Casi robo en despoblado

El Diario, 27 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero flores No es una coincidencia que asuntos como el ahora abordado ocupen la atención de la mayoría de los medios de comunicación, y se establezca una relación directa entre lo informado, y las reacciones de una buena parte de la población. Es lógico, al final del año las disparidades económicas se agudizan, tanto con los ingresos salariales (los que cuentan con ellos) como con las prebendas o conquistas laborales entre los distintos protagonistas de la producción de todo tipo de bienes y servicios. Pero si tales diferencias pueden, finalmente, aceptarse, porque así es el sistema económico hasta hoy vigente, hay un sector de la sociedad que recibe el rechazo de prácticamente toda la población: el de la clase política. Los excesos de ésta, en tiempos en que las carencias y el desempleo, además de la violencia, los signan y marcan indeleblemente y hacen que, como en ninguna otra época del año, se incrementen estratosféricamente las críticas y la desaprobación hacia su desempeño, y fundamentalmente a sus ingresos salariales. Tal oleada de rechazos y señalamientos tienen, ahora, una causa, la información dada a conocer acerca del monto de aguinaldos a recibir de los legisladores federales que apenas tomaron posesión de su cargo a fines de agosto; la entrega de 250 mil pesos a cada senador para la compra de vehículo y de 25 mil más para la adquisición de una laptop, como si los salarios devengados no fueran suficientes para que las adquirieran por su propia cuenta, tal y como lo hacen el resto de los asalariados. Es, llevado a otro extremo, como el del pago de las toallas de la casa de Vicente Fox, o el de las comidas de los altos mandos de la Secretaría de Hacienda (y no sólo, pero en ésta el exceso llega, proverbialmente, a límites conocidos por los más ricos del orbe, y no solamente los árabes). Catalogados tradicionalmente como los políticos “decentes”, los miembros del PAN llegados al gobierno son quienes han contribuido mayormente al creciente desprestigio del total de la clase política. Quizá sus excesos al frente de los gobiernos, fundamentalmente en el federal, sean menores a los conocidos por sus ancestros en el cargo (sirva sólo de ejemplo que Carlos Salinas de Gortari ejerció una “partida secreta”, por un monto mayor a los 20 mil millones de dólares en su sexenio) pero, precisamente porque llegaron con la promesa del cambio y una de las características fundamentales de ese cambio, así lo pensaron millones de electores, fue que no tomarían a los presupuestos públicos otorgados a su responsabilidad como el botín que hubiesen alcanzado. Hoy sabemos que aquello fue historia. Fue peor. A lo que ya se sabía, de la elevación estratosférica del número de mandos superiores bajo los gobiernos panistas –al principio del foxismo había 24 mil 710 plazas, cuyo costo pasó de 77 mil millones de pesos a 113 mil millones, según un análisis del PRD en 2005– ahora empieza a develarse que tanto Fox como Calderón violaron flagrantemente las diversas disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo para disminuir el número de esas plazas. Desde 2003 la Auditoría Superior de la Federación había concluido en su revisión de la cuenta pública que la mayoría de los funcionarios federales “no cumplían el perfil del puesto asignado” y que no sólo se habían aumentado los puestos, sino que se habían duplicado muchos de ellos. (Nota de Enrique Méndez, La Jornada, 26/XI/12). Los intentos de la Cámara de Diputados para enfrentar eso fueron varios. Primero ordenó una reducción de altos mandos en el 25 por ciento, entre 2008 y 2012. Nada. Luego aprobaron que el presidente de la República “sólo pudiera hacer 179 nombramientos de altos funcionarios” (Ibídem). Nada. Luego, le puso límites a los salarios del presidente y los secretarios del gabinete, así como a los titulares de las entidades autónomas. Nada. Peor, en la cuenta pública del 2009 el hallazgo fue que las secretarías de estado no le habían entregado a la Secretaría de la Función Pública la relación de sus nóminas. ¿Cómo iban a hacer eso? ¿Cómo justificar que en 10 años de gobiernos panistas, del billón 281 mil 902 millones de pesos obtenidos por excedentes petroleros, el 72 por ciento se emplearon en gasto corriente, es decir, salarios? ¿Podemos esperar cambios en este aspecto, al tomar posesión los nuevos, que por las filtraciones de nombres de quienes, se supone, integrarán el gabinete de Peña Nieto, no son tan nuevos?