Celosos

El Diario, 6 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores “Si por mí fuera, yo no cobraría mi dieta, pero es ilegal bajarla” Enrique Serrano, líder del PRI en el Congreso del Estado “(Este) salario ya estaba cuando yo llegué…”: Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia Cosas de la picaresca mexicana. A propósito de las declaraciones de los gobernantes sobre sus remuneraciones recordé este texto que publiqué el 22 de julio de 1999: “Don Arturo Huerta Luévano es nuevamente alcalde de San Francisco del Oro, lo fue en el período 1992-1995. Cuando dejó el puesto ganaba poco más de diez mil pesos mensuales. El PRI perdió las elecciones (en el ’95); un militante del blanquiazul llegó a la Presidencia Municipal y se triplicó el salario. Don Arturo regresó a la alcaldía (en el ’98), se aumentó el salario un 11% y ahora gana 36 mil pesos mensuales, dirigiendo un municipio que no llega a los 6 mil habitantes. Cosas de la alternancia política, en su defensa arguyó que quien había aumentado estratosféricamente los salarios ‘fueron los panistas. Yo sólo aumenté ese porcentaje’. Anunciado con bombo y platillos desde fines del año anterior, esperando que tal anuncio desgranara toneladas de elogios, el Plan de Austeridad y Disciplina del Gasto Público, dado a conocer por el Gobernador del Estado, César Duarte, encontró, inopinadamente, sus mejores detractores en los titulares de los otros poderes, Enrique Serrano, líder del Grupo Parlamentario del PRI, y Javier Ramírez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Ambos, de distintas maneras, expresaron que hasta dejarían de percibir sus remuneraciones como servidores públicos, pero que no se mandan solos, se deben a las decisiones de sus respectivos pares. ¡Vóytelas! Casi al término de su gestión, en el caso del diputado Serrano, y muy cerca de la mitad de la propia como titular del Poder Judicial, en el del magistrado Ramírez Benítez, les salieron los ímpetus independentistas, reclamaron para sí el derecho a la soberanía de los poderes y le dieron un sonoro mentís al titular del Poder Ejecutivo. Como si no existiesen mil y una chicanadas por hacer a fin de disminuir sus elevados ingresos, los titulares de los otros poderes, a pesar de las carcajadas del gobernante, (Que según la columna De los Reporteros, se desataron ante los evidentes problemas del presidente del STJ para aceptar que se disminuiría el salario) arguyeron que sería una decisión de la mayoría de los integrantes de sus respectivos órganos, como si en el presente sexenio ambos poderes hubiesen tenido un comportamiento republicano. ¡Ah, no, po’s en eso sí que no! ¡Nosotros somos celosos vigilantes de la independencia de los poderes! ¡Faltaba más! Dos días después del anuncio aún esperamos las tronantes declaraciones de diputados y magistrados, diciéndonos que, como regalo de Los Reyes Magos, se bajaron los salarios. Y todos sus ingresos, no nos vayan a salir con que se bajaron las “dietas”, ya las reformas constitucionales establecen que los servidores públicos reciben “remuneraciones” por el desempeño de sus obligaciones. Ojo, funcionarios, el artículo 127 constitucional dice que todos los servidores públicos tienen derecho a las remuneraciones, y que son irrenunciables, como lo sostuvieron Serrano y Ramírez ¡Ah, ¿Y entonces por qué los funcionarios federales no protestaron? ¿Es que allá sí le “hacen caso” al titular del Poder Ejecutivo? La medida anunciada por Duarte Jáquez significa una disminución cercana al 2 por ciento del presupuesto aprobado unos días antes, afectará las remuneraciones (nadie ha dicho lo contrario) de 234 funcionarios de los primeros niveles estatales, la mayoría de los cuales verán disminuidas sus prerrogativas (entre ellas la de que su cargo les genera el uso de un vehículo gubernamental para trasladarse a su casa y trabajo, como si los salarios devengados no fueran precisamente para eso) y puede disminuir, aunque sea poquito, el número de plazas sin un claro sustento laboral. ¿Es suficiente? Claramente no, pero toda medida que conlleve el mejoramiento de la eficiencia del gasto público deberá tomarse en consideración. A ella deberían acompañarla unas serie de decisiones en materia de transparencia para que así, no solamente la Contraloría estatal vigilara la concreción del Plan, sino la sociedad entera tuviera acceso a la información desplegada con tal motivo, y así echar por tierra la explicación de que tuvo como motivación, solamente, la inminente contienda electoral (y si así fuera, qué bueno, ni modo) para garantizar la permanencia de medidas tales como la de la restricción de vehículos, de la contratación por honorarios, de las dobles plazas y la buena fiscalización en las compras gubernamentales. Además, serviría para evitar la etiqueta de que sólo se hizo así a instancias de lo realizado por el gobierno federal, y no de motu propio. Para evaluar la dimensión del recorte del gasto del Gobierno de Chihuahua –de concretarse, un poco más de mil millones de pesos– significaría que el gobierno de Enrique Peña Nieto ahorraría alrededor de ¡81 mil 800 millones de pesos, más de la mitad del gasto no programable, que se disputan cada año las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados! Además, el Plan develó la cuantía de los privilegios de la clase política chihuahuense, en clara desproporción al nivel de responsabilidades, presupuestos ejercidos y niveles de ingresos de la población. Así, “al menos una veintena de funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial ganarán más” que el gobernador Duarte, entre ellos, los presidentes del STJ y del Tribunal Estatal Electoral y los otros 18 magistrados del STJE, en tanto “que el presidente del Instituto Estatal Electoral, Fernando Herrera, ganará sólo 4 mil pesos menos que el mandatario”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario 4/I/13). De ahí las risas de Duarte: “La risa del gobernador César Duarte se escuchó en todo el recinto… entonces Los Reporteros le preguntaron al titular del Supremo Tribunal si también se bajaría el salario. La cara se le puso de todos los colores al abogado Ramírez y fue cuando se escuchó la estentórea carcajada de Duarte, ya que lo único que pudo responder el magistrado es que estaría dispuesto a hacerlo, pero es el Pleno del Supremo Tribunal el que tiene que decidir. Otro de los argumentos que manejó este funcionario es que su sueldo ya estaba así desde antes de que él asumiera el cargo”. (De Los reporteros, El Diario, 4/I/13). Bueno, y es que razones legales no les faltan (ya estaría de Dios que la actual legislación posibilitara las rebajas de las remuneraciones de los funcionarios públicos), pero las restricciones para ello, en el caso del Poder Judicial se entienden, cuando se tratara de una disposición individual para alguien, o se derivara de un conflicto entre poderes, pero no es así; es para ahorrar recursos –es lo argumentado– e invertirlos en obras y servicios. Y si las disposiciones legales no permiten realizar una acción desde el Poder Ejecutivo ¿Por qué no, entonces, anunciar una acción concertada, colectiva, de donación del 10 por ciento de sus remuneraciones a las finanzas estatales? ¿Es mucho pedirles? Parece que sí. No eran esas las motivaciones cuando pedían el voto, decían que su vocación en la vida era servir a los demás, que nada de lo “terrenal” les llamaba a desempeñarse como funcionarios públicos, que ese real el mayor de los privilegios que podía recibir un ciudadano de sus semejantes. ¡Ah, pero cuando afectan el bolsillo…!