Reprobados

El Diario, 2 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Hay cosas que hacen dudar, no sólo de la eficiencia de los programas de seguridad pública, sino de la verdadera voluntad gubernamental para concretarlos, independientemente de lo adecuado de las estrategias en esa materia. Nunca estará de más rememorar la situación geográfica de Chihuahua, lo que le otorga condiciones muy especiales y en grado extremo relevantes en el tráfico mundial de drogas. Hace más de 10 años, la oficina de la DEA en El Paso informó que por los cielos y tierra de Chihuahua pasaban al mes alrededor de 20 toneladas de cocaína –no especificaron con qué grado de pureza– y todas las agencias estudiosas del tráfico de drogas, públicas y privadas, han acreditado la importancia de la frontera chihuahuense en el tráfico de drogas, precursores químicos, vehículos, mercancías varias, personas (aunque en este caso no es tan importante como lo pudieran ser Tamaulipas, Sonora y Baja California) y armas. Teniendo estos conocimientos, resulta inexplicable que las corporaciones policiacas no hayan aplicado una atención especial en el blindaje de las asentadas en territorio chihuahuense, que contemplara la aplicación de lo que desde el sexenio anterior se denominaron exámenes de confianza, que en todo caso debería haber sido desde el principio la vigilancia de las agrupaciones policiacas sobre la integridad moral y económica de sus integrantes, amén de sus capacidades profesionales. ¿Cómo podía justificarse, por ejemplo, que durante décadas, muchos de los miembros de las agrupaciones policiales poseyeran vehículos y joyas, para nada compatibles con sus ingresos salariales? Y que las exhibieran a ciencia y paciencia de sus jefes inmediatos y mediatos. Eso es un verdadero misterio, como el del elevado tren de vida –en el pasado, y quizá alguno en el presente– de los agentes aduanales. Por eso resulta, a la luz de lo anterior, altamente inexplicable que sólo se hayan aplicado los exámenes de confianza, de acuerdo con lo publicado en El Diario Oficial, en el estado de Chihuahua, sólo al 23.8 por ciento de los más de 12 mil elementos que se comprometió a examinar desde el 2010, colocándose, junto con Quintana Roo, en los últimos lugares en esta materia. Aspecto central en el combate al tráfico de drogas, si en verdad se quiere hacer, estriba en la detección del dinero obtenido y en su consecuente “lavado”. ¿Cómo estarán las cosas para que hasta apenas la semana anterior los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja hayan propuesto varias reformas legales para dotar al Ministerio Público de facultades para investigar y perseguir los actos u omisiones relacionados con el lavado de dinero? Dicha reforma contemplaría la creación de un cuerpo técnico de inteligencia que realizaría tales pesquisas. Eso se hace después de un sexenio y la comisión de más de 100 mil homicidios, la mayor parte relacionados con el crimen organizado, en la variedad del tráfico de drogas, que según los legisladores mencionados se convirtió en el quinto generador de empleos en el país, por encima de los empleos generados por Pemex, razón por la cual tener la información de la situación patrimonial de los elementos policiacos y de los miembros del Poder Judicial, así como del personal prejudicial, es esencial para combatir esta actividad, repite el escribiente, si de veras se quiere combatir de esta manera, es decir, punitiva, porque, por lo menos en los resultados, Estados Unidos ha decidido, de tiempo atrás, considerarla como un problema de salud pública, y no de seguridad, ni pública ni nacional. Pero si esas son las características de la actividad que se combate entonces medidas como la de la aplicación de exámenes de confianza en entidades como Chihuahua, adquieren especial importancia y no podrían considerarse como faltas menores las cometidas por los funcionarios responsables de la instrumentación, de cualquiera de los niveles. Ahora bien, si la aplicación de dichos exámenes tiene los inconvenientes que en un momento adujeron las autoridades locales, entonces la aplicación de medidas que demuestren la sana situación patrimonial de todos los elementos mencionados, es responsabilidad directa de las del orden municipal y estatal al tiempo que deben ofrecer la información respectiva a la sociedad para que ésta perciba que efectivamente se trabaja en la dirección mencionada. De lo contrario, estarán, como es lógico suponer, reprobados.