Movilización social, la contención necesaria

El Diario, 15 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
El desastre en materia de seguridad pública es de tal magnitud que la frase utilizada por el Obispo de Saltillo, Raúl Vera, para describirlo va adquiriendo consenso: Emergencia humanitaria.
Ese concepto fue acuñado por el clérigo, en el acto celebrado con motivo del primer mes transcurrido del asesinato de Marisela Escobedo a las puertas de Palacio de Gobierno en Chihuahua, y al parecer no encuentra la respuesta adecuada en el mundo oficial.
La celebración de la Marcha por la Paz, convocada fundamentalmente por el poeta Javier Sicilia no despertó, de ninguna manera, el espíritu autocrítico en la actual administración federal pues las respuestas y actitudes del vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, no abonan al establecimiento de un diálogo fructífero.
Quizá debamos esperar hasta la firma del Pacto Social, al que convocaron al concluir el acto del domingo anterior en el Zócalo de la Cd. de México, que se realizará –por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas esas son las prevenciones- el próximo 10 de junio en Juárez, para apreciar si la actual movilización social alcanzará una mayor organicidad y más perdurabilidad, que tan necesaria es dada la debilidad de la estructuración social, particularmente en las entidades y ciudades con mayores problemas de delincuencia.
Pero aún y si sucediera lo mismo con esta movilización, al igual que lo sucedido con movilizaciones o manifestaciones del mismo o parecido corte, lo alcanzado por las acciones de los últimos días sí abona en el sentido que muchos creemos es la ruta adecuada y que sus resultados pueden parecer intangibles en el corto o mediano plazo pero que, sin especular, sí habrá servido para acometer una tarea no menor: Contener de alguna manera la incidencia criminal y la pasividad, la falta de inteligencia de las fuerzas del orden y la violación de la legalidad por parte de estas últimas.
Días atrás se celebró una reunión de una parte de la plantilla de periodistas y colaboradores externos de El Diario, edición Juárez, en ella, Gustavo de la Rosa, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una reflexión, luego seguida por varios de los asistentes, todos comprometidos hasta el tuétano en la tarea de informar, e informar bien a los juarenses –y mediante las nuevas herramientas a todo el mundo- acerca de la hecatombe humana sufrida por los juarenses en los últimos tres años, la misma que clasifica como ninguna en el término acuñado por Raúl Vera.
De la Rosa reflexionaba en el trascendente papel jugado por los medios de comunicación, particularmente El Diario, en este desastre humanitario, al poner al alcance de la mano de la sociedad la información de la masacre, el contexto de la misma, las reacciones de las autoridades, de los juarenses y las reflexiones de muchos de los integrantes de esta sociedad. Tal esfuerzo, sostenía, ha permitido contener en alguna medida la acción de los criminales y ha evitado la comisión de delitos relacionados con los derechos humanos (entendidos estos delitos como los cometidos por las autoridades, en perjuicio de los ciudadanos, independientemente de su calidad jurídica).
Si tal opinión tuviere sustento querría decir que los esfuerzos por informar sí tienen razón de ser y que, por tanto, los riesgos de tal oficio se acrecientan en la misma medida y hacen más encomiable la labor de quienes hacen posible la aparición diaria de este periódico –con todas sus diversas formas y presentaciones-.
Siguiendo esta línea de pensamiento, quiere decir que la movilización social, del rango que fuese, juega un importantísimo papel, muy semejante al desempeñado por los medios de comunicación, y es el de la más fuerte capacidad de contención a la delincuencia; y a las autoridades y sus fallidas estrategias, en las que, con mucha mayor frecuencia de la esperada, sus grupos policíacos cometen infinidad de desmanes –y para muestra, basta un botón, ahí tienen a polifederales balaceando un autobús de transporte urbano en Juárez-, factores, todos ellos, que inciden gravemente en la destrucción el tejido social, por lo menos el existente hasta antes de la actual oleada delictiva que amenaza con arrasar toda la estructura social, política y económica que habíamos poseído.
