Precampañas: fraude a la ley

El Diario, 14 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Concebidas como la solución mágica para la prevención de los actos anticipados de campaña, para normar a los adelantados en los procesos electorales, las legislaciones electorales, federal y estatales, fueron concebidas para regular los tiempos en que los aspirantes pueden hacer campañas al interior de sus partidos y para que los órganos electorales pudiesen fiscalizar el gasto realizado en la infinidad de actividades proselitistas. Además, se pretendía otorgarles a los partidos, ya que prácticamente todos estaban inmersos en atractivas contiendas internas, el marco regulatorio para impedir los fraudes y excesos electorales, además de los actos anticipados de campaña y la inequidad, dado que la actividad de los aspirantes estaba encaminada, no solamente a los militantes, sino a toda la sociedad. Pero hete que al paso de unos cuantos procesos electorales internos, todos los partidos demostraron cuán escasa es la cultura democrática de sus militantes y dirigentes, raro fue el que no presentó tremendos fraudes en sus elecciones internas, lo que dio pie a las numerosas fracturas y deserciones de numerosos militantes. En cosa de unos cuantos años, los partidos políticos y sus capas dirigentes le mostraron a la sociedad mexicana que no son confiables en los procesos electorales internos. ¿Por qué sí habríamos de considerarlos de fiar en las constitucionales? Peor aún, al paso de unos muy pocos años, las capas dirigentes de los antiguos partidos de oposición, que tanto criticaron el método priista por excelencia –el “dedazo” – lo asumieron, casi todos, de manera diferenciada y con altibajos. Así, lo que era tan criticado en el PRI, se volvió casi norma en el resto. Si faltara algo para reforzar la tendencia antidemocratizante, ahora recurren a las encuestas para resolver candidaturas. El PRI lo hace de manera generalizada, la izquierda para no ir a elecciones (que, saben, serán fraudulentas), el PAN las utiliza para desalentar las contiendas internas y los otros ni siquiera las usan, dadas sus escasas expectativas de triunfo. Por tanto, la legislación local para normar las precampañas prácticamente nació muerta. Salvo en unos cuantos municipios en los que el PAN sí tendrá elecciones internas (y algunos distritos), todos los demás candidatos serán elegidos en los órganos de dirección partidistas, con el agravante de que en un buen número serán designados por esos mismos órganos. Entonces ¿para qué se necesitan las precampañas? Ni modo que para convencer a un determinado número de consejeros se necesite recurrir a la propaganda, impresa y en medios electrónicos de comunicación, y más cuando el número de electores es, por su naturaleza dirigente, escaso, y en ocasiones extremadamente escaso, como lo demuestra el reporte publicado por El Diario: El PRI elegirá a sus candidatos mediante convención de delegados. Ha registrado aspirantes únicos a 55 candidatos a miembros de ayuntamiento y probables candidatos a diputado por 21 de los 22 distritos; “el PAN celebrará elecciones en 11 municipios”, pero solo entre sus miembros y en los demás “por el método extraordinario de asignación directa”. El PRD espera la resolución de los tribunales a fin de que les aprueben la alianza con el PRI. A su vez, la Comisión Ejecutiva Estatal del PT designará a sus candidatos. El Verde, según esta información, no reporta en concreto y el “Partido Movimiento Ciudadano registrará precandidatos que designe su Asamblea Electoral Nacional, mientras que el Partido Nueva Alianza lo hará por Asamblea de Consejo Estatal”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 11/IV/13). ¿Y entonces, para qué sirven las precampañas? Para encubrir la realidad de que ya están en campaña. Los partidos, finalmente, no necesitan tal figura electoral pues sus actividades de precampañas no tienen como destinatario formal a la sociedad pues los electores no son los ciudadanos comunes y corrientes, y en la mayoría de los casos, de todos los partidos, ni siquiera son los militantes de base los electores, sino los dirigentes. ¿Po’s no que estábamos en la época de la plena competencia electoral, y que habíamos arribado a estadios superiores de cultura democrática? N’ombre, estamos en la mejor época del dedazo. Cundió el mal ejemplo por todos lados y ahora todos los partidos nos hablan, como si fuera un plus, que son agrupaciones en las cuales prevalece la unidad, la cual existe ¡porque no hay elecciones internas, todas las designaciones las resuelven los notables! Es decir, en “mexicano”, no hacen elecciones internas porque de ellas salen divididos, ya sea por el nivel de confrontación (lo que habla de su escasa vocación democrática), o porque hacen fraude. Tantito peor. El problema estriba en que tal retroceso en materia democrática puede derivar –es muy probable– en un ejercicio gubernamental igualmente regresivo, o que sectores gubernamentales o empresariales intenten ir más adelante en esta materia, que el gobernante (o gobernantes) en turno. No de otra manera se pueden catalogar dos hechos, ambos relacionados con la actividad del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en Chihuahua el fin de semana anterior. Por una parte, según reveló el protagonista, al periodista César Alejandro Camacho Coronado, la empresa Cablemás “le pidió su renuncia, en represalia por la entrevista que hizo al ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el pasado viernes 5”. Camacho afirmó que la entrevista “causó revuelo por las declaraciones de Andrés Manuel en contra de (César) Duarte Jáquez… y el lunes a primera hora me entregaron un documento en el cual exponen, por parte del licenciado Luis José Tarango Gutiérrez, gerente y apoderado legal, la conclusión del contrato porque no conviene a los intereses de Cablemás”. En su cuenta de Twitter, López Obrador reclamó la vigencia de la libertad de expresión. Pero si el caso de Camacho pudiese no ser contundente, lo aparecido en la columna Ráfagas, del periódico El Heraldo de Chihuahua, de la cadena OEM, de Mario Vázquez Raña, es más, además de preocupante, emblemático del modo como se conceptúa, desde ese medio impreso (y quizá desde algunas esferas del mundo oficial), la libertad de militar políticamente. Y es que el periódico critica a “Manuel de Jesús Siqueiros Márquez, comisario de Servicios Educativos, un puesto que le reporta a la Contraloría”, por haber tomado protesta como integrante del Consejo Consultivo de Morena (cuyos miembros no son militantes de la agrupación, solamente consultores), en el acto en el que López Obrador “aprovechó para tundirle a la administración estatal”. (Ráfagas, El Heraldo de Chihuahua, 10/IV/13). Y luego, la columna sí que le tundió al funcionario: “ENEMIGO.- Ahí está un caso más de esos incongruentes, de organizaciones que viven del erario público (sic), de subsidios, dádivas, sueldos y nóminas que les da el mismo gobierno, que luego se queja de ataques infundados e intereses perversos de los grupos de presión, a los que tiene dentro de la misma estructura oficial. Su enemigo, pues, lo tiene en casa, lo mantiene y luego se hace el sorprendido”. Todavía nadie nos había dicho que para trabajar en las dependencias públicas era requisito militar en el partido gobernante. Así se las gastan. Muy preocupante.