Otro montaje

El Diario, 29 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores La determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de ordenar la inmediata libertad de Florence Marie Louis Cassez Crepin, se ha convertido en el pretexto ideal para despotricar (no sin razón en muchos casos) en contra del sistema de administración de justicia; pero acríticamente, en lo que viene una a ser una irracional seguidilla del montaje de su detención, a cargo del hombre que más suspicacias despertó en el sexenio pasado (después, claro, de Felipe Calderón) a causa de sus acciones y de la aplicación de la estrategia que llevó al país al peor baño de sangre sufrido por los mexicanos, fuera de los conflictos bélicos. A pesar de que el principal tema de discusión de la SCJN sería, el pasado martes, el de la legalidad de la detención, las repercusiones que tuvieron ese hecho y el montaje televisivo sobre las pruebas y testimonios de víctimas, testigos y acusados, ninguna de las empresas televisivas tuvieron el valor cívico de reconocer la comisión de tal acción. Todavía el miércoles, ya fuera del país Cassez, el periodista estelar del régimen (y de la empresa Televisa) Joaquín López Dóriga, en su noticiero radiofónico se dio vuelo llamándola “secuestradora”, dándole continuidad a la postura de la mayoría de los medios de comunicación de señalar –violando con ello, gravemente, el derecho de la presunción de inocencia de todos los señalados por la comisión de un delito– como culpables a quienes presentan en los noticieros y programas a los presentados por las corporaciones policiacas. Esa es una muy grave violación a los derechos humanos, con ello no sólo se vulneran los derechos de los detenidos, también los de las víctimas. Y eso es lo que está en el tapete de las discusiones, no solamente si la francesa es culpable o no, sino la detención de una conducta a todas luces ilícita y transgresora de todo el orden legal establecido en el país. Que el principal funcionario encargado de la seguridad pública de la nación sea responsable del montaje –junto con sus principales colaboradores– y no sea procesado (no ahora, que puede ocurrir) quiere decir que las instituciones públicas están aquejadas de graves, muy graves dolencias. Si a eso le agregamos la presión, salvaje, primitiva, del presidente de la república sobre los ministros de la SCJN para que resolvieran en contra de la francesa, lo que significaba dictaminar a favor de Genaro García Luna, –jefe de la AFI durante la detención de los acusados de secuestro, y luego todopoderoso Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón– y que, además, las televisoras continuaran con el linchamiento mediático, entonces podríamos llegar a la conclusión tanto tiempo criticada a López Obrador cuando mandó a todas las instituciones “al diablo”, en lo que era, a todas luces, una severa descalificación y no, como quisieron las televisoras hacerles creer a los mexicanos, que era el llamado a la insurrección. Las consecuencias son terribles, la mayoría de los ciudadanos que han emitido una opinión, en cualquiera de las modalidades reportadas, sin mayor reflexión, se lanzan con todo, en primer lugar contra la francesa, y en segundo, contra la Corte, sin pararse a reflexionar que con esta decisión a quienes ponen, no sólo en entredicho, sino en alerta, previniendo la comisión de la misma conducta en el futuro, es a las autoridades policiales y a las prejudiciales, amén de los jueces y magistrados obsequiosos con los hombres del poder. Bien lo dice la Corte al asegurar que esta determinación “contribuye al derecho que tienen las víctimas de conocer la verdad, esclarecer la no culpabilidad de esa persona y a develar la verdad...”, lo que es un derecho irrestricto para cualquiera de las víctimas de hechos ilícitos, de crímenes, tienen una serie de derechos que deben de respetarse por las autoridades, el derecho a la reparación a dar a conocer la verdad, a que los hechos no se repitan, pero no debemos pensar que por cumplir un derecho o hacer valer un derecho (de los acusados) eso beneficie a las víctimas”. Además, que la presunción de inocencia opera a favor de todos, “cualquier persona que está en la calle es, de entrada, inocente, o no culpable”. Eso es lo que está en el fondo… y otras muchas cosas más, las que se irán revelando al paso del tiempo, de las corruptísimas componendas del gobierno anterior. Al tiempo.