Histórica decisión

El Diario, 20 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores La decisión que por unanimidad tomó el 17 de noviembre la asamblea del ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, de prohibir, hasta por 100 años la explotación minera en sus terrenos, y la orden a la empresa minera canadiense Mag Silver y Majors y su filial Cascabel de desalojar en un plazo de 48 horas, es histórica, no solamente por las repercusiones directas sobre la vida de los habitantes de esta población, sino por el efecto que podrá tener en las determinaciones que otras comunidades en el país puedan tomar, enfrentadas, como Benito Juárez, a la salvaje voracidad de las empresas mineras, prestas al aprovechamiento de su fuerza económica y la pobreza de los habitantes de las tierras que albergan infinitas riquezas minerales. En tan definitoria resolución contó sobremanera el asesinato de los defensores de derechos humanos ambientales y líderes campesinos del Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuelita Solís (asesinados el pasado 22 de octubre) tanto, que por primera ocasión, al rebasar la asistencia el 50 por ciento de los ejidatarios, se pudo celebrar la asamblea en primera convocatoria. Así, 240 ejidatarios resolvieron en el sentido de la defensa de los derechos de los habitantes de la región y de la preservación de su medio ambiente, entre ellos, fundamentalmente, el agua y no sólo, también en el de darle una tremenda descalificación a la política minera, vigente desde 1994, con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que vuelve “nacionales” a las empresas canadienses y estadounidenses, lo que abrió de par en par las puertas para una explotación voraz, sin límites y sin respeto a los mexicanos. En la larga y cruenta defensa de las comunidades en contra de las gigantescas empresas mineras extranjeras que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio se han instalado en nuestro país, esta es la primera ocasión en que una de ellas responde de manera unánime, negándose a ser solamente testigo de la depredación causada por aquellas. Pero tal depredación no se presenta de manera espontánea, la corrupción de las dependencias oficiales es, en buena medida, una de las causas principales del agravamiento de tal fenómeno. Como prueba de tal aserto, está el hecho de que a unos minutos de iniciar la asamblea de la prohibición minera, la Semarnat les hizo saber a los ejidatarios, por medio del oficio UCPAST/Eu/12/1307, que la minera El Cascabel no tenía permiso alguno de trabajar en ese lugar. ¡Y la empresa llevaba 5 años haciendo trabajos de exploración! ¿Hasta donde llegarán las corruptelas? Se podría argumentar que para la toma de esta determinación ejidal contó centralmente el asesinato de los integrantes del ejido, Solorio y Martha Solís, como lo asentamos líneas arriba, pero también contó de manera definitiva la personalidad de un pueblo, veterano de muchas lides en defensa de su patrimonio, como ahora en la activa participación de la mayoría de los ejidatarios de Benito Juárez para evitar la explotación minera y la defensa del agua que desde hace años han emprendido. Esas características fueron las que hicieron posible que, a diferencia de otras comunidades, ante las violentas agresiones a sus dirigentes, en lugar de amilanarse, respondan con una mas que encomiable dignidad. Por ello, un buen número de organizaciones sociales los acompañaron, no sólo en la celebración de la asamblea ejidal, sino en sus luchas, y a eso obedece que, ante sus reclamos, se contara con la presencia, al interior de la asamblea –cosa distinta a las organizaciones que no ingresaron– de un visitador especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del director de Gobernación del Gobierno del Estado, Wilfrido Campbell Saavedra, de Carmelo Rodríguez Mendoza, jefe de residencia en Chihuahua de la Procuraduría Agraria y de Mario Alberto Arzaga Estrada, jefe del Departamento Operativo de la Procuraduría Agraria. Los acuerdos son históricos: 1.- Restringir a la Empresa el Cascabel o Mag Silver y cualquiera otra empresa minera por un período de 100 años para realizar exploración y explotación minera. 2.- En caso de que en el futuro se presente una nueva solicitud al ejido de Benito Juárez para realizar exploración y/o explotación minera, se deberá contar con los estudios, permisos y autorizaciones correspondientes y aprobarse por unanimidad de votos de la asamblea 3.- Se establece un plazo de 48 horas, a partir de la presente asamblea, para que la empresa minera El Cascabel, Mag Silver y Majors retiren del Ejido Benito Juárez toda la maquinaria, equipo y materiales, así como todo el personal que tenga dentro de las tierras ejidales 4.- No se permitirá más a la empresa el uso de la servidumbre de paso en las tierras ejidales 5.-No autorizar a la empresa El Cascabel, Mag Silver o Majors y/o sus filiales la exploración y explotación minera. Ejemplos como éste crean esperanzas.