¿Por cuestiones de salud?

El Diario, 17 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
La noticia de la renuncia de los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga –absolventes de Sergio Barraza del homicidio de Rubí Frayre–, otorgada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), y las posteriores declaraciones de los titulares de los tres poderes en la entidad, en lugar de arrojar luces sobre tema tan polémico ha originado exactamente el efecto contrario.

Quizá en la administración estatal se esté pensando en una táctica mediática de mediano plazo y así evitar el enorme desgaste sufrido a causa de tal asunto, pero en el corto y, paradójicamente, en el largo plazo, nos traerá consecuencias altamente nocivas.

Para el colmo de tal táctica, justamente el día que se daba a conocer la renuncia de los jueces se informaba del asesinato de una persona en Juárez, a la que primero se ubicó como testigo del asesinato de Rubí, y luego resultó ser hermano del adolescente, quien declaró que Barraza había, supuestamente, informado ser el autor de la muerte de Rubí a balazos y después incendiado el cadáver –aunque los magistrados del Tribunal de Casación alegaron que la causa de muerte había sido un golpe en la cabeza, producto de la fractura del cráneo– vertió sobre el asunto un denso velo de sospechas entre la población.

Llaman la atención muchos hechos alrededor de renuncia tan inesperada, a la que de inmediato se pretendió colocar como el punto final de una “desgastante” controversia, pues hasta las primeras horas de la tarde del miércoles 16 de marzo no se sabía de la versión de ninguno de los jueces, ni de su representante legal, ni el STJE había accedido a mostrarle a los medios de comunicación la copia del texto de la referida renuncia.

Evidenciando la prisa por hacer que el caso se olvide lo más pronto, diversos actores se apresuraron a declarar que aquel hecho le permitía al asunto darle “vuelta a la página” y así enfocarse a la detención de Barraza.

Por desgracia no es así.

Si el Poder Judicial y el Legislativo deciden dar por terminados los procesos levantados en contra de los jueces, levantarán marejadas de suspicacias y le otorgarán la razón a quienes se oponen resueltamente al nuevo sistema de justicia penal, como si éste fuera el responsable de las graves deficiencias del juicio seguido en contra de Barraza y no la actuación de todos los protagonistas del mismo, y especialmente los seis agentes del Ministerio Público –y sus jefes inmediatos– que posibilitaron los indudables yerros cometidos y dieron origen a la continuación y profundización de la tragedia en la familia de Marisela Escobedo, así como el grave daño causado a la aplicación de justicia.

Más aún, podrán detener por cualquier causa a Sergio Barraza, incluso hasta por infringir el reglamento de tránsito, pero esta persona goza ahora de la protección de la justicia federal pues ésta le extendió un amparo. De esa magnitud son las cosas.

Por otra parte, los reporteros del portal www.tiempo.com informaron haberle solicitado al STJE copias de la renuncia y haber recibido una respuesta consistente en que lo contenido “es personal y confidencial por lo que la anexaron a los expedientes privados de los ex funcionarios”.

Pues no.

Nada de asunto tan polémico es confidencial, es todo lo contrario, y tal opinión se extiende a los jueces; pueden alegar que son simples ciudadanos, pero como tales tienen obligaciones ante la sociedad, la misma que les otorgó incontables prebendas, entre las cuales se encontraban sus emolumentos y la preparación recibida.

Por si fuera poco, ante sus señalamientos de ser víctimas de una “persecución política” la sociedad entera permaneció atenta al caso y lo menos que deberíamos esperar de ellos es su versión, vamos, hasta la confirmación de que renunciaron pues hasta la fecha sólo contamos con la versión del STJE pues no es gratuito que existan márgenes muy grandes de escepticismo sobre la credibilidad de quienes ahora tienen la responsabilidad de su conducción.

De ahí que mejor nos quedemos con la opinión de José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien sostiene que el juicio político en contra de los jueces debe seguir para deslindar si se trató de una irregularidad cometida por aquellos o, por el contrario, es una falla del sistema de justicia penal.