jueves, 31 de enero de 2013

Al fin, la sierra

El Diario, 31 de enero de 2013. Luis Javier Valero Flores Pareciera coincidencia, ojalá no lo sea. Al tiempo que en la capital del país se anunciaba la puesta en marcha de un vasto operativo en los estados de Morelos, Puebla, Querétaro, México, Michoacán y el Distrito Federal a fin de “inhibir” la violencia, con la participación de militares, marinos, policías federales y policías locales, en Guachochi el gobernador del Estado, César Duarte, anunció, en la celebración del 50o. aniversario de ese municipio, la puesta en marcha de un “mega” operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara, con la finalidad de abatir la ola de criminalidad en aquella región. “El próximo mes inicia el operativo más importante de la historia para la recuperación del orden y la paz en la sierra de Chihuahua, la estrategia de seguridad viene con todo y desde los tres órdenes de Gobierno, no seguirá siendo el dolor y el miedo la condición de los habitantes de esta región… No vamos a permitir que una carretera, una comunidad y un ejido sean víctimas de los delincuentes”, afirmó, tajante, el mandatario chihuahuense, para rematar diciendo que de esta forma retomarán el control de las carreteras y comunidades serranas. Casi 60 días después de asumir la conducción del país, período en el que, aparentemente, persiguió quitar de la agenda pública el tema de la seguridad pública, el nuevo gobierno federal debió asumir la realidad y anunciar la puesta en acciones para enfrentar la ola violenta, persistente a pesar del cambio de gobierno. Ocho mil efectivos de todas las agrupaciones armadas del Estado mexicano serán los responsables de tal operativo, que integrarán las llamadas Bases de Operación Mixtas (BOM), con un esquema similar al que se puso en marcha en Nuevo León, donde las policías locales actúan en coordinación con las fuerzas federales y en el que sus integrantes deberán ser elementos sometidos a los exámenes de confianza (y por supuesto, superados) para actuar conjuntamente. A su vez, luego de las infinitos reportes, de cientos, de miles de ciudadanos, de la existencia de condiciones máximas de inseguridad en amplias regiones de la entidad, con la presentación de varios incidentes a cual más de violentos, la actual administración estatal, por fin, anunció la puesta en marcha de un operativo largamente reclamado por los chihuahuenses de La Tarahumara y el Noroeste. Al hacerlo, el gobernante chihuahuense prometió que este año le daríamos “la vuelta completa a la página por la tragedia en que vivió Chihuahua desde hace 3 años”, para lo que pidió la ayuda de la ciudadanía, para luego ufanarse del descenso de las cifras delictivas: “Uno de cada cinco carros que se robaban en el país era en Juárez y uno de cada cinco asesinatos se realizaba en Juárez, hoy no aparecemos en las estadísticas, hemos recuperado el orden”. Ello, a pesar de que Chihuahua y Juárez se ubicaron, todavía, al término de 2012, dentro de las primeras 10 ciudades con los más altos índices de homicidios, pues Chihuahua pasó de 367 en 2011, a 554 en 2012; Juárez, a su vez, pasó de 656 en 2011, a mil 055 en 2012, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupando, por tanto, los lugares 7o. y 3o., respectivamente, en los que el antiguo Paso del Norte fue superado por Acapulco y el DF. (Nota de Reforma, 28/I/13). “No necesariamente con la fuerza o con mayor número de elementos se es más eficiente en el combate a la delincuencia, se requiere la recuperación de la confianza de la sociedad para que aporten información y realicen denuncias”, manifestó el mandatario. Lo dijo en una zona en la que permanentemente los ciudadanos se han cansado de informar, hasta públicamente, de la instalación de retenes y operativos de las bandas que asuelan la sierra Tarahumara, en lo que aparece, por lo menos en las promesas del gobernante, como la rendija de esperanza de iniciar el camino, ojalá no tan largo, de la recuperación de los niveles de seguridad pública necesarios para la vida, en esta que es uno de los máximos orgullos de los chihuahuenses y en la que la ley de las bandas criminales parecía –parece– ser la vigente.

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