Exposición mediática objetada

El Diario, 31 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Uno de los mecanismos más usados por los distintos gobiernos, de los tres niveles, para demostrar a la sociedad sus logros en materia de seguridad pública, y de paso intentar mejorar falsamente la percepción ciudadana, ha sido, sistemáticamente, la de exhibir a miles de detenidos ante las cámaras de la prensa. Así, en la administración de José Reyes Baeza, en el ámbito estatal, y de Felipe Calderón, en el federal, desfilaron ante las cámaras supuestos responsables de la comisión de miles de crímenes, algunos de ellos acusados de la comisión de centenares de homicidios, muchos de los cuales, al paso del tiempo y sin exposición mediática, fueron liberados por órdenes judiciales, la mayoría de ellos por contar como únicas evidencias en su contra declaraciones autoinculpatorias realizadas ante autoridades no prejudiciales, ni judiciales, y en recintos no oficiales, con el agravante, por lo menos al momento de declarar ante los jueces, de haber sido arrancadas bajo tortura. Todo lo anterior significa, en términos llanos, que los detuvieron policías federales o militares, que los torturaron para obtener las “confesiones”, en recintos alternos, algunas veces en las instalaciones militares o, incluso, en domicilios particulares y que una vez obtenidas por este medio las “confesiones”, los presentaban como los autores de los crímenes que se informaba. El caso emblemático de tal conducta lo fue el de la francesa Florence Cassez (no porque se presuma su inocencia o su culpabilidad, sino porque este caso fue claramente demostrativo de que se trataba de demostrar eficiencia sin importar el atropellamiento de la legalidad vigente) que hoy está en una fase que no se imaginaban los perpetradores de las violaciones al debido proceso al que tenía derecho la acusada, y que puede llevar hasta el encarcelamiento de alguno de los jefes de la seguridad pública del más alto rango de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero hoy el Estado mexicano deberá reconsiderar tal actitud, tanto porque en el ámbito federal (aunque se ha disminuido ostensiblemente), como en el estatal, persiste tal práctica y ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus sesiones de la segunda y tercera semanas de marzo, celebradas en Washington, inició las discusiones acerca de esa práctica, en la que el relator de la CIDH para México, Rodrigo Escobar, declaró que la exhibición pública de detenidos antes de ser juzgados es “inadmisible” y propia de “regímenes absolutistas” y que, por tanto, se debe detener. (Nota de El Diario, AFP, 14/III/13). “Es mi deber expresar en este escenario que realmente (...) me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos, claramente violatoria de la dignidad de la persona humana, del derecho a la intimidad, a la honra”, declaró Escobar, uno de los siete miembros de la Comisión, ante representantes de asociaciones civiles y del propio gobierno mexicano. (Ibídem). La discusión sobre tal asunto fue realizada, tanto por el relator Escobar, como representantes del Estado mexicano y organismos derechohumanistas nacionales, públicos y privados. “A nosotros nos parece que esta práctica (...) ha favorecido la cultura de la denuncia, que una vez que estas personas (detenidas) han sido identificadas, esta política ha fortalecido el derecho a la información”, aseguró Jorge Mirón, uno de los representantes del Estado mexicano en la audiencia, quien afirmó que los ciudadanos se atreven a denunciar cuando reconocen en los medios de comunicación a un presunto malhechor. A su vez, Luis Gonzáles, de la Comisión de Derechos Humanos del DF, planteó que “imágenes y datos personales de miles de mexicanos exhibidos están disponibles en la web; ¿qué harán los gobiernos federales y estatales para prevenir y castigar esta violación continuada de los derechos humanos?”. A su vez, Jacqueline Sáenz, de la Asociación Fundar, aseguró que con la exhibición pública ante los medios “una persona ya es considerada culpable” antes de ser juzgada. Y ese es el fondo de tal discusión, no solamente el de la defensa de los derechos humanos de los inculpados, sino el de toda la sociedad a gozar de niveles adecuados de seguridad pública, lo que implica que los detenidos por las autoridades sean, de verdad, los autores de los delitos que se les imputan y que, por tanto, reciban las sanciones correspondientes a ellos, luego de pasar por un debido proceso y que las autoridades prejudiciales realicen eficientemente su trabajo, es decir, obtengan las evidencias necesarias para demostrar, fuera de toda duda jurídica, la responsabilidad criminal de los acusados, para evitar su excarcelación por faltas al proceso legal y que, peor, siendo culpables, regresen a las calles a continuar con sus actividades ilegales. No es tarea fácil, implica efectuar una profunda transformación en las concepciones de los gobernantes acerca del modo en que deban demostrar su eficiencia, sobre todo en un área tan sensible como la de la seguridad pública, y más en momentos como el actual. Porque no es la única arista problemática en este tema. Con la detención de presuntos responsables, y su consabida exposición mediática, las autoridades intentan hacernos creer que los índices delictivos han disminuido a niveles óptimos, por encima de la percepción ciudadana, lo que aunado a la manipulación de las estadísticas arroja un desolador panorama, si se confrontan con la realidad que vive la población. Y es un permanente círculo vicioso. La autoridad se empeña en hacernos creer que la situación ya cambió, que mejoraron las cosas, que avanzamos enormidades en tal materia, que somos los mejores en abatir los índices delictivos y sin embargo, la realidad es otra, lo que conduce a mayor descrédito ciudadano hacia las autoridades pues, si mienten en esto, que es tan evidente, ¿por qué no habían de hacerlo en otras áreas de la actividad pública? Por otra parte, también es cierto que han mejorado algunos índices delictivos, que se mantiene una tasa declinante en los homicidios, con altibajos del todo imprevistos como los presentados en las últimas semanas, pero que forman –y formarán– parte de nuestra realidad, en el caso de los chihuahuenses, porque no solamente somos paso obligado de mercancías ilegales en ambos sentidos de la frontera, sino porque contamos con una realidad social harto desequilibrada, tanto en el aspecto económico, como en el del entramado social, porque solamente así se puede explicar que el número de homicidios no atribuidos al crimen organizado sea tan elevado. Es que tenemos en la sociedad un excelente campo de cultivo para el desarrollo de las actividades criminales. Combatir tal realidad, y ganarle, eso sí que cuesta tiempo, mucho tiempo, y más dinero, además de la instrumentación de infinidad de medidas que conlleven al fortalecimiento del entramado social, entre las cuales se encuentran en primer lugar la propagandización en contra del uso de las drogas y el del tratamiento y rehabilitación de los adictos a alguna de ellas. No la tenemos fácil, es la mala noticia, pero más mala será si se empeñan en hacernos creer que las cosas están mejor de lo que realmente se encuentran.