Inseguridad pública, apocalíptica realidad

Aserto 87, octubre 2010
Luis Javier Valero Flores
A casi dos semanas de haber tomado posesión como nuevo gobernante, César Duarte es recibido por la ola violenta que azota a la entidad sin nada nuevo: Las cifras homicidas en Juárez, la urbe más violenta del mundo, el día que tomó posesión, tuvieron un sobresalto, diecinueve personas fueron asesinadas.
En el curso de los primeros días, el promedio de asesinatos se mantuvo en Juárez y Chihuahua, lo que seguramente llevará a que estas ciudades concluyan el año con cifras de espanto, por encima de las cien ejecuciones por cada 100 mil habitantes, en el caso de la capital, y muy cerca de las 200 en Juárez, convirtiéndose, así, en las dos ciudades más violentas del país. Esa será la novedad, que la otrora tranquila y pacífica ciudad de Chihuahua ingresará, por este año, a tan aterradoras estadísticas.
“Quiero pasar a la historia como el gobernador que puso orden en Chihuahua”, dijo Duarte en su toma de posesión, ante una concurrencia de más de 50 mil personas, la mayoría de ellas vinculadas a su partido, en un acto en el que el PRI mostró el “músculo”, no solo en la Plaza del Angel, sino en la tribuna pues la plana mayor se presentó a presenciar la asunción del parralense a la silla principal de Palacio de Gobierno.
Asistieron casi la totalidad de los gobernadores priistas, la dirigencia nacional en pleno, los coordinadores parlamentarios, del Senado y la Cámara de Diputados, infinidad de diputados y senadores, numerosísimos invitados de las agrupaciones afines al PRI. En ese ambiente, predominantemente priista, los más ovacionados fueron Duarte, el ex gobernador Reyes Baeza y el gobernador mexiquense, el adelantado en la carrera presidencial, Enrique Peña Nieto, y de los dirigentes nacionales, la que arrancó menos aplausos y hasta algunos incipientes silbidos, fue la dirigente magisterial, hechos, todos, que denotaron la inocultable filia priista de la mayoría de los asistentes.
No podía ser de otra manera, la contundente manera en que este partido derrotó a los candidatos del PAN, conjugada con los resultados de otras entidades y, sobre todo, los triunfos alcanzados en la elección de alcalde y los distritos capitalinos en los que mantuvo la hegemonía el blanquiazul durante varios períodos electorales ha hecho que la militancia priista mantenga una irremediable confianza y expresara eufóricamente su satisfacción en la toma de posesión de César Duarte y que manifestara de manera tan enfática sus filias y fobias con los actores asistentes a tal evento.
Quizá por esa razón, y seguramente porque en la campaña electoral no encontró mayores opiniones discordantes –y porque en el seno de la sociedad chihuahuense se ha incubado la concepción conservadora- el discurso inicial de Duarte estuvo surcado por la actitud severa, enérgica, dura en el combate a la delincuencia, cuya manifestación legal fue la de incidir en la elevación de las penas.
A esa postura correspondió que al anunciar la pretensión –convertida posteriormente- en proponer el establecimiento de la cadena perpetua a quienes se encuentren culpables de los delitos de homicidio múltiple, extorsión o secuestro, fuese profusamente ovacionado.
Del mismo modo, el anuncio de quienes ocuparían la Fiscalía General del Estado –Carlos Manuel Salas- y la Policía Unica –David Rivera Bretón, reputados como hombres “duros” afianza la percepción de la orientación bajo la que habrá de conducirse la nueva administración estatal, en la que ocupó un lugar central, por lo menos en ese discurso inicial, el deslinde de la administración encabezada por José Reyes Baeza pues fue una severísima crítica a ese gobierno y de pasada intentó llamar la atención del gobierno federal al expresar que “Hoy, sin afanes desmedidos, debemos reconocer que la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez… Repito, señoras y señores, la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez”.
Podrá ser coincidencia, pero ante la conclusión generalizada de que la representación del gobierno federal había sido de menor nivel a la esperada –el Secretario de Reforma Agraria y no el de Gobernación-, a poco más de una semana el hecho relevante fue la convocatoria, y realización de la reunión de los gobernadores, elegidos el 4 de julio anterior, con Felipe Calderón.
Reunión cuyo fracaso es más que evidente, por las poquísimas cosas nuevas enunciadas, por los escasos compromisos adquiridos y, sobre todo, por la ausencia de una crítica –y consiguiente modificación- a la estrategia federal en el combate al crimen organizado, que ha producido, ya, cerca de 30 mil ejecuciones y sin que los índices delictivos hayan sufrido, ya no una disminución, sino la detención de las cifras ascendentes.
Importa ubicar la debida importancia de tal reunión, no sólo como reflejo de la importancia de los asistentes a la toma de protesta de Duarte, sino en la pretensión de Calderón por establecer buenas relaciones con los nuevos mandatarios, maltrechas en la mayoría de los casos con sus antecesores, debido al elevado protagonismo del panista en los procesos electorales de mediados de año.
Y si el cónclave resultó fallido, la visita de Calderón, en cuanto a la revisión de la seguridad pública en Chihuahua y la actuación de las fuerzas policiacas y militares en ese sentido fue un completo fraude. Los mismos discursos, la misma insensibilidad, las mismas promesas efectuadas casi tres años antes.
