Combate al narco, la plena sumisión

El Diario, 20 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
A escasos días del tercer aniversario del inicio de la elevada participación de las fuerzas federales en el combate a la ola de violencia en la entidad, bajo distintas denominaciones, empezando por la de Operación Conjunta Chihuahua, las revelaciones efectuadas por WikiLeaks de los cables intercambiados entre distintos funcionarios norteamericanos acerca de asunto tan sensible nos llevan a un caudal de conclusiones a cual más de estremecedoras.

La primera de ellas, quizá la más importante, sea la de que muy probablemente la estrategia inicial, la de usar al ejército en ese combate, no se haya elaborado en nuestro país por Felipe Calderón y su equipo. Pero si hubiese duda en esa fase inicial, en la siguiente no la puede haber: Los norteamericanos decidieron que saliera el ejército de las tareas de patrullaje en Juárez y su lugar fuera ocupado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), es decir, por la Policía Federal (PF).

Los cables cruzados entre los funcionarios norteamericanos, especialmente los de la autoría del embajador Carlos Pascual, son extremadamente reveladores. La calificación de que los estadounidenses “sugirieron” el cambio de estrategia, es sólo un eufemismo diplomático que debe entenderse como una especie de ultimátum. Ante esa “sugerencia”, Felipe Calderón fue muy sensible. De inmediato lo ordenó y le informó a Pascual, paso a paso, de todo el proceso.

Así, en noviembre de 2009 Calderón le informó a Pascual de la medida adoptada. En diciembre, José Reyes Ferriz, el alcalde de la ciudad, fue enterado de lo que debía hacer y sólo hasta enero de 2010, el gobernador Reyes Baeza fue informado de lo que habían resuelto Calderón y Pascual hacer en la entidad que él gobernaba por mandato de los chihuahuenses.

Peor aún, el general Felipe de Jesús Espitia, al coordinador del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCh), se le informó que ya no estaba al mando en una reunión celebrada en enero de 2010 en la que se suponía se iba dar a conocer a un grupo de empresarios de los avances de tal operativo. Ahí le dijeron que ya no tenía la responsabilidad del OCCh.

Ahora nos explicamos mejor el porqué de la presencia de Carlos Pascual en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pensábamos que lo hacía en su papel –interventor, por supuesto– de fiscalizador del modo como se gastaban los recursos de la Iniciativa Mérida. Pues no, su papel era aún más importante, en la práctica asumió la jefatura del combate a la violencia en Juárez, aunque todos supusimos que era en contra del crimen organizado en su modalidad de tráfico de drogas.

Según los cables de WikiLeaks, el cambio de estrategia se debió a la “insistencia” del Gobierno estadounidense y en “estrecha colaboración” con grupos de trabajo binacionales que operan en todas las dependencias del Gobierno mexicano relacionadas con la seguridad. Pascual se mostró contento con la idea de entregar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, las riendas de la seguridad en Juárez. ¿Por qué? ¿Acaso porque, al igual que los norteamericanos mantiene una rivalidad con el ejército mexicano?

Aún resuenan las frases de los gobernantes al poner en marcha el OCCh. Era fines de marzo y el número de ejecutados en Juárez nos horrorizaba; de seguir así, dijimos, terminaremos el año con alrededor de mil homicidios relacionados con el crimen organizado ¡Que venga el ejército Clamaron infinidad de chihuahuenses. Sí, pero bajo la conducción de las autoridades civiles, precisaron los gobernantes locales.

Es decir, los militares llegaron a Chihuahua no porque nos atosigaran las cifras de adictos a las drogas, o la cantidad de ellas consumida en la entidad; no, llegaron porque se nos hacía exagerada la cuota de sangre corrida hasta entonces.

El resultado ya lo sabemos todos, el año terminó con más de mil 600 ejecutados. Igual ocurrió al año siguiente, más de 2 mil 600 en Juárez, pero con el agravante de que la mancha de sangre se había extendido a toda la entidad. Así, para fines de 2009 aparece Pascual, la PF sustituye al ejército y los resultados fueron peores, con un pavoroso incremento en las extorsiones y el secuestro, pero el número de adictos y la cantidad de droga en las calles –ni en el tránsito a EU– disminuyeron, y la crisis de seguridad pública adquirió niveles no conocidos por los chihuahuenses de infinidad de generaciones.

