¿Y los asesinos de Marisela?

El Diario, 16 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Transcurrido un mes del asesinato de Marisela Escobedo, la situación, lejos de mejorar se ha agravado ostensiblemente. Las reacciones inmediatas de los gobernantes llevaron las cosas a niveles de exasperación e irritación colectivas perfectamente comprensibles. La solicitud de efectuar un juicio político a los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Rafael Boudib y Catalina Ochoa (exoneradores de Sergio Barraza por el asesinato de Rubí Frayre) y la consiguiente defensa de éstos, ha logrado hacer que se olvide el hecho que hizo estallar la indignación popular hacia los jueces, a los funcionarios del Ministerio Público (hoy Fiscalía General) y en general a todos los niveles de gobierno: El asesinato de la enfermera, vuelta activista derechohumanista y acerba crítica del sistema de justicia.

Importa precisar las cosas. Si bien hay una percepción generalizada de señalar a los jueces como responsables de la liberación del asesino “confeso”, lo cierto es que, desde el punto de vista judicial, al resolver el Tribunal de Casación y declarar culpable a Barraza, ese era un caso resuelto, por lo menos formalmente.

¿En dónde estriba, entonces, la queja final de Marisela Escobedo? En una vertiente que todavía hoy nadie ha aclarado: La persistente, inexplicable y tortuosa conducta de las autoridades responsables de localizar y detener a Barraza.

Vino su asesinato y con él el vendaval que ha puesto en jaque al régimen político y ha develado la podredumbre de un aparato de justicia absolutamente ineficaz para afrontar, ya no solamente la actual ola homicida y delictiva, sino, incluso, las cifras delictivas en los tiempos “normales”, esto es, antes de la “guerra” de Calderón (que ahora niega vergonzosa y vergonzantemente).

Más aún, ante el inicio del juicio político en contra de los jueces, sus alegatos, los de su defensor y las declaraciones de diversos protagonistas, entre ellos el defensor de Sergio Barraza y el enriquecimiento del conocimiento acerca del fallo del Tribunal de Casación, que revocó el fallo absolutorio, han venido a develar otras facetas igualmente deplorables de la actuación de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de justicia.

Por ello importa regresarse a la noche del 16 de diciembre y efectuarse muchos cuestionamientos, el principal de ellos ¿En qué estado se encuentran las investigaciones acerca del asesinato de Marisela Escobedo?

¿Quiénes eran sus custodios –discretos– que no estaban en el momento en que fue agredida? ¿Qué funcionario ha debido responder acerca de la ausencia de los custodios? ¿Por qué, si la Fiscalía General costeaba la estancia de Marisela en Chihuahua, no ha informado de las investigaciones acerca de este caso?

¿Ya declararon los encargados de cerrar las puertas de Palacio?

¿Siguen buscando a Sergio Barraza? ¿En qué condiciones se encuentran las investigaciones acerca del incendio de la maderería, propiedad de la pareja de Marisela y el asesinato de su cuñado?

Sabemos que, por ley, no deberán informar de los procesos judiciales, pero a un mes de distancia lo que ahora tenemos es solamente un linchamiento mediático en contra de los jueces, que le ha quitado los reflectores a las necesarias, urgentes investigaciones del homicidio de Marisela.

No es poco lo que está en juego en esas indagaciones. Basta con observar detenidamente el video tomado por las cámaras de seguridad (Treinta y tres segundos antes de que Marisela Escobedo recibiera el disparo fatal, las puertas de Palacio de Gobierno estaban abiertas) para darnos cuenta de la meticulosa preparación y ejecución del atentado en contra de Marisela, de la extremada sangre fría del asesino, quien superó que el arma se le “encasquillara”, que el hermano de Marisela le lanzara una silla y lo golpeara y luego, en movimiento y calculando bien el tráfico, disparara certeramente a la cabeza de la activista, quien corrió hacia Palacio, porque seguramente una de las últimas imágenes que tuvo, fue la de la puerta de ese edificio abierta, creyendo que esos instantes, los proporcionados por el arma encasquillada y el golpe propinado al asesino, serían suficientes para encontrar protección en Palacio.

