Costoso neocorporativismo

El Diario, 18 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Quizá para algunos de nuestros lectores el tema a comentar hoy no pudiera tener relevancia. Probablemente la tenga más que la percepción generalizada porque devela un rasgo que pareciera consolidarse de a poco en poco, conforme pasan los días y se acerca la toma de posesión de Enrique Peña Nieto; tal evento pareciera ejercer una especie de catalizador de algunas de las manifestaciones y tendencias a fortalecer algunos de los rasgos del viejo régimen dirigido por el PRI durante 54 años, para ser precisos. Es decir, desde el gobierno, nada más, que de Miguel Alemán. Aquella vieja estructura se fincaba, entre otros, en el gran pilar que lo fue el corporativismo sindical, de ahí la importancia de la CTM y su casi eterno dirigente, Fidel Velázquez, que se clonaba en prácticamente todo el país. Es de tal arraigo la figura que hasta algunos sindicatos “democráticos” cayeron en tal engendro. Pero aquel fenómeno tenía como objetivo central, no solamente controlar a los trabajadores y encauzarlos al partido oficial de su momento, sino uno de mayor envergadura, el de evitar al máximo la insumisión obrera. Con el paso de los años, de la apertura democrática en materia electoral y de la decrepitud de la dirigencia obrera, abrieron una nueva modalidad: la de los contratos de protección, es decir, la simulación de la existencia del sindicato, para evitar cualquier contratiempo a los patrones. Pero tal modalidad le hizo perder fuerza a la todopoderosa central de trabajadores y al mismo tiempo empezaron a conformarse nuevas organizaciones, casi para cualquier problema de mayor o menor magnitud. Así, el tema de los “chuecos” dio origen a las organizaciones “pafas”, con el agravante de que ofrecían una “protección” casi inexistente a cambio de crecientes cuotas. No tenían mayor problema, simulaban, o realmente formaban parte del PRI, o se servían de este partido para ejercer con mayor libertad el negocio. Así, anunciado como si formara parte de la “normalidad” del Chihuahua de hoy, dos organizaciones campesinas se asumieron, en la práctica, en partes del gobierno estatal al anunciar el año pasado, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Unión Campesina Democrática (UCD) –aunque formalmente ésta no forma parte de las organizaciones del PRI– que levantarían un censo para allegárselo al Gobierno del Estado, a fin de que fuera uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobernador César Duarte Jáquez ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal para solicitar la regularización de los vehículos internados ilegalmente al país (los “chuecos”, pues). Luego, en la semana anterior se informó que, para obtener el engomado ecológico, deberían pagarse 300 pesos de “aportación voluntaria” contra la sequía y 150 pesos para la organización que presente el vehículo a registrar. Pero con diferencias, los que se hubieran censado el año pasado con las organizaciones, sólo pagarían 300 pesos y las que no, 500 pesos. Lo anterior, porque “el Gobierno del Estado convino con las organizaciones para manejar la papelería de los propietarios de unidades ‘chuecas’, según reveló personal de la UCD y de la Dirección de Ecología del Estado al solicitarle información sobre el proceso para obtener el engomado ecológico vehicular”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 15/XI/12). Un día después, el dirigente de la UCD, Pável Aguilar, precisaría que las organizaciones no recibirían dinero alguno y que “el año pasado, en el precenso se cobraron 150 pesos que luego se entregaron al Gobierno del Estado, en apoyo a la sequía, según se acordó en asamblea con propietarios de vehículos ‘chuecos”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua,16/XI/12). Contrariamente a lo que había señalado enfáticamente el año pasado, afirmó que los propietarios que no hubiesen participado en el censo levantado por las organizaciones el año pasado deberían entregar “550 pesos de aportación voluntaria para la sequía”. Ahora ya no insistió en el carácter voluntario de tal aportación y abundó: “... por eso es importante dejar claro que en la UCD o CNC no se paga nada, es únicamente el manejo de papelería”. (Ibídem). Además, que esa aportación voluntaria fue acordada en las asambleas realizadas el año anterior, información que le fue ratificada al reportero por “trabajadores del Programa de Control Vehicular de la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado”. Ambas organizaciones entregaron al Ejecutivo estatal el 8 de julio del año pasado una lista de 60 mil vehículos de procedencia extranjera que se encontraban de manera ilegal en el estado, por cuyo registro recaudaron aproximadamente nueve millones de pesos, a razón de 150 pesos por unidad, los mismos que debieron ser entregados a la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal ¿De veras lo hicieron? Pero si ese fue un acuerdo de “las asambleas” ¿De quién? ¿Acaso, por el hecho de ir a censar su vehículo las personas adquirirían el carácter de integrantes de cualquiera de las organizaciones, con plenos derechos para decidir el destino de esa suma millonaria? El otro aspecto es el de que los dirigentes de las organizaciones actúan como si fueran funcionarios estatales, y en tal virtud anuncian fechas de censos, de apertura de registros, de instalación de módulos y lo peor, están anunciando las fechas subsiguientes de la verificación vehicular. Como lo planteó certeramente el periodista Alejandro Salmón: “Bienvenida cualquier recaudación que vaya dirigida a paliar los efectos de ese fenómeno (de la sequía), pero debió estar incluido en la Ley de Ingresos para el año 2012, o de lo contrario, se trataría de una aportación ilegal, así sea voluntaria”. Pero un año y medio atrás no decían lo mismo, dijeron que harían un “precenso”, con un costo de 150 pesos que serviría solo “como una forma de registro de autos”, que no tendría ninguna validez. (Nota de Orlando Chávez E., El Diario de Chihuahua, 6/IV/11). “Por su parte el secretario de Hacienda, Cristian Rodallegas, expresó que de llevarse a cabo un censo estatal, el precenso y lo que se haya pagado por este registro no serán considerados como válidos”. (Ibídem). Semanas después, el 8 de julio le entregarían a César Duarte un listado de 60 mil vehículos, por el cual recibieron 9 millones de pesos. ¿Podría, la Secretaría de Hacienda, informar y presentar los documentos en los cuales se demuestre que recibió de los dirigentes de las dos organizaciones tal cantidad de dinero? ¿Quiere decir, lo anterior, que se deberán auditar las arcas de estas dos organizaciones, en virtud de que recaudaron fondos para fines públicos? Tal razonamiento tiene como base el hecho de que habrá un cobro diferenciado, uno a quienes se registraron en las organizaciones para-gubernamentales, y otro a quienes no lo hicieron, es decir, que a pesar de la negativa del encargado de las finanzas estatales en su momento (y quien sería, si lo informado por Aguilar es cierto, el que recibiera las aportaciones “voluntarias” de los propietarios de los chuecos) aquel pago sí se considera válido y como aportado a las finanzas del Gobierno de Chihuahua. Vaya enredo. Una cosa es cierta, aparentemente esas dos organizaciones lucraron con el levantamiento del censo y ahora aquel cobro, conforme la información otorgada hasta ahora, pareciera querer legitimarse por la Administración estatal, y de pasada, las organizaciones pasarían a formar parte de la estructura gubernamental, hasta cobros hacen.