‘Chuecos’, primer diferendo

El Diario, 13 de marzo de 20111
Luis Javier Valero Flores
Seguramente habrá muchos más asuntos en los que los gobiernos federal y estatal han diferido y en los que, incluso, se hayan presentado situaciones ríspidas, pero públicamente la manera de abordar el problema de los vehículos internados ilegalmente al país –los “chuecos”– los ha llevado a niveles de la cuasi confrontación política.

Algo de eso hace presumir la insistencia del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, en exigirle al gobernador César Duarte Jáquez que aplique “las facultades que le da la ley e impida la circulación de autos ‘chuecos’ en la entidad, con o sin firma del anexo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario 12/03/11).

En un tono inusual, por los antecedentes inmediatos, le exigieron a Duarte que se dejara de buscar “excusas” y cumpliera con la promesa de no permitir la circulación de un solo vehículo sin identificación.

Más tajante, el diputado panista Jaime Beltrán del Río, integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso, afirmó que la administración estatal cuenta con las facultades necesarias para impedir la circulación de los chuecos, “sin necesidad de firmar el convenio de coordinación fiscal, y sin que la Federación le dé permiso”. (Ibídem).

No tiene desperdicio el discurso del legislador panista, le está exigiendo al gobierno estatal exactamente lo que no hace el federal, por puritita casualidad emanado de su partido, pues dice que “la ley faculta al gobierno a recoger cualquier artículo de contrabando, aunque no lo asegure, pero en ese caso lo puede entregar a la autoridad fiscal federal”. O sea, que el gobierno estatal detenga a los vehículos y se los entregue a Hacienda federal. Esto es, hacer todo lo que esa dependencia no ha sido capaz de efectuar a lo largo, ya, de más de 30 años.

¿Estará consciente de lo que está pidiendo? ¿Se imagina detener alrededor de 100 mil vehículos? ¿Dónde los van a depositar? ¿Será capaz de vislumbrar el conflicto social generado por una decisión de ese tipo?

¿Y por qué no explora otras soluciones, como por ejemplo la derivada del Tratado de Libre Comercio, consistente en que a partir del año 2008, el tránsito de vehículos entre los países firmantes debió ser libre de aranceles y que no se ha concretado porque el Gobierno Federal ha decretado una serie de normas para hacer nugatorio tal clausulado del TLC?

Vigilantes de las promesas realizadas por sus adversarios políticos, y olvidadizos de las efectuadas por sus correligionarios (¿Se acuerdan de quienes nos prometieron que bajarían el precio de los combustibles y ahora la gasolina ya cuesta 9 pesos el litro?), Héctor Ortiz Orpinel, coordinador de los diputados locales, reitera que Duarte prometió en su toma de protesta que a partir del primero de enero de este año “no circularía un solo vehículo sin identificar”.

Y es cierto.

El Estado censará los ‘chuecos’, ha advertido César Duarte desde fines del año pasado, para repetirlo invariablemente desde entonces, hasta la más reciente de sus declaraciones efectuadas apenas en el curso de la semana a distintos medios de comunicación. Dijo que “el Estado no puede seguir tolerando vehículos sin identificar, y a pesar de que no quiere lastimar la relación con la Federación, tendrá que poner un ultimátum a este problema”, pues “tenemos impresos los engomados, si la Federación no responde, en estos días los ubicamos y colocamos los engomados”.

Tal postura parece consolidarse con los días ante la postura del Gobierno Federal de posponer indefinidamente la legalización, que deberá aprobar tarde o temprano, y a lo mejor más pronto de lo que se imaginan muchos, pues estamos a poco más de un año de las elecciones presidenciales ¿Sería mucho especular que, a unos cuantos meses de la elección, Felipe Calderón emita un decreto aprobando la legalización de los chuecos?

