Fraudes

El Diario, 18 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Las llamativas movilizaciones de los maestros defraudados por la empresa GRIO, lo justo de sus demandas, el cúmulo de irregularidades contenidas en este asunto y la celeridad con la que actuó el Gobierno del Estado, lograron desactivar prontamente uno de los conflictos en los que con mayor atingencia actuó la actual administración estatal, al resolver que se suspenderían permanentemente los descuentos en la nómina para pagar los adeudos pactados por los mentores, por distintos mecanismos y empresas financieras. Queda, sin embargo, pendiente la solución definitiva del problema –o problemas– y el inicio de una vasta acción gubernamental, federal y estatal, para erradicar, o intentar por lo menos, una de las peores prácticas financieras que han hecho presa a los maestros, no sólo de Chihuahua, sino del país entero. En tales prácticas, por supuesto, queda en entredicho el papel de la dirigencia magisterial. Visto superficialmente el problema por el que atraviesan centenares de maestros –con un universo de aproximadamente 40 millones de pesos y 456 maestros defraudados– pareciera que la ambición –quizá la codicia– los llevó a aceptar negocios increíbles de concebir. Fueron convencidos de invertir en instrumentos financieros a través de GRIO, que les ofreció muy elevadas tasas de interés –por encima de las que obtienen políticos y empresarios en los paraísos fiscales como las Islas Caimán– para lo cual, con el visto bueno del sindicato, obtuvieron créditos de otras empresas financieras, montos económicos que se les descuentan vía nómina, gracias a los convenios celebrados por la dirigencia magisterial con esas y otras empresas. Al pasar el tiempo y no recibir las jugosas ganancias que les prometieron, con justeza, protestaron y recurrieron a quien podía y debería auxiliarlos. Sin embargo, como a veces pasa, no fueron escuchados y recurrieron a la movilización. Nuevamente la Plaza Hidalgo, como hace muchos años, como siempre, fue la receptora de los manifestantes. Quizá eso causó molestia en Palacio, porque, ante las denuncias, ya se encontraba encarcelada la señalada como principal responsable, María Guadalupe Rodríguez Gaytán. Pero los descuentos a la nómina continuaban. De ahí la pertinencia del acuerdo tomado ayer, mediante el cual todas las víctimas del fraude podrán acudir a la Secretaría de Hacienda para presentar la carta de desautorización del descuento y así lograr que en el pago de la segunda quincena de abril no aparezca descuento alguno. Hasta ahí está todo bien, pero las empresas financieras reclamarán el pago de los créditos otorgados. Existe una creciente opinión consistente en que los mentores deberán pagar por su error, por su codicia, pero en el aire quedan muchas interrogantes acerca del mecanismo usado para otorgarles a los maestros créditos de distinto tipo, supuestamente con ventajas respecto del resto de la población. Tal vez no sea así. En primer lugar, deberá asentarse que, por ley, los otorgantes de un crédito se convierten, por ese solo hecho, en los asesores financieros del solicitante y están obligados a proporcionarles la información suficiente para que puedan acceder al mismo, de ahí que las empresas otorgantes de crédito debieron revisar la calidad crediticia de los solicitantes y dictaminar si tenían capacidad económica para ello, o no, y en qué medida, además de que, también por ley, los descuentos no deben exceder un determinado porcentaje del salario, más allá del cual no se les puede otorgar crédito alguno. Porque, además, a nadie se le puede descontar de su salario pago alguno, salvo los que judicialmente estén obligados; eso dice la ley, a pesar de la extendida costumbre, especialmente en agrupaciones sindicales como la del magisterio, de propiciar tal práctica. Y ese es uno de los peores aspectos de los créditos en mención. ¿En función de qué facultades el Gobierno se convirtió en el departamento de cobranza de las financieras? ¿Cuánto cobra por esos servicios? Porque así está muy bien tener empresas. Convencemos a la dirigencia sindical de los beneficios de tal y cual cosa que puedan adquirir los sindicalizados –en muchos casos a cambio de jugosas comisiones personalizadas, individualizadas, ¿se acuerdan del caso de la maestra Sonia Madrid, asesinada por asuntos parecidos a estos?– y le pedimos al gobierno que les descuente vía nómina los no pequeños pagos. Esa es la veta que deberá atacarse ahora y acabar con una práctica que ha generado no pocos incidentes penales y más de un homicidio. Todo por los cobros en la nómina.