Impunidad y salvajismo

El Diario, 9 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Es imposible no publicar acerca de la tragedia de Chihuahua, las noticias, todos los días, son estrujantes. No bien acabábamos de asimilar el más reciente de los episodios emblemáticos –el del secuestro, videos y asesinato de Mario González Rodríguez, el hermano de la ex procuradora Patricia– cuando ya nos sacudía la información acerca de la banda de secuestradores, de la cual formaba parte la edecán Eunice Ramírez y ayer los medios de comunicación daban cuenta del siguiente episodio, igualmente salvaje, del gravísimo atentado contra la familia de Eunice que mantiene postradas a su madre, hija y sobrinas, consistente en el incendio intencional de la vivienda de los familiares de la edecán por medio de bombas Molotov.

Quizá para cuando se lean estas líneas ya se sabrá a ciencia cierta si existe conexión entre este atentado y la masacre del domingo en contra de la familia Puentes García, en la que murieron siete integrantes de ella, y el hecho de que la hija de Eunice lleva por apellidos Puentes Ramírez. Escalofriante.

Ya inmersos en la guerra mediática, a base de medias verdades y mentiras completas, ya no atinaremos a saber si el mensaje pintado en la pared de la familia de Eunice es cierto, o sólo forma parte de las estratagemas usadas por los delincuentes para confundir a las autoridades y a la opinión pública.

En momentos tan difíciles, cuando nada parece detener la ola criminal y la autoridad parece absolutamente rebasada, es cuando debemos salir al frente, superar las inercias de los gobernantes y exigir más compromiso de quienes buscaron ser los administradores de los bienes de la sociedad.

Es absolutamente evidente que los mecanismos de control sobre los grupos policiacos están totalmente superados, que prácticamente todas las dependencias de seguridad pública están infiltradas por los grupos criminales y a pesar de esa certeza nada se hace para cambiar los mecanismos de control interno de las policías.

Los hechos de los últimos días nos vinieron a demostrar que los multimencionados exámenes de confianza practicados a las policías son un completo fracaso y que en lugar de confiárselos a dependencias, también sujetas a una aguda crisis de confiabilidad, deberíamos crear comités especializados en la revisión de la vida de los policías, de los jueces y de los fiscales, y quizá sobre todos los funcionarios públicos.

Ejemplos sobran, por ejemplo ¿Quién puede asegurarnos que las nuevas propiedades –no informadas en su declaración de bienes patrimoniales– de la familia Calderón-Zavala no provienen del narco?

Nadie.

¿Cómo es posible que el ex presidente nacional del PAN, César Nava, pudiese comprar un departamento de 14 millones de dólares? ¿O que la nueva casa de Genaro García Luna, el flamante Secretario de Seguridad Pública Federal, tenga un valor por encima de los 20 millones de pesos y los ingresos de esta persona, acumulados a lo largo de 25 años de servidor público, no le alcancen para adquirir semejante propiedad?

Y no son acusaciones, en tanto no se transparenten los ingresos económicos y las propiedades de todos los funcionarios públicos, la guerra contra el narcotráfico seguirá perdiéndose porque ¿Quién vigila a los no pocos funcionarios públicos, particularmente de las dependencias prejudiciales y del Poder Judicial, cuyo tren de vida no tiene correspondencia alguna, lógica, con sus ingresos?

Las interrogantes continúan, en todos los aspectos de la vida criminal del país y del estado. Todos los días se roban más de 100 vehículos entre Juárez y Chihuahua ¿A dónde se van? A efectuar actos ilícitos algunos, pero ¿Y los demás, a dónde, a dónde se van? ¿No ocurrirá una cosa semejante a la de los carros “chuecos”, que de repente aparecen en las calles de nuestras ciudades y nadie los vio pasar por retenes, carreteras, aduanas y demás medidas policiacas, a cual más de inútiles?

¿Serán ciertos los rumores acerca del embarcamiento –en los principales puertos marítimos del país– masivo de vehículos robados y enviados a las repúblicas del Asia Central?

¿Quién puede hacer semejante maniobra trasatlántica? ¿Por qué en muy pocas ocasiones se detiene a los responsables del robo de vehículos? ¿Por qué nunca se sabe nada de quienes les pagan 5-10 mil pesos por vehículo robado a los criminales callejeros?

Todas son preguntas sencillas, que deberían plantearse los jefes de los aparatos de inteligencia, y cuyas respuestas llevarían al esclarecimiento de cientos de miles de delitos.

En tanto no se respondan preguntas tan elementales seguirá esta matazón sin sentido (si acaso alguna lo tiene, o lo ha tenido en el pasado) y se adopten las conductas gubernamentales necesarias seguiremos convertidos en los “daños colaterales”, producidos por tanta corrupción y salvajismo.