Impudicia

El Diario, 18 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
Como ningún otro, el actual conflicto entre el gobierno de Felipe Calderón y los trabajadores electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ha desvelado crudamente las dos principales concepciones existentes en el país acerca del rumbo de la nación, de los proyectos de nación, del sindicalismo, de la legalidad, del respeto al marco legal, del Estado y hasta del modo de dirimir los conflictos sociales.
La pasión despertada por el conflicto, y no solamente entre sus protagonistas, ilustra claramente los elevados grados de polarización social existente y, cosa más grave aún, del marcado giro conservador en amplias capas de la población, particularmente las del norte del país en las que los índices de aprobación a la gestión de Calderón y a la medida de “extinguir” a LFC son más elevados que en el resto de la nación.
En el fondo del problema se encuentran varios asuntos, el primero de ellos, el obvio, el enfrentamiento entre el grupo gobernante y el sindicato por razones estrictamente ideológicas. El SME es claramente un sindicato de izquierda, cuyos dirigentes han optado por el PRD en las últimas elecciones, sin ser miembros de tal partido y sin identificarse con el mismo más allá de tal hecho.
Más. Entre gobierno y SME existen profundas diferencias políticas, pues la dirigencia sindical, fruto de una añeja práctica democrática, no se ha plegado a mandamiento de gobierno alguno, ni priista ni panista.
Pero en las actuales circunstancias pesa más la disputa por la instalación del denominado TRIPLE PLAY, tecnología que permitirá transmitir por un cable –usando la red de CLF- teléfono, internet y televisión con la consiguiente drástica disminución del costo de tales servicios.
La empresa WL Comunicaciones recibió en 1999, por adjudicación directa, la concesión para usufructuar la red de CLF en todo el centro del país. El SME se opuso. En junio de este año, la dirección de CLF y el SME solicitaron al gobierno se les entregara tal concesión a fin de que fuera la empresa del Estado la que proporcionara el servicio, convirtiéndose, de este modo, en una competidora de Teléfonos de México y Televisa, monopolios hoy enfrentados por las mismas razones.
Sólo que hay un pequeño problema. El dirigente sindical, Martín Esparza, ha denunciado, y nadie lo ha desmentido, que los socios mayoritarios de WL Comunicaciones son los ex-secretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
Por doquier aparecen las coincidencias. Al momento de la autorización de la concesión a WL por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), despachaba como subsecretario el actual Secretario del Trabajo, Javier Lozano.
Presentada la solicitud de CLF-SME celebraron diversas reuniones, a una de ellas acudió, ¡Otra coincidencia! como integrante del bufete jurídico de Diego Fernández Cevallos, el ex-subsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, también con Fox, Armando Salinas Torre, a quien WL había nombrado como su representante jurídico.
En esa reunión, Esparza le dijo a Lozano –“¿quieres que esto avance? Danos nuestra concesión. No nos la das, yo no los dejo entrar. Y ya firmada la concesión nos dices con quién hacemos alianzas, con Carlos Slim -dueño de Telmex-, con quien tú me digas. Pero no lo han hecho y nosotros no los dejamos subir”, declaró el líder electricista acerca de las negociaciones acerca del triple play (La Jornada, 12/X/09).
Más coincidencias. Los asesores del SME para el proyecto de la fibra óptica son personas ligadas al Secretario del Trabajo, Javier Lozano, -él mismo nos ayudó, dice Esparza, pues Lozano es un consultor internacional en telecomunicaciones desde 1999.
Según Martín Esparza, poner a la venta ese servicio a los usuarios de CLF le generaría a la empresa utilidades del orden de los más de 100 mmdp al año. Una vez entregada la concesión, sostiene, en un año las finanzas de la empresa pasarían de recibir del presupuesto federal 42 mmdp, a no recibir nada y contar con utilidades de más de 50 mmdp.
En el fondo se están enfrentando dos concepciones acerca del Estado, las de derecha e izquierda. Puede haber otras diferencias entre ambas, pero una es fundamental, y esa es el modo en que se concibe al Estado. En tanto que la derecha lo concibe sólo como el instrumento impulsor de las leyes del comercio y garante de muy pocas funciones, la izquierda en general lo concibe como el instrumento necesario para convertir a la sociedad en una más igualitaria (y no quiere esto decir, como algunos opositores de la izquierda burdamente sostienen, que se conciba a todas las personas iguales, sino que el Estado debe ofrecer igualdad de oportunidades a todos y atemperar las desigualdades y desequilibrios sociales), por esa razón no se concibe que bienes de la nación, propiedad de toda la sociedad, puedan convertirse en mercancías propiedad de algunos particulares y obtengan ganancias individuales cuando del usufructo de tales bienes y servicios la que debería beneficiarse sería la sociedad en su conjunto.
Por ello, la izquierda de todo el mundo, con infinidad de matices, defiende que bienes y servicios estratégicos deben ser propiedad estatal. En el pasado así se consideraba la generación y distribución de la energía eléctrica, del petróleo, del espacio aéreo y ahora, con la innovación tecnológica, se podrían encuadrar servicios como el de internet y la transmisión englobada en el triple play.
Y ese es el fondo del asunto. Quienes dirigen la administración federal consideran que todos los bienes y servicios deben ser entregados a los particulares, así sea el petróleo, la energía eléctrica, el espacio aéreo, la tierra, la recolección de basura, la administración de los penales, los servicios bancarios, el mantenimiento de los parques públicos, la educación, el triple play, etc.
