A redistritar

A redistritar
El Diario, 6 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
La resolución de los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que le ordenan al Congreso del Estado la realización de la resdistritación para las próximas elecciones ha puesto en jaque a toda la estructura partidaria del partido gobernante en Chihuahua.
No sólo porque, como lo sostienen reiteradamente los panistas, se efectuara de manera tal que la nueva conformación de los distritos electorales favoreciese hipotéticamente al PAN, sino porque cambia radicalmente muchos de los aspectos político-partidarios, sostén de los equilibrios alcanzados en la mayor parte del territorio estatal, mediante los cuales podía lograr los consensos necesarios en la distribución de los cargos públicos, y no sólo los de elección popular, entre todos los grupos regionales y subregionales existentes al interior del PRI.
De acuerdo con el criterio poblacional, Juárez podría contar con hasta 10 diputados (de los siete actuales) y la capital podría pasar de cinco a siete. En total, en ambas ciudades podrían sumar 17 de los 22 diputados de mayoría relativa y los otros cinco deberían tener como cabeceras Parral, Delicias, Cuauhtémoc y quizá Camargo y Madera.
Aún está por verse si la resolución del TEPJF se acata en todos sus términos para el ya inminente proceso electoral, pues hasta ahora las autoridades congresuales han cumplido con la primera parte de la misma, es decir, la presentación de la solicitud ante el IFE para que efectúe los estudios técnicos necesarios para realizar la redistritación.
De ahí a que se haga hay un largo trecho pues según lo han declarado algunos de los actores priistas pueden recusarla, no totalmente ha dicho Neil Pérez Campos, titular de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Parlamentarios, pero sí en el cumplimiento de las fechas, ya que sostendrán la imposibilidad técnica para realizarla en las pocas semanas previas al inicio del proceso electoral, o por otra parte, lo sostenido por Gerardo Cortinas Murra, en el sentido de que la redistritación electoral, para el caso de Chihuahua, no constituye un asunto administrativo, sino legal ya que el Congreso debería dictaminarla, tal y como si fuese la aprobación de una ley, con lo cual se violentaría –en esta interpretación- lo establecido en la Constitución de la República Mexicana, que prohíbe efectuar cambios legales al marco electoral noventa días antes del inicio del proceso electoral, cosa que ocurrirá el 15 de diciembre.
Ahora sufrimos las consecuencias de actuar políticamente al día y teniendo como marco de referencia la siguiente elección local. La última distritación se efectuó en 1997, en doce años nunca se tuvo la voluntad política para adecuarla a los relampagueantes cambios poblacionales acaecidos en Chihuahua, ahora sus dos principales urbes concentran a casi las dos terceras partes de la población total (61% del padrón electoral con el que se votó apenas unos meses atrás) y la demarcación de las diputaciones obedecía a un criterio basado más en el de que cada diputado –de los distritos rurales- representara a una de las regiones de la entidad, con la excepción del muy particular caso del distrito de Santa Bárbara.
Ahora estamos metidos en un verdadero embrollo pues se pueden incumplir o violar distintas regulaciones electorales y, sobre todo, afectar el ya inminente proceso electoral.
“No tenemos un censo confiable; sin censo no podemos definir nuevos distritos”, se dijo insistentemente por el lado de los priistas y por otro lado, por los de enfrente, los panistas, se mantiene la idea que una redistritación sería inconveniente para los priistas pues perderían la indudable ventaja electoral observada en la actual conformación de la mayoría de los distritos electorales rurales.
Entre que son peras o manzanas acerca de la “confusión” del tribunal electoral respecto de las fechas planteadas en la legislación electoral esa resolución deberá acatarse en tanto resuelve la mayoría parlamentaria (ya sabemos que ahora está conformada por el PRI, el PANAL y de manera sempiterna, cualesquiera que sean sus diputados, del PVEM y el PT) sí impugna o no.
Podrán argumentarse mil y una chicanadas, en sentido estricto de materia electoral (y ojalá avanzáramos en ese sentido) éste debería ser un asunto de la más estricta competencia, solamente, del órgano electoral local, esto es, que por mandato legal debiera estar adecuando la geografía electoral de Chihuahua conforme cambiara la concentración poblacional.
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