Anticiudadanización

El Diario, 25 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Casi caemos en la inútil reiteración de una concepción que creímos podría enraizarse en la vida política del país, y que conforme pasa el tiempo se consolida la tendencia exactamente contraria. En las numerosas concesiones que el viejo régimen corporativista del PRI de antes del 2000 hizo a la sociedad –o que ésta le arrancó al gobierno– se encontraba la de que los órganos encargados de distintas tareas no gubernamentales, pero ligadas al ejercicio de tareas de gobierno, se conformaran con un criterio ciudadanizador, esto es, que sus integrantes provinieran de la sociedad y no de los partidos, en particular del partido en el gobierno, que en aquellos años era “del gobierno”. La exageración de la intromisión del gobierno la constituían los órganos electorales, presididos por el secretario de Gobernación, en el ámbito federal, y por los secretarios de Gobierno en las entidades. Para qué agregar que en ellos el partido gubernamental tenía holgada mayoría. Llegamos así al acuerdo de que los órganos electorales deberían ciudadanizarse. El gusto nos duró muy poco, quizá en todos los casos sólo los primeros consejos generales de ellos –tanto el federal como los estatales, incluido en este caso el de Chihuahua– estuvieron conformados con criterios ciudadanizadores, si bien no se dejaron de lado los afanes controladores de los partidos políticos, y no solamente los del partido oficial. Lo que sobrevino después es un tremendo retroceso: los partidos conformaron los órganos con el criterio de cuotas, y ya no solamente en el nombramiento de los consejeros “ciudadanos”, sino en la mismísima conformación de los organismos, en toda su plantilla, de ahí que hasta algunos aspirantes, o miembros de los órganos colegiados, de las dirigencias partidarias, formen parte de la plantilla de trabajadores de los organismos electorales. Pero todavía se guardaban parcialmente las formas, los designados en los congresos no aparecían con muchas ligas a los partidos políticos; pero luego, se pasó del reparto de cuotas, a la etapa de nombramientos de consejeros ciudadanos claramente identificados con algunos de los partidos, lo que viene a ser un retroceso sin igual. Es de tal magnitud, que en las esferas oficiales ya no llama la atención las designaciones de consejeros con una vastísima carrera pública, siempre ligado a los gobiernos de alguno de los partidos, el suyo. Más aún, quienes concebimos la creación de las figuras ciudadanas para que se hicieran cargo de organismos como los electorales, los de transparencia, de derechos humanos y otros, pensaban –pensábamos– en la consolidación de la participación ciudadana en los lugares en los que se toman decisiones que deban estar ajenas a los vaivenes de las luchas partidarias y, por tanto, ajenos a la otra veta del origen del control sobre tales organismos, la del aparato burocrático. Por desgracia, tales peligros, potenciales en su momento, son hoy por hoy la realidad del México –y el Chihuahua– que llega a más allá de su primera década del siglo XXI, el siglo que creímos sería el de la consolidación de un régimen democrático. Insistir en el carácter “ciudadano” de quienes integren esos organismos tiene una muy racional explicación: que deben ser ajenos a las filias y fobias partidarias, propias de quienes forman parte de alguno de ellos, o de las estructuras gubernamentales ligadas al ejercicio del poder de cualquiera de los partidos, y que sean los simples ciudadanos, esos que elección tras elección nos ufanamos en presumir porque son ellos los que realizan las tareas electorales, capaces de tal, en esta concepción, pero a los cuales la élite gobernante no les suelta la conducción de las elecciones, en los órganos superiores de los órganos electorales. Y el resultado es, quizá, lo contrario a lo que se buscaba: órganos electorales finalmente controlados por los grupos gobernantes y con mayoría en el Poder Legislativo a donde llevan a otros de los suyos para que asuman tareas que de otro modo les deberían estar vedadas. Tales asegunes se cumplieron sobradamente con la elección de los tres consejeros del Instituto Estatal Electoral. Como dirían los clásicos de las telenovelas mexicanas, no es nada personal, pero el hecho de nombrar a un hombre con una extensa carrera en la función pública, siempre ligado a los gobiernos emanados del PRI, como lo es el abogado Ismael Torres Simental, ratifica todos los alegatos de líneas arriba, más allá, incluso, de sus capacidades y probidad, pues se le reconoce como un buen hombre en las tareas gubernamentales, que incluyeron la titularidad de la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia en el gobierno de Patricio Martínez y la subprocuraduría de la zona sur (en donde probablemente hizo contacto con el actual gobernador). Del mismo modo, la designación de la licenciada en administración, Fátima Bribiesca, es un claro aval de aquellas afirmaciones, pues independientemente de su formación profesional y de sus raíces familiares (su padre mantiene una amistosa cercanía con el escribiente) muy difícilmente podrían encuadrarse sus opiniones y posturas en el esquema del “ciudadano” común y corriente, llamado a efectuar tareas de conducción electoral, si su último empleo es la secretaría particular del consejero presidente del órgano electoral, y menos si, como se rumora, sus filias están en el PAN. Por desgracia, el escribiente no pudo acceder a ninguna otra información alrededor de la tercera designada, Luz Elena Márquez Salayandía, salvo a la información oficial que sólo aporta un elemento que a lo mejor contó sobremanera en su nombramiento: el hecho de ser originaria de Santa Bárbara, que como todos sabemos, se encuentra muy cerca de Parral, y como de allá vienen, ahora, muchos de los funcionarios pues… Pero, po’s sólo es una especulación, digo, a lo mejor, quién sabe. Toda la argumentación tendría como objeto criticar la actuación del PRI, partido mayoritario en el Congreso, pero, quizá, los partidos de la oposición, y especialmente el de la principal, el PAN (que obtuvo más del 40 por ciento de la votación para llegar a esa posición en la actual legislatura) merecen un mayor señalamiento, pues prácticamente está desaparecido como fuerza de oposición. No porque se piense que se deba actuar permanentemente en contra de la fuerza mayoritaria, pero en asuntos como el actual, ¡Por supuesto! que vale la pena ser algo más que comparsa. Esta actitud (junto con otros episodios) y la indescifrable postura de votar a favor del nombramiento de ciudadano distinguido al gobernador César Duarte, extendido por el Cabildo juarense por unanimidad, llevan a la conclusión que el desmoronamiento del PAN va más allá de lo que pensamos. ¿Y los otros? Bueno ¿Pa’ qué hablamos? Uno anda muy ocupado en asistir a los actos en los cuales se les impone nombres de dirigentes magisteriales a las escuelas; el otro se cansó de elogiar el segundo año de gobierno de César Duarte, y uno más solo alcanzó a patalear (figuradamente, por supuesto) para luego votar a favor de los nombrados y el Verde ¿Existe eso? Con tales antecedentes nos toparemos en la semana que el Congreso elegirá a dos consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) ¿Creen que nos irá mejor?