De ahí la maniobra mediática -que el publicista de Hitler, Joseph Goebbels, se los hubiera envidiado- al lanzar una ofensiva para hacerle creer a los mexicanos que los culpables de la ineficiencia y corrupción de la CLF eran los trabajadores electricistas y sus enormes privilegios. No se podría decir que todo lo hecho por los integrantes del SME y sus dirigencia esté exento de irregularidades, pero de ahí a etiquetarlos como los responsables de la crisis de la empresa hay un mundo de diferencia.
El linchamiento mediático surtió efecto y dio rienda suelta a las concepciones conservadoras cultivadas hace largo rato en la población y que ante una gravísima crisis social reacciona elogiando los actos autoritarios como el ahora comentado, por lo demás absolutamente ilegal.
Y por dondequiera –debemos insistir en el norte del país- se escuchan las alabanzas al golpe de Calderón. ¿Si los privilegios de los electricistas del SME son semejantes –en esta visión de que eran privilegiadísimos- a los de los trabajadores de CFE, por qué no se hace lo mismo con éstos?
La respuesta la tiene Javier Lozano: Porque este sindicato, dirigido por Víctor Fuentes, (por puritita casualidad sobrino del extinto dirigente, Leonardo Rodríguez Alcaine, sucesor de Fidel Velázquez en la CTM a la muerte de éste) “sí ha demostrado una enorme capacidad para ponerse de acuerdo con el gobierno”.
Y se manejan monumentales mentiras. Si los trabajadores del SME son “privilegiados” ¿Por qué razón se van a gastar 20 mil millones de pesos (mmdp) en la indemnización de 44 mil trabajadores si el gobierno federal le asigna, anualmente, a CLF, 42 mmdp?
Significa, por tanto, que la nómina asciende, aproximadamente, a 7 mmdp. Tal cálculo da sustento a la información, proporcionada por el mismo Lozano, que el salario promedio de los electricistas es de ¡220 pesos diarios!, es decir, 6 mil 600 pesos mensuales. Incluso, según cifras del sindicato, casi 20 mil trabajadores están por debajo de ese promedio.
Otras categorías de trabajadores, como los transitorios, perciben 152 pesos diarios; la mayoría de oficinistas –dependiendo del nivel– gana entre 180 y 260 pesos; un calculista de inspección obtiene 192.41 pesos; los auxiliares, entre 109 y 139, y entre los más altos está el operador de subestación, que percibe 311 pesos al día. ¿Dónde los privilegios?
Si los salarios no son el problema, entonces ¿Cuál es la razón de su ineficiencia?
Durante sexenios, a la empresa no se le asignaron partidas presupuestales para la renovación mantenimiento y se le sometió, por tanto, a que la mayor parte de la energía que vende le sea proporcionada por CFE. De ese modo, para 2009 se aprobaron mil 600 mdp para mantenimiento, pero se necesitan 9 mil 400 mdp.
El problema está en que CFE le vende la electricidad a 1.70 kv/h y CLF la vende a 1.50 cvs. a los usuarios domésticos y a las 46 mil plantas industriales se la vende a 45 centavos y éstas consumen el 70% de la energía.
Así, en 2008 CLF vendió 48 mmdp, pero le pagó a la CFE 56.6 mmdp y del presupuesto otorgado por el gobierno federal a CLF en 2009 (42 mmdp), 8 mmdp fueron para subsidiar la tarifa eléctrica doméstica.
Más aún. Según Calderón, en 2008 CLF perdió el 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El gobierno reconoce que una tercera parte de las pérdidas deben considerarse “normales” y las denomina “técnicas”. El resto de las pérdidas es por robo –los diablitos, los colgados, o por robo directo- pero por ninguno de estos rubros se encuentra denunciado o sancionado nadie.
En la semana, Esparza denunció la existencia de un numeroso grupo de empresas y dependencias que no pagan “la luz”: La Torre Mayor de Reforma; varios hoteles de la Zona Rosa y de Polanco; el periódico Reforma; el periódico unomásuno; la Presidencia de la República; todas las dependencias federales y denunció, asimismo, que las repetidoras de Telmex tienen mediciones de ellos, tomas clandestinas, equipos de medición manipulados por ellos mismos, por los administradores de Luz y Fuerza y no por los trabajadores.
Dice Calderón que CLF es muy onerosa ¿Y los mil 500 millones de pesos entregados a la dirigencia petrolera? ¿Y los inmensos privilegios otorgados a la dirigencia magisterial?
¡Ah, es que ahora son “cuates” todos ellos!
De los elevados grados de visceralidad de los gobernantes hablan estos párrafos de un boletín de prensa del Senador del PAN, Ramón Galindo: “Que no vengan estos personajes a rasgarse las vestiduras a la hora de discutir los mecanismos para combatir la pobreza, mientras continúen solapando privilegios injustificados que están muy por encima de las prerrogativas de las que goza el común de los trabajadores asalariados”.
O sea que nadie, siendo un simple trabajador, debe aspirar a contar con más prestaciones, esas de las que goza impúdicamente la clase política y que tan gozosamente les entregan a los más poderosos empresarios, también impúdicamente.
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