2010, el año de la crisis institucional

El Diario, 2 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
¿A dónde nos envió el año recién terminado? ¿Podemos decir válidamente que lo vivido en los últimos tres años es apenas un episodio, ruin, dantesco, pero al fin y al cabo, superable con algunas medidas y el paso del tiempo? ¿Podrán, quienes así se lo han impuesto, empeñar sus esfuerzos en alcanzar el sueño de una sociedad mucho más democrática que la actual? ¿Estamos, como sociedad, en un nivel tal que podamos aspirar a elevar los marcos democráticos (y por supuesto, en ese concepto van incluidos, los estándares de vida) o apenas deberemos emplearnos en regresar a la situación previa a diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón inició su “guerra” en contra del narcotráfico?
Para algunos, por lo menos en regiones como Chihuahua, la etapa en la que nos encontramos es de tal degradación social que luchamos por sobrevivir como sociedad antes de ser tragados por la barbarie que todo lo devora, todo lo alcanza y cuya fuerza crece en tal medida que nos lleva a la desesperación y a las conclusiones pesimistas pues no se atisba, siquiera, la superación de la actual situación.
Es de tal magnitud la crisis de las instituciones (Ay López Obrador, cómo se te recuerda en una de tus más famosas frases –váyanse al diablo con sus instituciones-, cuando el sentido de tal expresión era el de demostrar que existía una profunda, gravísima crisis institucional) particularmente de las encargadas de la procuración y aplicación de la justicia –pero no solo- a las que la situación se les ha ido de las manos, pues ya no tienen control sobre la delincuencia organizada y la del orden común campea por sus fueros en casi dos terceras partes del país, a tal grado que ahora deberemos pugnar casi por los mismos valores de quienes efectuaron la Revolución Francesa, de ese tamaño, creo, es la degradación actual.
¿Cómo estaremos que una buena parte del electorado ha manifestado su deseo de ver nuevamente al PRI en Palacio Nacional y el PAN ha iniciado una campaña para, según este partido, impedir tal retorno, dicen, al pasado?
Y no estaría mal que regresara el partido que lo fue casi todo a lo largo de poco más de medio siglo (importa precisarlo, el Partido Nacional Revolucionario [PNR] de Plutarco Elías Calles y el de la Revolución Mexicana [PRM] de Lázaro Cárdenas y Manuel Avila Camacho no eran el PRI de Miguel Alemán, nacido en 1946, y subsecuentes períodos) si no fuera porque prepara su regreso bajo los mismos esquemas patrimonialistas del pasado, y si no se cree en tal aserto, vayan dos perlas de muestra, el inmenso gasto publicitario y el derroche del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto en su afán por alcanzar la candidatura presidencial; y el derroche publicitario del gobernador coahuilense, Humberto Moreira, quien en su afán de llegar a la presidencia nacional del PRI lanza anuncios radiofónicos y televisivos a todo el país para intentar convencernos que el “norte es Coahuila”, como muestra de su “extraordinaria” labora como gobernante de esa entidad y que no es más que una burda maniobra para auto ensalzarse y despejarse el camino en busca del puesto hoy ocupado por Beatriz Paredes.
Todo lo efectuado por la cúpula gobernante –y de esa clasificación no podrá deslindarse al PRI, en su papel de oposición, muy leal, diríamos más de uno- a lo largo de la primera década del siglo XXI se nos ha revertido. Incapaces de avanzar en la transición a la democracia, el PRI y el PAN (también el resto de los partidos, pero con responsabilidades infinitamente menores) no transformaron a las antiguas instituciones y lo único que hicieron fue repartirse, así, literalmente, el pastel de las instituciones que podrían haber servido de caballos que jalaran la carreta.
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sus contrapartes en las entidades, son hoy organismos en los que prevalece el reparto de cuotas entre los partidos, con caso tan extremos como el de la presidenta del TEPJF, llegada a ese cargo, quizá uno de los más sensibles, por ser la mejor amiga de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala.
