El Diario, 31 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Instalado ya el periodo preelectoral presidencial en el país, los primeros escarceos provocan preocupación de la buena. Desde varias semanas atrás, no solamente corrían los rumores, sino que distintas columnas políticas se hacían eco de una noticia dada por verídica: se preparaban en la PGR sendos expedientes en contra de varios ex gobernadores priístas, sobre todo los del norte del país.
Entre ellos se mencionaba al ex mandatario de Chihuahua, José Reyes Baeza, así como a los de Durango y Tamaulipas, todos ellos muy ligados a otro ex gobernador, el de Coahuila, ahora instalado en la silla principal del Comité Nacional del PRI, Humberto Moreira, y a quienes se señalaba como posibles integrantes de ese organismo partidario.
Del mismo modo, desde muchas más semanas atrás, corría en la internet un correo electrónico en el que se daba cuenta de un supuesto regaño del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al alcalde juarense, Héctor Murguía. Y hasta se hablaba de un manotazo en la mesa del funcionario federal intentando llamar al orden al popular “Teto”.
Todo por sus supuestos vínculos criminales con su último director de seguridad municipal, Saulo Reyes, en la anterior gestión, la 2004-2007, tiempo suficiente, piensa el escribiente, para que la PGR hubiese procedido, y no esperarse hasta el regreso de Murguía al Palacio Municipal.
Bueno, pues la situación ha llegado a tal grado de encono que los gobernadores emanados del PRI han creado un frente contra las acusaciones que los vinculan con el narco, en el curso de una reunión convocada por Moreira, y con la participación de los coordinadores de las bancadas del tricolor en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, la presencia de 15 gobernadores, y los líderes de los sectores priístas, Emilio Gamboa, del sector popular, Carlos Flores Rico, del sindical y Canek Vázquez del campesino, en la que externaron su oposición a la utilización del tema de la inseguridad “con ánimos electorales”.
La postura de la cúpula priísta es tajante, no solo rechazaron la supuesta o real pretensión de vincular a algunos de los ex gobernadores “con el crimen organizado”, sino que también cuestionaron los criterios utilizados –“unilaterales”, dijeron– por las autoridades federales en la evaluación de las policías estatales y pusieron en duda los mecanismos de evaluación de la Policía Federal.
Más aún, los gobernadores se quejaron de no ser avisados “cuando el Gobierno federal envía militares a los estados para combatir al crimen organizado”.
En el centro de su inconformidad pusieron el ejemplo del “Michoacanazo”, el famoso operativo dirigido en contra de funcionarios estatales y alcaldes de aquella entidad, detenidos por la PGR y que a la postre, todos, absolutamente todos, fueron liberados “por falta de elementos”.
Es decir, sin que se expresaran muchas descalificaciones verbales, el priísmo de primera línea enderezó una de las posturas más radicales en contra de la estrategia antinarco de Felipe Calderón, eje de la cual se encuentra su preocupación acerca del uso faccioso de este problema y de las instituciones encargadas de combatirlo.
No le falta razón, no hace mucho el priísmo local también sufrió un episodio semejante al de Michoacán, cuando un grupo de jefes de la Policía Municipal fue detenido por las mismas razones que los de aquella entidad; hoy, como aquellos, también están liberados de cualquier cargo sin que hasta la fecha se sepa de los correctivos a los funcionarios responsables de tales pifias.
Sin dejar de apoyar a Calderón, dijeron, lo llamaron a modificar las estrategias pues no han dado los resultados esperados.
En conclusión, apenas empiezan a calentarse los precandidatos y ya asoman negros nubarrones en el horizonte político, el único problema, absolutamente menor en comparación con episodios previos, es que nunca había estado sometido el país a una situación, en materia de seguridad pública, tan crítica.
Los errores que cometan los actores políticos pueden desencadenar una crisis de proporciones inimaginables, sólo recuerden que ya han muerto 40 mil mexicanos, que pueden ser muchos, muchos más, si este tema, y las dependencias judiciales, son usados con fines electorales.
Lo habremos de lamentar muchos años
Es bueno que los priistas ante cualquier situación siempre hay lazos de unidad entre ellos para poder aclarar todo tipo de problema que los ataque, sabemos que ahora que están más fuertes que nada están en la mira por todos, de los cuales son envidiosos que no les gusta que haya mejores candidatos y sobre todo mejor partido político que el PRI, que mejor que en unión para callar a todos los bocones que están viendo de qué manera poner a prueba la partido de los priistas.
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