Denuncias, urgente esclarecimiento

El Diario, 28 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores En la semana anterior, ante la renuncia de Antonio López a la aspiración de convertirse en candidato a la alcaldía de Chihuahua, el dirigente estatal de ese partido, Mario Vázquez, denunció amenazas de muerte en contra de varios de los dirigentes y aspirantes a las alcaldías de varios municipios, ninguno de ellos de los más poblados de la entidad. Luego, en una entrevista radiofónica, al preguntársele a qué autoridad había realizado la denuncia, afirmó que él personalmente se las había hecho del conocimiento del fiscal general del Estado, Lic. Carlos Manuel Salas. (Aserto Radio, Antena FM 102.5, 20/III/13). Pero hete aquí que el martes, el fiscal afirmó que hasta ese día nadie había presentado denuncia alguna, que sabía “de las supuestas amenazas en contra de aspirantes políticos panistas por denuncias que realizaron sus dirigentes a través de los medios de comunicación”, pero que no lo habían hecho de manera formal, “por lo que no pueden realizar la investigación sobre la procedencia de estas intimidaciones hasta que esté formalmente la querella. Independientemente si son del PRD, PRI, PAN todas las vamos a atender, agradezco las denuncias que realizan de manera pública, pero también los invito a que denuncien para que podamos actuar en consecuencia”. En ningún momento aceptó haberlas recibido de manera personal por la dirigencia panista, entonces, ¿a quién creerle? ¿Quién miente? Plantearlo de ese modo, de manera directa, sin subterfugios, tiene una explicación, la de que reviste una extrema gravedad que alguno de los dos actores políticos mienta, justamente al inicio de un proceso electoral, cualquiera que sea la tensión política, pero en una entidad significada, todavía hasta ahora, como la lideresa en el número de ejecuciones cometidas a lo largo del sexenio anterior, y probablemente en el actual. Si poseemos ese lugar en tan siniestra estadística, justo es suponer que el crimen organizado pudiese tener interés en influir en las designaciones y en la elección de los alcaldes y diputados, de todos los partidos y que pueden recurrir a cualquiera de las maniobras a su alcance para concretar tal pretensión, entre ellas, la de las amenazas a los precandidatos para que se retiren de las contiendas, o que se incluyan a otros. ¿Cómo imaginarse que las bandas criminales, tan interesadas en mantener bajo su control las rutas de acceso a la frontera, para el traslado de mercancías ilegales en ambos sentidos, no pretendan influir en las elecciones? De ahí que es de la más elemental lógica que la autoridad ministerial atienda cualquier denuncia pública acerca de la emisión de amenazas, si se tiene toda una estrategia de atención a las denuncias anónimas. ¿Por qué no hacerlo cuando las presenta el dirigente estatal de uno de los partidos registrados en la entidad? ¿Por qué son ficticias? ¿Por qué no demostrarlo ante la sociedad, en caso de tener razón y no haber recibido personalmente denuncia alguna, o que en caso contrario su participación pudiese llevar al esclarecimiento de las denuncias y evitar que el crimen organizado pueda influir en el proceso electoral? Hasta ahora, la actual campaña electoral contiene los elementos “normales” de cualquier contienda de este tipo, pero evitar que adquiera ribetes de narcoelecciones es prioridad de todas las fuerzas políticas y más de la gobernante, de ahí el riesgo corrido al haber puesto en la liza política al fiscal (al haberlo incluido como uno de los aspirantes a la alcaldía de Juárez), en momentos en los que por lo menos en el número de ejecuciones se mantiene, así sea ligeramente, la tendencia a la baja y, por tanto, deberán actuar con la mayor de las racionalidades políticas posibles, sin involucrarse en la dinámica electoral y mantenerse alejado de todas las fuerzas políticas, incluida la propia. Es el momento en el que la ciudadanía espera que la aplicación de la justicia no tenga un cariz político. Del mismo modo, la dirigencia panista, en este caso, y las de todos los partidos, deben actuar con la responsabilidad debida ante la presentación de hechos que pudiesen sospecharse del involucramiento del crimen organizado en la campaña electoral, porque eso es lo único que nos falta: la narcopolítica.