Damnificado mayor, el Estado de Derecho

El Diario, 27 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Ante el embate de la violencia, las sociedades desarrolladas reaccionan apoyándose en el marco legal vigente y tratan, por todos los medios, de limitar la acción de la autoridad al irrestricto respeto a la ley y de ubicar el fenómeno en su real contexto social. Invariablemente.

Por desgracia, en nuestro ámbito, ante la crisis de seguridad pública, las respuestas son en sentido contrario, tanto de la sociedad como del Gobierno, y quienes ocupan las posiciones de éste frecuentemente tratan de adaptarse a las tendencias prevalecientes, que en el presente caso se originan en la escasa legalidad vigente, por lo que se da rienda suelta a los ánimos revanchistas de la sociedad y el giro al conservadurismo y a las posiciones más retrógradas.

Así, entramos a un perverso círculo vicioso: La sociedad, al no encontrar la procuración y aplicación de justicia esperadas, reacciona hacia las posiciones más conservadoras y exige, ante tanta impunidad, castigos más severos, penas mayores y permea una creciente tendencia linchadora; ante ello, los gobernantes, queriendo hacerse eco de los reclamos societarios, adoptan las posturas más radicales e inicia la promoción de penas mayores y medidas punitivas más severas, sin enfrentar las causas que dieron origen al fenómeno.

Y de ninguna manera se soluciona el problema.

Hoy estamos enfrentados a esa situación. A pesar de las enormes sumas gastadas en el combate al crimen organizado y al creciente número de elementos militares y policiacos, la violencia no amaina y sí enfrentamos, cada vez en mayor proporción, más ataques al Estado de Derecho.

En la semana fuimos testigos –y víctimas– de dos de esos ataques. Por una parte, la decisión de las autoridades municipales del antiguo Paso del Norte, de continuar un programa de agentes encubiertos apostados en la cadena de Superettes del Río, propiedad del empresario licorero Federico de la Vega, ha generado un saldo preocupante.

Los agentes encubiertos, para impedir el robo en esos negocios, han asesinado a once personas en el curso de los últimos dos años, el último de los cuales ocurrió el martes cuando una persona intentó asaltar uno de ellos, armado de un cuchillo. El agente encubierto le acertó al menos cuatro balazos, en lo que tuvo todo el tinte de ejecución disfrazada y motivó la opinión editorial de El Diario, en la columna “Barbarie genera barbarie” (De Los Reporteros, 23/3/11) que pone el acento en los criterios establecidos líneas arriba.

Así lo dijo El Diario: “Algo está muy descompuesto cuando la autoridad fomenta la barbarie que debería combatir. Ahora resulta que desde la policía municipal se están promoviendo, casi por sistema, una especie de ejecuciones oficiales o ajusticiamientos extralegales a través de los agentes encubiertos que operan principalmente en tiendas en las que se expende cerveza y licores”.

La escena es altamente ilustrativa: Una persona intenta asaltar un negocio de venta de licores y cerveza en la ciudad más violenta del mundo, en la que el número de estos negocios rebasa todas las expectativas a la baja que uno pudiera concebir –dados los niveles de violencia y de adicción a las drogas– así como el número de jóvenes sin empleo ni escuela, ni futuro. La cadena de negocios pertenece a uno de los hombres más ricos de esta ciudad y quien se ha significado por impulsar públicamente a los políticos en quienes más confía, en particular al actual alcalde de Juárez, Héctor Murguía, y a quien soñó alguna vez –¿Habrá abandonado tal aspiración? – impulsar a la gubernatura de Chihuahua.

Bien, pues el gobierno municipal de su amigo le autoriza contar con agentes encubiertos –para proteger los negocios de venta de cerveza y licor– quienes, aparentemente, actúan con mucha frecuencia violando los protocolos de la policía municipal, esto es, actuar para detener a los presuntos delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

Y en este momento claman las voces más conservadoras –y a veces las más desesperadas ante tanta impunidad– que ¡Los maten, se lo merecen El problema es que al mismo tiempo vamos cavando la prevalencia de la ilegalidad.

Este asunto muestra con toda nitidez la concepción de los gobernantes para afrontar la ola de violencia; en lugar de buscar las causas y ceñirse a sus facultades recurren a las medidas aparentemente más sencillas.

¿Por qué, en lugar de aprobar ese programa de agentes encubiertos no iniciar el de las acciones disuasivas, esto es la colocación de patrullas y elementos en las zonas de mayor riesgo y el patrullaje más frecuente de todas las unidades con las que ahora cuenta Juárez?

No es una novedad asentar que ante la más frecuente aparición y/o patrullaje de elementos policíacos la comisión de delitos –de este tipo– disminuyen; no así los de alto impacto, o los relacionados con el crimen organizado que, ya lo sabemos, a pesar de la presencia de miles de soldados y policías, no amainan (Quién sabe por qué).

¡Ah, pero es más fácil dar licencia para matar

Así, paulatinamente vamos perdiendo inmensas franjas de legalidad. Ni miles de soldados y policías federales, ni cientos de millones de pesos gastados en seguridad pública, ni decenas de discursos y programas gubernamentales, ni agentes encubiertos, ni tropas especiales, ni la asesoría de las agencias norteamericanas, ni la participación del embajador norteamericano han detenido el baño de sangre, violencia y criminalidad abatidos sobre Juárez (y el resto de Chihuahua) ¿Por qué no empezar de nuevo, con una estrategia distinta?

Y la respuesta de los propietarios de los principales medios de comunicación electrónica –del Gobierno Federal y de muchos impresos, con honrosas excepciones como las de El Diario, Reforma, La Jornada y Proceso– es de antología. Firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.

Acordaron “precisar criterios acerca de cómo, cuándo y en qué espacios difundir información sobre actos relacionados con la violencia y el terrorismo de los grupos delictivos”, en lo que es, a no dudarlo, un serio intento por uniformar la información relacionada con el narcotráfico.

Algunas frases son de lujo: El Acuerdo compromete a los medios a “no convertirse en voceros involuntarios de las organizaciones delictivas”. O sea ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien oponerse a cometer un acto involuntario?

En realidad, tal frase esconde la pretensión de censurar la información generada por las acciones del crimen organizado y las cometidas por las dependencias gubernamentales en la “guerra” lanzada contra ellas.

El Acuerdo pretende que los medios no usen el “lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes” y que los medios busquen, con su información, “impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos”, como si la información publicada fuera la causante de que los criminales hayan adquirido tal estatus y tal hecho no fuera producto, como en muchos casos, de las acciones gubernamentales.

Por si fuera poco, se obligan a “Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos. (Para) No convertirse en instrumento o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia”.

Es decir, que para lograr tales objetivos, los medios deberán ejercer, como si les faltara trabajo, otra autocensura y desarrollar las habilidades necesarias como para detectar cuando un grupo criminal cometió tal y cual ejecución ¡con fines propagandísticos

¿Cuál es el fondo de tales pretensiones?

Imposible dejar de lado el antecedente de las filtraciones de WikiLeaks. Si alguien sufrió por ellas fueron Felipe Calderón y sus estrategas, así como el gabinete de seguridad ¿A poco no se podría, con el sambenito de que difundir, por ejemplo, la percepción norteamericana de que el ejército mexicano veía con buenos ojos el triunfo de un cártel sobre otro, sería convertirse en instrumento de uno de los grupos delincuenciales?

Podrán argumentarse muchas cosas, pero tal acuerdo es la pretensión de limitar la libertad de prensa, y por consiguiente, la de expresión; así, con el argumento de combatir a la criminalidad se convierte al Estado de Derecho en una baja más.