Tiempo de desesperanzas

Tiempo de desesperanzas
El DIARIO, 27 de septiembre 2009
Luis Javier Valero Flores
No son pocas las frases, ni los eventos, o las acciones de los funcionarios federales, ilustrativas de su incapacidad para afrontar –de verdad- al crimen organizado y especialmente a las bandas del narcotráfico. La de ayer, expresada por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es la última perla de tales desatinos. Interrogado en Culiacán acerca de cómo sería el “reordenamiento de las acciones contra el narcotráfico si los capos siguen paseándose por las calles”, en lugar de responder, fiel a su carácter y larga trayectoria litigiosa, encaró al periodista: “Perdóneme, dígame dónde están y vamos por ellos”.
Tales expresiones las lanzó a sólo tres días del asesinato de un periodista en Nuevo Casas Grandes, y a cinco de la denuncia de un visitador de un organismo gubernamental de derechos humanos de amenazas de muerte, ambos hechos en la entidad que acapara más de la mitad de las ejecuciones de todo el país en todo el año.
¿Qué podemos esperar los informadores si quien tiene en sus manos la representación del más alto nivel gubernamental, y además la responsabilidad mayor en el combate al crimen organizado, no es capaz, ni siquiera, de tener la sensibilidad de ofrecerle garantías, buen trato, consideraciones, a uno de los integrantes de los medios de comunicación precisamente en los momentos en que cayó abatido uno de ellos, el muy querido “Gallito”, menos conocido como Norberto Miranda, hombre comprometido, como pocos, en el desarrollo de su profesión y en el desarrollo democrático del país, de Chihuahua y de su no menos querida Nuevo Casas Grandes?
Ya lo habían expresado distintos protagonistas políticos locales, se lo habíamos escuchado a algunos de los especialistas en materias como crimen organizado y narcotráfico, que las bandas criminales, en etapas superiores de su desarrollo intentarían administrar todo los actos criminales de una determinada zona o región. En las etapas iniciales de la actual oleada violenta habían intentado, en Chihuahua, controlar hasta la emisión informativa de los hechos sangrientos cotidianos en la entidad. Causas como esas podrían encontrarse en el artero asesinato de nuestro compañero Norberto Miranda, prestigiado periodista de Nuevo Casas Grandes, quien, al contrario de Armando Rodríguez (El Choco), el periodista de El Diario asesinado el año pasado, no se dedicaba a la nota roja pero que casi diariamente consignaba la información de los numerosos hechos de sangre acaecidos en el noroeste chihuahuense.
El mensaje es directo, no debe informarse de ellos.
El asesinato de El Gallito es una vuelta más a la violenta espiral volcada sobre Chihuahua. Ahora se ensañaron en contra de un periodista cuyo ámbito de acción era más general que el del “Choco” y, por ello, si acaso cabe señalar una gradación en hechos tan deleznables, más grave, y no sólo por la discreta variación en las tareas periodísticas de Miranda y Rodríguez, sino por el liderazgo social ejercido por el primero en aquella región chihuahuense, la misma que aún espera el esclarecimiento del líder campesino Armando Villarreal, de Benjamín Franklin LeBarón y Luis Carlos Widmar, líderes sociales de la misma región.
Solo revisemos lo efectuado en el caso de El Choco para darnos cuenta de la enorme falta de voluntad –o de capacidad- de las autoridades, de todas, de las federales hacia abajo, para esclarecer hechos tan atroces como los que ahora deploramos. No es poca cosa, el Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, debió salir a precisar que era testigo de la entrega del expediente “… Y yo entendí que al recibir usted ese expediente seguiría las instrucciones que le encargó el presidente Calderón, de ordenar que se esclareciera el homicidio”, tuvo que escribir el director de El Diario en una carta abierta dirigida a Gómez Mont.
Más, si a lo anterior añadimos lo sufrido por el Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien ha solicitado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su protección, ante la serie de amenazas de muerte lanzadas en su contra en varias ocasiones, tanto directa como telefónicamente y del enorme riesgo que corre su vida.
Las posturas de De la Rosa son contundentes: “Una de las consecuencias que ha tenido la mayor presencia del Ejército en las tareas de seguridad pública en Chihuahua ha sido el incremento de las quejas de violación a los derechos humanos presuntamente cometidas por elementos del Ejército... De enero de 2008 a septiembre de 2009 se recibieron un total de 154 quejas en Ciudad Juárez”. (De la solicitud a la CIDH de aplicación de medidas cautelares a su favor).
La denuncia del visitador, ex director del penal juarense y candidato a diversos puestos de elección popular (todos, dirían los amigos y compañeros del famoso “Pichú) por el PRD, además de ser miembro en varias ocasiones de su dirigencia estatal y municipal ubica las amenazas lanzadas en su contra en las funciones desarrolladas en la CEDH: “Me encuentro encargado de recibir y dar seguimiento a las quejas que se presentan en contra de miembros del Ejército en Ciudad Juárez”.
“He solicitado la salida de las fuerzas armadas de Ciudad Juárez (ya que) su actuación es anticonstitucional, pues sus métodos de acción incluyen actos de molestia a la ciudadanía en general, allanamientos de viviendas, sin contar con la orden respectiva, detenciones de personas sin orden de aprehensión, incomunicación de los detenidos, tortura a los detenidos y en algunos casos muerte de los detenidos”.
