Estrés policial

El Diario, 19 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Las agudas tensiones a que se someten integrantes de distintos organismos, o profesionales relacionados con la atención a personas sometidas a violencia extrema, como médicos urgenciólogos, enfermeras, bomberos, rescatistas, psicólogos y hasta sacerdotes, “y todos aquellos cuya profesión u oficio tiene que ver con atención a problemas, o que están al cuidado de los demás”, los pueden llevar a presentar distintos padecimientos sicológicos y hasta psiquiátricos, si no reciben la atención adecuada. Según el psicólogo Alberto Rodríguez Cervantes, fundador del Centro de Atención y Prevención Psicológica (Capsi), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua, tales profesionales, y sus familias, pueden presentar lo que denominó el síndrome de “quemamiento emocional”. (Nota de Lourdes Díaz, 18/III/13). Tales afirmaciones devinieron de la presentación de un estudio de tesis para maestría en psicología, que arrojó como resultado que entre los policías y militares se presentan los casos más severos de violencia intrafamiliar. Si este es un fenómeno presente en tiempos “normales”, seguramente que la ola de violencia extrema presentada en la entidad a partir de febrero de 2008 debe haber incidido en la presentación de más casos (la mayor parte de los cuales, los de violencia intrafamiliar, no se reportan) y de mayor severidad que en los tiempos inmediatos anteriores. El problema puede tener una gravedad mayor pues, según la nota referida, al Capsi sólo han acudido 11 agentes municipales a recibir atención sicológica, pero atendiendo órdenes de sus jefes inmediatos. De acuerdo con el especialista, Rodríguez Cervantes, “todas las personas dedicadas a estos oficios y profesiones, están expuestos a sufrir el trastorno post traumático, por los altos niveles de angustia, inseguridad y tensión que enfrentan a diario en su trabajo, por tener los problemas y en algunos casos hasta la vida de otras personas en sus manos”, además de que, al ser testigos de acciones violentas, o de estar frente a infinidad de cadáveres, la mayor parte de ellos destrozados a causa de las heridas infligidas por armas de fuego o blancas, debieran recibir atención sicológica especializada, “para evitar que lleguen a tener actitudes violentas en su entorno”. (Ibídem). Ante una situación de tales características, no es del conocimiento público que los principales organismos policiacos de la entidad cuenten con un programa de asistencia sicológica permanente para sus agentes, ni que se consideren todos los recursos necesarios para mantener en óptimas condiciones a los elementos policiacos. Vamos, hasta el momento no contamos con información alguna que nos permita saber el número de agentes que hayan atravesado por el mencionado síndrome, y sólo hasta la publicación acerca del estudio mencionado vislumbramos lo que puede ser en muchos casos una terrible tragedia al interior de los hogares de los agentes. Pero no sólo, el síndrome de estrés postraumático podría causarnos más de una molestia. Es impostergable que los integrantes de los cuerpos policiacos –especialmente los de Juárez y la capital– deban contar, entre sus prestaciones, y como parte de la permanente capacitación, programas como el de asistencia sicológica al agente y su familia, así como el de períodos de asueto, al cabo de cierto tiempo de haberse desempeñado como policía en la calle, y del traslado a distintas áreas de la atención policiaca, con menor grado de tensión, a fin de preservar la salud mental de quienes integran los cuerpos policíacos. Porque hasta ahora –si bien es importante– se ha impulsado la participación de los elementos policiacos en distintos programas deportivos y algunos de recreación. No bastan, urge la instrumentación de distintos programas orientados a la salud mental de quienes son responsables de la seguridad pública, en un apartado tan sensible como el de la prevención de los delitos, así como el establecimiento de distintas prerrogativas en materia de salud mental, amén, por supuesto, del otorgamiento de buenos salarios, correlativos a la importancia de la labor social desempeñada por quienes integran tales cuerpos de seguridad.