O, el del IFE, organismo hoy incompleto pues los partidos no se han puesto de acuerdo en el nombramiento de los tres consejeros que hace meses debieron ser elegidos, con lo que la Cámara de Diputados ha cometido una gravísima violación constitucional. Es que no se ponen de acuerdo en el reparto de consejeros electorales, de frente a las ya inminentes elecciones presidenciales del año próximo.
Y si en el plano de las instituciones la crisis es gravísima, en lo económico es aún peor. En vano el panismo alega que sus gobiernos federales han alcanzado la estabilidad de los indicadores de la macroeconomía como muestra, dicen, del buen manejo de la economía nacional.
Sin embargo, los presupuestos de la federación y de muchas entidades muestran claramente la parálisis económica y la falta de creatividad y voluntad política para dar un golpe al timón de las políticas económicas. De ese modo, la economía nacional y las de muchos estados avanzan en el endeudamiento, a pesar de todos los alegatos en sentido contrario.
Así, el país se desmorona económicamente, el desempleo se convierte en terrible jinete apocalíptico y ambos fenómenos se convierten en los mejores suministradores de elementos para agravar los índices delictivos del país entero.
No puede ser de otra manera, si incluso para la juventud ilustrada las expectativas de mejoramiento de sus estándares de vida son prácticamente nulas, entonces la opción –que para cientos de miles de jóvenes no hay opciones- de la muy corta vida en la delincuencia aparece nítidamente para quienes participan en las actividades de algunas de las bandas criminales en el país. No de otra manera puede explicarse que a cuatro años de la “guerra” de Calderón y más de 31 mil ejecuciones aún siga la ola homicida, cada vez más salvaje, más encarnizada, y los ejércitos de sicarios no disminuyan, sino por el contrario, crezcan, o parezcan crecer, y abarquen cada vez mayores extensiones territoriales y áreas de la vida política y social.
Ante esa realidad, la respuesta oficial, prácticamente a todos los niveles gubernamentales y de todos los colores partidarios, ha sido la de responder con más violencia, pero ésta, la del Estado Mexicano –con más armas, más capacidad de fuego, elevación de las penas- y que ha revelado la enorme corrupción de las instituciones de procuración y aplicación de la justicia.
Y todo eso es lo que vino a desvelar brutalmente el asesinato de Marisela Escobedo, emblemático como el que más de la aguda crisis actual. Y vaya que vino a revelar la profundidad de esas instituciones en Chihuahua, así como las diversas, y hasta encontradas maneras de buscar soluciones a la actual situación.
Eso es lo que explica la respuesta de solidaridad de miles de chihuahuenses a través del depósito de veladoras alrededor del Palacio de Gobierno, y de las simples muestras de enojo, de reclamo, de quienes por ahí han pasado en los últimos días. Y ese fenómeno es el que debería analizar y tomar en cuenta el gobernador César Duarte, porque más allá de las molestias reales o supuestas que tal manifestación causase, lo cierto es que estamos ante un caso que ejemplificó, para nuestra desgracia, cuán cerca estamos del infierno y de los graves y profundos problemas que debe enfrentar su gobierno.
Y no los podrá asumir como retos personales o agravios personales, la mesura debiera ser la cualidad de quienes tienen hoy la responsabilidad de la administración pública en Chihuahua. No podemos caer en el garlito de encontrar soluciones prontas, ni culpables inmediatos sólo para lanzar el mensaje de que ahora sí hay rumbo.
Las últimas actividades de Marisela revelaron cuán complejo es el problema, que no podrá solucionarse con el enjuiciamiento de los jueces de primera instancia del juicio de Sergio Barraza, ni con el establecimiento de la prisión vitalicia, ni con la disminución de la edad penal. Atender tales aspectos implica no enfrentar las profundas y complejas causas de actual situación.
Tan grave es que los hijos de Marisela han optado por la búsqueda de asilo político en Estados Unidos, ante el riesgo de las amenazas de muerte en su contra, en cuyo origen ubican ¡hasta al personal de la Fiscalía General!
Atender tales expresiones, y las de las organizaciones impulsoras de las protestas, debiera ser materia cardinal para los gobernantes de Chihuahua.
Ese podría, por lo menos, ser un inicio distinto del año inaugurado ayer. Y tratar que no se parezca al recién terminado.
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