno”. Es decir, el presidente podría gobernar como lo han hecho hasta ahora, en la segunda mitad de su gestión, Ernesto Zedillo, y los sexenios completos de Fox y Calderón, que debieron soportar la existencia de una mayoría legislativa opositora. La otra opción, contemplada en el Pacto, es la de que el Presidente y su Partido podrían construir un acuerdo político -con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso- para conformar una mayoría política estable que designe un gabinete de coalición (ejecutor del programa de gobierno), ejecute el programa de gobierno y una agenda legislativa. Y esta es una de las reformas más trascendentales -según el escribiente- pues con ello se iniciaría el, ojalá corto, proceso de maduración del necesario régimen parlamentario que necesita el país y, por tanto, la realización de una profunda transformación del régimen político mexicano pues, para empezar, la existencia de una segunda Cámara, como es la de lo senadores, perdería su razón de existencia. En la antigua concepción de la república, los senadores representaban a las entidades federales, concurrentes al pacto federal, y su participación garantizaba la existencia de la soberanía de las entidades. Hoy nadie cree ya en semejante antigualla, los senadores, para efectos políticos reales, se comportan del mismo modo que sus colegas de la Cámara de Diputados y, como éstos, son más representantes de sus partidos y sus corrientes políticas, que de las entidades. Y si agregamos que ahora también tenemos senadores de “partido”, llegaremos a la conclusión, con las reformas rumbo al régimen parlamentario, que es prácticamente inútil la existencia de una segunda cámara. Los firmantes del Pacto están sentando las bases de un régimen parlamentario ¡Estarán dispuestos a transformarse en auténticas fuerzas sociales, como lo son los partidos políticos en los países que se gobiernan de esa manera? PD.- RECUENTOS. Ahora todos critican que se llevara en el sexenio un recuento de los ejecutados ¿Y ahora, por qué no? ¿Porque el nuevo gobierno no quiere hablar de la crisis de la seguridad pública? asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF