Otra vez el México bronco

El Diario, 25 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Una frase reiteradamente usada por numerosos militantes y dirigentes del PRI, la de que “regresó la política” con el ascenso de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, puede quedar sepultada con los acontecimientos del día de ayer en Chilpancingo. El ataque a las sedes de los partidos responsables de haber aprobado la Ley Estatal de Educación, sin incluir una sola de las propuestas del movimiento magisterial (agrupado, junto a un sinfín de organizaciones populares y campesinas, en el Movimiento Popular de Guerrero –MPG–) puede convertirse en el catalizador de una situación social de por sí explosiva en aquella entidad que, por desgracia, pudiera ser el flamazo que incendiaría a algunas de las entidades vecinas. Hasta ahora las protestas del MPG habían sido contenidas por la aparente disposición de algunas de las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, especialmente la del PRD, para incluir en la nueva regulación sus propuestas. Las manifestaciones, ni son pequeñas ni les falta parte de la razón, el problema estriba en que la situación social en Guerrero pasa por un momento de extrema inestabilidad. Guerrero mantiene una de las tasas más altas de homicidios en el país, en condiciones, digamos, “normales”; pero en el curso de los últimos años se incorporó al grupo de entidades que fueron víctimas y escenarios de la ola homicida que asoló a la mitad del territorio nacional. En los meses recientes, apareció un nuevo factor. Parte de la población, harta del crecimiento de los hechos delictivos, de numerosos grupos criminales, decidió seguir el ejemplo de algunas localidades de Michoacán y crearon sus propias agrupaciones de defensa comunitaria, las mismas que ahora participan, también, en el MPG. No debería desdeñarse, por nadie en el país, lo que allá ocurre, se presenta en la entidad que ha escenificado desde tiempos inmemoriales movimientos armados, la mayor parte de las veces apoyados por una parte importante de la población; hoy no parece ser distinta la situación, las manifestaciones de los últimos días han sido verdaderamente masivas, lo que le añade un factor más que preocupante. Visto desde el norte del país, para una buena parte de la población, las razones para que se hayan presentado hechos como los aquí relatados, parecieran ser de baja envergadura, pero son consecuencia lógica de una equivocada manera de aprobar cambios legislativos que son de gran importancia. Las dirigencias del PRI, PAN y PRD, sin tomar en cuenta al resto de los partidos, pero más destacadamente sin sopesar las opiniones del vasto movimiento magisterial, aprobaron una reforma educativa que lesiona gravemente los derechos de todo tipo de los trabajadores del magisterio. Creyeron que bastaba con la aprehensión de la maestra Elba Esther Gordillo para abortar cualesquier protesta al fondo y forma de las reformas; ni siquiera intentaron un acercamiento con las dirigencias magisteriales no identificadas con el oficialismo. Apostaron mal, ahora sufrimos las consecuencias, los contingentes del MPG realizaron destrozos en las sedes de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI) en rechazo a la aprobación que hiciera ayer el congreso del estado de la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Educación número 158, que argumentaron no es la misma que habían presentado al congreso del estado de manera conjunta con el gobernador, Angel Aguirre. Los ataques habían llegado, hasta el momento de redactar la presente colaboración, a la destrucción total de las oficinas del PRI, a la sede del ayuntamiento de Chilpancingo, –después de haber desalojado a los trabajadores del congreso local–; la oficina de atención ciudadana del senador perredista Sofío Ramírez (nombrado por el gobernador Aguirre como enlace con el movimiento magisterial) y la Contraloría de la Secretaría de Educación Pública estatal. Nadie puede estar de acuerdo en las manifestaciones violentas, pero descalificarlas no resuelve los problemas, lo que urge es llegar al fondo de ellos, y en el presente caso, a pesar de lo que diga la élite política del país (a propósito, ahora enfrentada por el uso electoral de la Cruzada contra el Hambre) es imprescindible discutir la reforma educativa. Eso sí sería “hacer” política, no apostarle a que el Ejército y la Policía Federal “aquieten” las aguas.