¿En donde está el diferendo? ¿Dónde la explicación a la elevada permisividad para el internamiento de vehículos y la oposición a la legalización? ¿Por qué aceptar sin cambios el TLC y en el rubro de automotores imponer una serie de obstáculos para que se cumpla, tal y como fue aprobado por los gobernantes de América del Norte?

Una de las explicaciones podría encontrarse en la “abnegada” defensa de los empresarios vendedores de vehículos realizada por los gobernantes mexicanos, en detrimento de los compradores, a quienes se obliga a adquirir vehículos con precios muy por encima de los existentes en Estados Unidos.

Sin embargo, por encima de tales obstáculos, en Baja California encontraron el resquicio. A partir del uso de dos amparos, que ganaron al Gobierno federal comercializadoras de vehículos de Tijuana y Mexicali, el año pasado fueron importados en Ciudad Juárez 66 mil autos usados de procedencia extranjera, por agentes aduanales y comerciantes, según informó Manuel Miramontes, líder de ese gremio, cantidad que equivale a cuatro veces el número de vehículos fronterizados bajo la cobertura del programa “Todos Somos Juárez”, que logró la importación de 15 mil unidades.

Tales amparos, resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permiten a las comercializadoras reducir el costo de importación hasta en un 70 por ciento. (Nota del Diario, 19 de febrero de 2011).

A su vez, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en febrero, criticó la legalización de los 100 mil vehículos internados ilegalmente al país. El director de Relaciones Gubernamentales, Guillermo Rosales, se lanzó contra los gobiernos locales, como el de Chihuahua, interesados en regularizar autos ilegales importados, en el marco de la elección federal del próximo año. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, 13/2/11).

Criticó el argumento del gobierno chihuahuense de que la mayor parte de los delitos se cometen en vehículos ilegales, argumento en el que coinciden el gobierno estatal y el federal. ¿De veras será así?

La postura de los dirigentes empresariales coincide con la esgrimida por los diputados locales del PAN, pues dicen que no es posible se permita la comercialización de vehículos chuecos a la vista de todos y los gobiernos estatales no hagan nada por frenarla, además de que no se impide la circulación de estos vehículos haciendo valer las medidas de Tránsito.

El representante de los distribuidores de automotores en el país señaló que tan sólo en el 2010 se importaron unas 430 mil unidades. A su vez, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (IAMIA), Eduardo Solís, consideró un verdadero problema “el boquete” legal que existe en el decreto importador de vehículos de la Secretaría de Hacienda y que permitió en dos años la introducción de aproximadamente 600 mil vehículos usados al país por la vía del amparo. Coincidió con la AMDA pues explicó que en el año 2009 llegaron al país 207 mil autos usados en malas condiciones, y en 2010 estimaba que la cifra llegaría a 430 mil vehículos (50% más), cobijados mediante la vía de los amparos.

Son de tal complejidad las negociaciones y los retruécanos utilizados por el Gobierno Federal, semejantes a los esgrimidos por los legisladores locales del blanquiazul, que para aceptar, por ejemplo, la fronterización de vehículos, la condicionan a que el gobierno estatal efectúe las funciones de oficina aduanal, sin que la administración federal aportara, ni los recursos económicos, ni la infraestructura necesaria para que el Gobierno de Chihuahua pudiera realizar tales funciones, como, por ejemplo, cuando se celebró la descentralización educativa, que fue acompañada de las respectivas partidas presupuestales. (Nota de Alejandro Salmón, 8/III/11).

Así, todo apunta a que el asunto de los “chuecos” será el primero de los temas en los que los gobernantes de los partidos mayores en Chihuahua mostrarán sus diferencias. En tanto pasan los días, aumenta el número de tales automotores y se deja crecer uno de los renglones de la crisis, no solamente de seguridad pública, sino de la legalidad vigente y Duarte ha insistido en su postura de no quitarle “a la gente un carro que le dejó otra autoridad pasar” y de emitir el engomado de identificación“ y el Gobierno Federal en no legalizarlos, por ahora”.