Y por desgracia, no es un nuevo orden social progresivo, al contrario, el reforzamiento de los peores rasgos de la sociedad –en lo colectivo e individualmente- es la tendencia predominante, en la que las autoridades son de las que más abonan. Cuando creíamos perdida la capacidad de asombro ante la mayor crueldad desplegada en los asesinatos, aparece un nuevo episodio que concita mayor repudio. Quienes lo aportan ahora, por lo menos hasta la entrega de la presente colaboración, son las autoridades prejudiciales de Durango, quienes, para desenterrar los cadáveres –más de 200 hasta el sábado- en varias de las fosas, recurrieron al trascabo con lo cual destrozaron infinidad de ellos, sin el menor respeto a esos restos y a los deudos, que durante meses y meses, muchos de ellos, recurrieron a las instalaciones de las autoridades judiciales para exhortarlos a investigar el paradero de sus familiares.
Es de tal magnitud lo realizado por esas negligentes y salvajes autoridades que será prácticamente imposible identificar a la mayor parte de los cadáveres.
¿Estaremos o no frente a una emergencia humanitaria, y no solo por el salvajismo de los criminales, al que sin duda alguna repudiamos, pero que al contrario de muchos sí nos lo explicamos y exigimos ir al fondo de los problemas que en mucho han contribuido a la situación por la que atravesamos?
Acudir a la reconstrucción del tejido social, como hoy lo dicen la mayoría de los gobernantes, es tarea impostergable, así nos tardemos décadas, pero es el único antídoto en contra, no solamente de la emergencia actual, sino para afrontar una realidad que tercamente se insiste en soslayar: Un porcentaje, bajo, pero real, que ronda el 5% de la población, tiene proclividad a la adicción a las drogas, de cualquier tipo.
¿Cómo enfrentar tal hecho? ¿Cómo hasta ahora, con pistolas, policías y patrullas? ¿O empezamos a modificar la estructura de los presupuestos gubernamentales?
Porque ahora los escuchamos enhebrar apasionados discursos acerca de la “pérdida de valores”, de la crisis de la familia, de la desaparición del tejido social, etc., pero a la hora de elaborar el presupuesto del siguiente año no se toman en cuenta tales expresiones y este es el mejor de los momentos para ello.
Efectivamente, porque es el tiempo en el que los secretarios de todas las dependencias gubernamentales –o sus equipos- ya deben estar elaborando las líneas generales del presupuesto del año 2012.
Ahí es en donde queremos ver reflejados los discursos y que las partidas de cada dependencia deban sufrir una profunda transformación.
Quizá en los términos más concretos, en los aspectos policiales, de las estrategias de inteligencia, la mayoría de los ciudadanos no atinen a señalarle al gobierno cuáles deberían ser las estrategias adecuadas para enfrentar esta situación, pero no podrá hablarse, desde el gobierno, que se están haciendo todos los esfuerzos en ese sentido si no se instrumenta un ambicioso programa de prevención a la adicciones –que incluya profundos cambios en los programas escolares-; un programa estatal de rehabilitación a las adicciones (que no aparece por ningún lado y sí la actitud de soslayar la indudable responsabilidad del Estado en este muy importante aspecto del tráfico de drogas, que, por otra parte, los narcotraficantes sí han ubicado, de ahí las no pocas masacres efectuadas en algunos centros privados de rehabilitación) y, finalmente, la vertebración de profundos programas de carácter social.
Nadie duda que la construcción de carreteras y, en general, de grandes obras, que conlleven no pocas toneladas de cemento, es loable –además, las grandes obras “visten” bien a los gobernantes-, pero ya es tiempo de hacer un alto y revisar la estructura de los presupuestos gubernamentales, sobre todo en esta época y empezar a recanalizar los recursos de manera distinta.
En pocos años podremos contar con enormes obras urbanas y centenares de kilómetros de carreteras, pero ya no serán patrimonio de los ciudadanos, sino de las bandas criminales, merced a que no atendimos a tiempo la urgente necesidad de rehacer el tejido social, y los esfuerzos realizados por segmentos de la sociedad por evitar la catástrofe, resultarán vanos.
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