A confesión de parte, relevo de pruebas

El Diario, 23 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de Marisela y su origen, ocupan hoy segmentos importantes de la opinión pública por su salvajismo, por la podredumbre desvelada y por la profundidad de la crisis de las instituciones de procuración y aplicación de justicia, revelada tan descarnadamente por el juicio seguido a Sergio Barraza, tanto en el juicio oral, como por el Tribunal de Casación, a causa de la acusación de ser el asesino de Rubí Frayre.

La discusión nacional –incluso con participación de especialistas internacionales– se ha centrado en un aspecto que es noticia cotidiana y tal pareciera que, por sabido, es legal y socialmente aceptado: La confesión de los acusados o implicados en los más diversos hechos delincuenciales.

La novedad ahora es que tales confesiones se constituyen en la nota principal de los más importantes noticieros televisivos –por supuesto, radiofónicos también– y que alcanzan momentos cumbres con casos como el de Edgar Valdez (La Barbie), o el más reciente, estridentemente presentado por los monopolios televisivos, de José Jorge Balderas Garza, “El JJ”, presunto responsable del ataque al futbolista Salvador Cabañas.

Y luego el shock popular. Ahora resulta que Balderas Garza se negó a declarar ante el Ministerio Público del DF, como es su derecho, y le dijo al personal de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad que si querían su versión acudieran al video de la entrevista transmitida por la televisión, sabedor de que esa declaración no es prueba válida para ser tomada en cuenta en el juicio que se le seguirá por la agresión a Cabañas.

¿Y entonces, para qué tanto escándalo?

Detrás de tan, aparentemente, pequeñas irregularidades (Pués sí, ¿Quién saldrá en defensa de semejantes delincuentes? dirán los autores de tales puestas escenográficas) se esconde –ojalá no– una perversa intención, y no solamente la más “inocente” de transmitir el mensaje de que se hacen todos los esfuerzos por enfrentar la ola delictiva.

Sobran los ejemplos de tan perversa actitud. Durante meses, prácticamente todos desde el lanzamiento de la “guerra” de Calderón –hasta presumen del gran número de “jefes” de los cárteles detenidos– las pantallas televisivas se colman de imágenes de decenas, cientos de detenidos por las fuerzas federales, acusados de ser los responsables de mil y un crímenes (que, por supuesto algunos lo han de ser).

Tal esfuerzo escenográfico tiene un único fin, hacerle creer a la sociedad que los esfuerzos bélicos de la administración federal han tenido éxito en el combate a los narcotraficantes, así sea violando el marco legal pues los militares y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), en lugar de poner a disposición de las autoridades correspondientes a los detenidos, primero convocan a los medios para exhibirlos y luego, a los medios seleccionados (especial y preferentemente a Televisa) entregarles los videos de entrevistas increíbles, en las cuales los presuntos responsables declaran absolutamente todo, en una secuencia verdaderamente imposible de creer.

Sobran los ejemplos de tan equivocada acción: Para muestra el caso de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, detenida en septiembre del 2007. En cadena nacional hizo algunas declaraciones. Pues bien, la SSPF difundió 4 mil 284 spots durante quince días con un costo de tres millones y medio de pesos, presentándola como una peligrosa narcotraficante, según información revelada por el Instituto Federal de Acceso a la Información.

“Tres años después, ‘La Reina’ fue absuelta por el juez 18 de lo Penal del Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, de los delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Podría estar libre en unos cuantos meses”. (Nota de Agencia Reforma 21/01/11, El Diario).

Pero esos son los casos relevantes. Durante los más de cuatro años de la actual administración son incontables los detenidos y presentados bajo esta modalidad ante las cámaras de televisión, y son muchos más los que han sido detenidos y acusados bajo la modalidad anterior, a la que se suma otra, la de que, antes de ser llevados ante el Ministerio Público, los presentan ante los medios locales y sólo hasta entonces se llevan a la autoridad y que en muchos casos fueron detenidos fuera de los tiempos de flagrancia y sin órdenes de detención y sólo –¡Oh, rara coincidencia – con una declaración rendida en instalaciones militares o casas de “seguridad” de los policías federales.

Y luego la opinión pública se sorprende porque al paso de unas semanas, o meses, los detenidos bajo estas modalidades reciben órdenes de liberación de los jueces quienes dictaminan en la mayor parte de los casos que, o fueron detenidos ilegalmente, o las declaraciones así, videograbadas, carecen absolutamente de legalidad.

Por tanto, no debe asombrar que de las cifras de detenidos la mayoría sean liberados casi de inmediato (hasta 2009 el Gobierno Federal informaba de la detención de 229 mil personas, de las cuales sólo en el 25% de los casos el Ministerio Público pudo integrar un expediente, de tal manera que, antes de llegar ante un juez, 3 de cada 4 detenidos fueron liberados, y que de este total una ínfima minoría sean sentenciados) y que, por tanto, el avance en contra de los grupos del crimen organizado sólo sea aparente en las estadísticas del gobierno y, por tanto, la violencia, en lugar de disminuir se recrudezca.

Siendo tales aspectos graves de por sí, no representan lo peor. A pesar de que en varias entidades avanza la instrumentación y aplicación de la reforma penal, semejante a la de nuestra entidad, y de que se ha aprobado en el ámbito federal lo cierto es que avanza la tendencia gubernamental, impulsada por el involucramiento de las corporaciones militares, de otorgarle a la confesión, así se rinda en cualquier lugar y ante cualquier autoridad, el mayor de los pesos.

Así, se pretende desandar lo que trabajosamente había construido la sociedad mexicana para abatir el fenómeno de la tortura y en la obtención de una investigación policiaca apoyada en la búsqueda y hallazgo de evidencias científicas, que demostraran fehacientemente ante los jueces las acusaciones en contra de los imputados.

Hoy todo eso parece irse diluyendo en la escalada de violencia, no sólo de las bandas criminales, sino también de las fuerzas del Estado mexicano, regresión apoyada por los poderes fácticos que se encaminan al afincamiento del autoritarismo, en el que las seudo confesiones de los acusados, obtenidas bajo los más aberrantes mecanismos, serán la reina de las pruebas en los juicios penales.

Y es que, incluso antes de la reforma penal en Chihuahua, la confesión había dejado de contar con esa cualidad, pues para ser considerada legal debería contar con una serie de requisitos, los mismos que la reforma penal conservó (deberá hacerse de manera voluntaria, ante autoridad correspondiente y acompañado de defensor) pero a la cual, al igual que el resto de las pruebas debería ser valorada en el conjunto de las presentadas en los juicios.

La novedad en Chihuahua estriba en que ahora el total de las pruebas, incluidas por supuesto las declaraciones, deberán ser desahogadas en el juicio oral, y de ninguna manera podrán aportarse videos, o actas en las que se asienten supuestas, o reales, declaraciones, sin que se ofrezcan en el curso de los juicios.

Y tales características son las que se pretenden echar por tierra para regresar a los modelos anteriores, en la peor de las épocas de la historia del país, pues los episodios en los que las fuerzas del estado actúan por encima del marco legal crecen todos los días, hasta el grado de que ahora se pretende cambiar el marco legal, a fin de que los militares involucrados en delitos cuyas víctimas sean civiles sean juzgados por cortes militares y no como hasta ahora establece la Constitución federal, es decir, por tribunales civiles.

Pero el peligro no solamente proviene de las instancias federales, también en el ámbito de las entidades las tendencias regresivas adquieren más fuerza. Enfrentarlas es tarea de hoy, de no hacerlo no serán suficientes décadas de arrepentimiento.