“En algunas ocasiones, el General Felipe de Jesús Espita, Jefe del Operativo Conjunto Chihuahua, ha contestado que existe una vinculación entre el narcotráfico y las Comisiones de Derechos Humanos, concretamente así se expresó en una reunión con los diputados del Congreso local a principios de septiembre…”.
El señalamiento de de la Rosa es directo: “Desde mayo de 2008 he sido víctima de actos de hostigamiento y amenazas de parte de miembros del Ejército mexicano… he recibido llamadas telefónicas a mi celular en las que se me amenaza que ya no siga metiéndome con los militares, de lo contrario mi vida y la de mi familia corre riesgo (Negrillas del escrito del visitador) la guerra de los cárteles que en esta zona ha tomado dimensiones de guerra abierta y la autoridad ha abandonado su presencia en tareas de vigilancia (pues) solo mantiene un retén a la entrada de San Agustín”, pueblo del Valle de Juárez en el que reside Hickerson, quien resolvió, ante las ominosas amenazas, emigrar a los EU y presuntamente solicitar de su gobierno asilo político.
Involucrar a las fuerzas armadas en las tareas policiacas, ajenas a sus funciones y capacidad, era un error, hoy por desgracia tan contundentemente demostrado, y lo peor es que ahora se les señala no sólo por su fracaso sino, también, por la comisión de diversos delitos, de los cuales deberían responder ante las autoridades civiles y no ante las militares, como tercamente se han empeñado en hacer.
Los resultados están a la vista, no hay, hasta el momento, ningún reporte de algún elemento sancionado y se llegó a la exageración de que uno de los más importantes críticos a la labor del ejército denuncia amenazas, efectuadas por, sostiene, miembros de las fuerzas armadas. Ante la denuncia, que ha ocupado todos los espacios informativos de la entidad, el jefe del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) no ha tenido la sensibilidad de desmentirlas, ofrecer disculpas y la correspondiente investigación, así como ofrecerle todas las garantías necesarias, no sólo para su vida, sino, también, para el desempeño de sus funciones.
Y es que, por desgracia, todos los días tenemos a la mano elementos para dudar de la veracidad de los supuestos logros de las fuerzas del OCCH.
Días atrás se informó de la detención de un grupo de sicarios. Se les acusó de ser los responsables de más de 200 asesinatos. En lugar de ser llevados a juicio se nos informó que los detenidos sólo serían arraigados pues hasta el momento sólo tenían como evidencia en su contra las declaraciones autoinculpatorias.
Días más tarde se informó de la detención de otro grupo de sicarios. Los acusaron, al momento de presentarlos a la prensa, del asesinato de 36 personas, luego se sabría que están acusados, sólo, del asesinato de dos. Del mismo modo, la autoridad solo tiene en contra de los acusados sus propias declaraciones.
El viernes, el OCCH informó, boletín de prensa mediante, de la detención de dos grupos de sicarios, uno de ellos en Juárez y el otro, puras casualidades, en Nuevo Casas Grandes.
Éste es un monumento a la labor de información: “… y en base a los trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por parte de personal militar que participa en esta operación” detectaron dos vehículos, en los cuales viajaban “5 individuos con actitud sospechosa, quienes al ser asegurados e identificados manifestaron ser integrantes de una célula de sicarios del denominado cartel ‘de Sinaloa’, ‘del chapo guzmán’ o ‘gente nueva’ y dedicarse a cometer homicidios en contra de los integrantes del cartel denominado de ‘Juárez’ o ‘la línea’, participando en por lo menos en 8 ejecuciones…”.
No es que se dude de la veracidad del trabajo de los mílites, o que los detenidos no sean responsables de los hechos imputados, pero ¿Se imaginan, como dicen todos los boletines oficiales, a todos los acusados prestos a declarar su participación en tal y cual grupo, en tal y cual asesinato? Casi se los imagina uno que en cuanto los detienen, angustiados de cometer tanto latrocinio, que en cuanto ven a los organismos policiales o militares, de inmediato ya están declarando.
¿Será casualidad que en todas las detenciones sólo tengan, por lo menos lo informado a los medios, las declaraciones autoinculpatorias de los señalados? ¿Dónde, dónde sucedían tales cosas?
Y luego, al llegar ante los jueces, los acusados arguyen que las declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y que fueron apresados sin orden de aprehensión, sin la comisión de un delito en flagrancia. Y van pa’fuera, como le ha sucedido a la absoluta mayoría de los detenidos pues “de acuerdo con estadísticas de la PGJE, de los más de tres mil casos registrados durante la Operación Conjunta, sólo 76 han sido llevados ante los tribunales”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 19/09/09).
Así, con tales resultados, con tan dolorosos acontecimientos ¿Vale la pena exigir de las autoridades el irrestricto cumplimiento de las leyes y el castigo a los culpables?
¿Vale la pena exigir de las autoridades la inmediata investigación y la sanción a sus asesinos? ¿De veras están en condiciones de que una sociedad, agraviada como la que más, les pueda exigir resultados ciertos, verídicos, de sus investigaciones?
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