Quizá lo único novedoso haya sido la negativa del alcalde juarense, Héctor Murguía, a la petición del Secretario de Economía de “ayudarle” a detener los vehículos internados ilegalmente al país. No, le dijo, el edil, no voy a pasar por ser el alcalde que detenga chuecos en lugar de parar las extorsiones y los secuestros.
En ese entorno se inició el gobierno de César Duarte. No lo hace en las mejores condiciones, tan solo el día de la asunción en Juárez ejecutaban a 19 personas y el resto del mes las cifras homicidas se mantuvieron en los promedios de 10-12 en esa ciudad y alrededor de 5-7 diariamente en Chihuahua.
Y a mediados de mes se suscitó la crisis de los custodios del penal de Chihuahua desatada por el asesinato de cinco custodios y el jefe de seguridad de dicho penal. Esos asesinatos develaron las pobres condiciones laborales privativas en ese personal, su exigencia de contar con un seguro de vida, pensión familiar y aumento salarial vino a echar por tierra, estrepitosamente, los almibarados discursos de apenas unas cuantas horas antes.
No solamente ahí se encuentran gigantescos obstáculos.
Lo prometido por Duarte es enorme, quizá superior a sus propias capacidades y a los retos presentes. Probablemente fuera lo que la mayoría de la sociedad quiso –quiere- escuchar pero se antoja mayor a las fuerzas, estructuras e inercias presentes en la sociedad chihuahuense de hoy.
Dijo que habría “cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua”. Del mismo modo, anunció que antes de un año la policía única funcionaría.
Lo que padecemos no es un problema de falta de severidad de las penas –cerca del 95% de los delitos cometidos no son, ni siquiera, investigados- sino de la ineficacia en la procuración y aplicación de justicia.
Por si fuera poco, el gobierno de Duarte iniciará con una deuda pública estatal de alrededor de 6 mil millones de pesos, es decir, algo así como el 15% del presupuesto estatal. Podrá argumentarse que se encuentra dentro de lo manejable, pero en los primeros días, una vez evaluadas las verdaderas condiciones en que recibieron las finanzas estatales, la novedad consistió en que sólo había 169 millones de pesos y que los recursos que se recibirían en el resto del año serían insuficientes para afrontar los compromisos gubernamentales, razón que los ha llevado a plantear que si el gobierno federal no adelanta algunas partidas, entonces el gobierno estatal se verá obligado a solicitar al Congreso la autorización para contratar un empréstito de 2 mil millones de pesos.
Si tal es la realidad, se antoja extremadamente difícil que la nueva administración estatal pueda cumplir los enormes compromisos adquiridos con la ciudadanía, las promesas de campaña y la necesidad, urgente, de mostrar avances concretos en los dos más serios problemas percibidos por la mayoría de la población: Economía y seguridad pública.
Apremiados en aparecer como rápidos solucionadores de los problemas, los nuevos gobernantes –y no sólo los chihuahuenses, y de éstos, no solamente los de la hora reciente, sino todos- al tomar posesión de sus cargos se autoimponen plazos perentorios para evaluar su obra. Optimistas, retan a que se evalúen sus primeros cien días, sin tomar en cuenta que financieramente, por lo menos en nuestra entidad, son de los más difíciles pues los recursos reales con los que contarán, invariablemente son menores a los declarados por los gobernantes salientes; que deberán recurrir a financiamientos extraordinarios para cumplir los compromisos de fin de año, casi todos ellos relacionados con la planta laboral existente y, finalmente, que los nuevos recursos empezarán a fluir después de febrero, en el mejor de los casos.
A tales condiciones adversas deberán sumarse otras dos. La disminución de los ingresos estatales por la promesa de que a partir de 2011 ya no se cobraría la tenencia vehicular, rubro que les generaba alrededor de 500 millones de pesos al año y que disminuirá el número de visitantes (migrantes y turistas) debido a la estabilidad de la crisis económica en Estados Unidos, lo que repercutirá en la disminución de ingresos por las cuotas de peaje carretero, y que representará varias decenas de millones de pesos que, si bien no ingresan realmente a la arcas estatales pues forman parte de los compromisos adquiridos por la bursatilización de tales ingresos, si repercutirán finalmente en las finanzas estatales.
Además, por si fuera poco, la recaudación de impuestos disminuirá, por las mismas razones que las cuotas de peaje y entonces el panorama no es el ideal para el cumplimiento de todas las promesas efectuadas a lo largo de la campaña y en los primeros días de gobierno, por lo menos no en los tres primeros meses de gobierno.
Y si en el aspecto financiero el futuro inmediato no es nada halagüeño, en lo tocante a seguridad pública no se advierte mejor, quizá lo contrario sea lo más seguro. La confrontación entre los grupos criminales ha trasladado una parte muy importante de sus operaciones a la capital del estado, sin que por ello amaine el enfrentamiento en Juárez o en otras ciudades de la entidad y las condiciones de las corporaciones policiacas y de procuración y aplicación de justicia en que se da el relevo son alarmantes.
El episodio del robo de armas del C-4 y el de los custodios del penal de Chihuahua, así como los motines simultáneos de los penales de Juárez, son, apenas, ligeros indicios de situación tan riesgosa.
Y en medio de todo ello la razonable ansiedad ciudadana por ver, sentir, percibir, así fuera ligeramente, algunos vestigios de mejoramiento de la seguridad pública, harán que el período de gracia para los nuevos gobernantes, en mayor medida para el gobernador, vaya a ser extremadamente breve.
No es tarea fácil, ni pronta. ¡Vaya encrucijada!
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