Al hablar de la preparación, sólo basta imaginarse la reacción del asesino material, al momento de recibir la indicación de efectuar una ejecución –¿Contra quién? ¿En dónde? ¿Frente a Palacio de Gobierno…? ¿No habrá mucha vigilancia? ¿O mucha gente? –. Y luego la ejecución con la intervención de alguien que aparentemente le señaló el “objetivo” y que, instantes antes del ataque, pasara por enfrente de la mesa en donde se encontraban Marisela y su hermano y luego se preocupara de que el asesino se enfilara hacia su objetivo.

Las autoridades informaron de la participación de más personas en el atentado, luego entonces, estamos ante un asesinato con mucha preparación.

¿Quiénes se beneficiaban de la muerte de Marisela? ¿A quienes perjudicaría? ¿Se trata, como los rumores sostienen, que es un problema del crimen organizado, o que funcionarios públicos, a quienes cuestionó severamente Marisela, se sintieran hostigados?

En este mar de especulaciones, importa descartar sospechosos, de lo contrario, la percepción ciudadana le dará rienda suelta a las peores explicaciones. Salirles al frente es la tarea principal en este momento y en este sentido, la celebración del juicio político a los jueces señalados aparece como la acción distractora.

Y no faltan elementos para que así sea; sin embargo, la celebración del enjuiciamiento a los jueces dejó al descubierto numerosas vertientes a cual más de preocupantes. Ahora resulta que no existió confesión de Sergio Barraza, que las declaraciones autoinculpatorias se hicieron ante policías municipales, ante el padrastro del inculpado (y ésta, al parecer por informaciones de Marisela) y ante un agente ministerial, pero ninguna ante las autoridades competentes, o ante el tribunal, aspecto que el nuevo sistema de justicia penal tuvo especial cuidado en que así fuera; ese era el objetivo, desterrar como prueba “reina” de los juicios penales la confesión del acusado. Más aún, los peritos no lograron desentrañar la causa de muerte de Rubí Frayre.

Así, con esos elementos, algo que está sucediendo con frecuencia, los fiscales han pretendido que se sentencie condenatoriamente a los inculpados.

Y luego, mediáticamente, se aceptó que las frases de Sergio Barraza en las que le pide perdón a Marisela, sin expresar en ningún momento, ni la autoría del crimen, ni el mecanismo con el que fue efectuado, ni el móvil, ni la aceptación de haber sido él quien señalara la ubicación de los restos, eran una confesión.

La ley dice expresamente que no lo es, de ahí que entonces los jueces aleguen que se les está enjuiciando por aplicar la ley y dejando de lado, quienes así lo pretenden, la investigación hacia quienes no efectuaron su trabajo y no aportaron al juicio más elementos de prueba que convenciesen a los jueces de la culpabilidad plena de Barraza.

Y ahí es en donde estamos atorados como sociedad. Barraza puede ser el asesino (formalmente ya lo es, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Casación) pero el juicio seguido ha mostrado, entre otros, las aparentes indebidas actuaciones de los juzgadores, y en muchos casos la más indebida supeditación de miembros del Poder Judicial al Ejecutivo.

Atentos a las expresiones del gobernante Reyes Baeza, los integrantes del Tribunal de Casación, para declarar a Barraza culpable, recurrieron a argumentos como estos:

“Los jueces orales violaron la sana lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”, pues llegaron a la conclusión que las frases de Barraza en el juicio oral “lo autoincriminaban en el homicidio de la joven y la destrucción de su cadáver”; que no era necesario contar con la causa de muerte de Rubí Marisol, “pues no hay motivo para pensar que la joven se había suicidado”; que no era necesaria la práctica de una autopsia para determinar la comisión del delito de homicidio y la perla de la argumentación: Que “por las pruebas periciales se pudo saber que es factible que el cráneo de Rubí estaba previamente fracturado, por ello al ser incinerado estalló fragmentándose”

Así como lo lee, a pesar de la opinión de los peritos forenses.

Más. Los magistrados consideraron que las entrevistas entre Sergio Barraza y los agentes municipales y el agente ministerial a quienes les dijo ser el responsable de la muerte de Rubí Marisol, sí tienen validez aunque no se hubiesen realizado en presencia de su abogado defensor.

Y luego se quejan de los múltiples reclamos a las instituciones de justicia

¿Y los asesinos de Marisela?