Y si ya no sorprenden las actitudes sumisas de Calderón y colaboradores frente a los gobernantes norteamericanos, cualquiera que sea su origen partidario, la de los gobernantes locales, especialmente la de Reyes Ferriz es el punto extremo. En declaraciones efectuadas a El Diario llega a aseverar que “Ellos (los norteamericanos) tenían información de que yo no me iba a oponer a lo que estaban haciendo”, preocupado por aclarar que no le habían dicho ser un “cero a la izquierda”, como escribió la reportera Blanche Pietrich, de La Jornada, en lugar de como lo escribió el funcionario norteamericano: “non factor”. Es decir, lo mismo que cero a la izquierda pero a lo gringo, que no era factor decisivo. ¡Imagínense, la principal autoridad del antiguo Paso del Norte era un factor a no tomar en cuenta por los norteamericanos en la elaboración del cambio de estrategia contra el crimen en Juárez

Pues claro, ya sabían que no discutiría. Es que lo acordaron los señores del otro lado y ni modo de oponerse.

La respuesta de Reyes Baeza fue la propuesta de cambiar de sede los poderes estatales, pero que según Pascual fue en cumplimiento al compromiso contraído con Calderón de residir la mitad del tiempo en Juárez a fin de velar por el buen desarrollo de los programas echados a andar con motivo de la masacre de Villas de Salvárcar, pero en nada participó en la elaboración de la estrategia, por más que insistieron en afirmar que la Coordinación de la OCCH estaba en manos de los gobernantes locales.

Por si faltara algo, ya tenemos a la mano hasta los elementos para sospechar la formación de los grupos paramilitares, de cuya existencia hay indicios, de acuerdo con las versiones de testigos de innumerables ejecuciones, consistentes en que en las cercanías de los hechos se encontraban estacionadas unidades militares o de la PF sin efectuar maniobra alguna por detener a los presuntos. La aparente confirmación la otorga otro cable que da cuenta de la iniciativa de algunos empresarios para contratar, como medida de protección, a ocho “zetas” los cuales, presumiblemente, visitaron las instalaciones militares en las cuales recibieron, probablemente, capacitación instrucciones y hasta armas de las decomisadas. Todo en versión de los funcionarios del consulado y la embajada norteamericanos.

No es todo, el Gobierno norteamericano tiene la percepción de que el ejército mexicano no vio con malos “ojos” el posible triunfo del Cártel de Sinaloa sobre el de Juárez.

Pero, además, no puede sostenerse válidamente que eran dos grupos cualesquiera en disputa, la guerra que sostienen no es en contra del ejército o las policías, sino entre ellos, en lo que parece ser una guerra entre un ejército con el control del territorio –el Cártel de Juárez– y un ejército de ocupación –el Cártel de Sinaloa– (aunque también se nutra de elementos locales) y con el apoyo disimulado de las fuerzas federales. El anterior cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Raymond Mc Grath, informó el 23 de enero de 2009 que “una percepción generalizada es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el Cártel de Sinaloa”.

Y si necesitáramos pruebas ahí están las batallas de Ahumada en mayo del 2008, en la que coincidentemente las tropas salieron por unas horas de esa población, las necesarias para que un grupo criminal hiciera desmán y medio y asesinara, entre otros, al jefe de policía; y la de Parral, ésta durante más de 8 horas sin que ninguna patrulla militar se presentara a detenerla, a pesar de la existencia de un cuartel militar enclavado en Parral y otro a escasos metros en la carretera rumbo a San Francisco del Oro.

A pesar del evidente fracaso de tales estrategias insisten en ellas ¿Hasta cuándo? ¿Podrían respondernos Calderón y sus funcionarios? ¿Podrían los actuales gobernantes locales hacerlo?