¡Viva Don Porfirio!

Luis Javier Valero Flores | 29-09-2012 | 21:56 En una inesperada jugada, Felipe Calderón envió (con el tiempo sabremos si en coordinación con el equipo de Enrique Peña Nieto) la reforma laboral más regresiva de las propuestas a lo largo de las dos últimas décadas. La reforma laboral aprobada incluye la reglamentación del outsourcing, los contratos de prueba y de capacitación inicial y pagos por hora y un sinfín de verdaderos retrocesos laborales que en lugar de modernizar las relaciones laborales, las regresaron a tiempos verdaderamente ante diluvianos. Don Porfirio Díaz no se ha ido de nosotros. A veces pecamos de ingenuos ¿Cómo pensar que se aprobaría semejante atentado en contra de los cacicazgos sindicales, si los caciques de ese rango son quienes dirigen los órganos parlamentarios encargados de discutir las reformas laborales? Don Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, es un viejo dirigente (72 años), integrante de la cúpula de la CTM y ex varias veces diputado y senador. A su vez, Ricardo Aldana, tesorero del sindicato petrolero en tiempos del Pemexgate, fue, ahora, uno de los más activos defensores de la iniciativa de Calderón. Más datos para la ingenuidad. ¿Cómo pensar que se detendría el trámite legislativo si quienes dirigieron la sesión del viernes fueron Jesús Murillo Karam, un ex de todo, de Miguel de la Madrid para acá, cercano a Salinas de Gortari, integrante del equipo de Peña Nieto y de dos de las familias que se han rotado la gubernatura de Hidalgo desde los tiempos de la Revolución; Fernando Bribiesca, el hijo de Marthita Sahagún, hijastro de Fox e involucrado en infinidad de negocios a cual más de escabrosos y llegado a la Cámara de Diputados por la vía del Panal y de José González Morfín, michoacano, uno de los hombres más cercanos a Calderón? Esos son los que aparecieron en el balcón de la Cámara de Diputados, para en un acto carnavalesco, proseguir la sesión en virtud de la toma de la tribuna realizada por muchos de los diputados de la izquierda, en abierta insurrección de su coordinador parlamentario, Silvano Aureoles, –del grupo de Amalia García y estrechamente ligado a Jesús Ortega– quien corrió a disculparse de ese acto con Manlio Fabio Beltrones, uno de los impulsores de la reelección legislativa inmediata cuando era coordinador de los senadores del PRI, en el actual sexenio, y ahora lo es de los diputados federales. ¡Ay nomás! (Nota de La Jornada, 29/IX/12). Todo, porque, al igual que en la reforma del artículo 27 constitucional, efectuada para legalizar lo ilegal en el sexenio de Salinas de Gortari, esto es, la renta y venta de las tierras ejidales y comunales, impedimento para elevar la productividad en el campo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes rurales del país, dijeron entonces; la reforma laboral, arguyen ahora, es para modernizar las relaciones laborales, estimular la creación de empleos, elevar los salarios, la productividad y atraer la inversión extranjera, como si la actual situación económica fuera resultado de las “arcaicas” relaciones laborales vigentes en México. Más allá de las formas de la discusión en la Cámara de Diputados en los días previos y particularmente el viernes, lo realmente importante es que en unos cuantos días la revivida alianza del PRI y del PAN resolvió impulsar una reforma de largo aliento. Contraria totalmente a legislación laboral existente, que viola distintos tratados internacionales firmados por México, que lesiona seriamente las prestaciones de los trabajadores y encontrará una gran oposición en las calles. Peor aún, no contribuirá al mejoramiento de la situación económica, profundizará la pobreza y la desigualdad y un aspecto todavía más grave, está diseñada para disminuir el gasto total de las pensiones pues habrá una drástica baja de los montos salariales, revivirá viejas prácticas de explotación, estimulará otras ya existentes, como las generadas por los contratos out sourcings e incidirá seriamente en el modo que el Estado mexicano enfrente gravísimos problemas de salud pública al no tener capacidad para afrontar el crecimiento de las enfermedades derivadas de la obesidad, el número de pacientes diabéticos e hipertensos, algo de lo que ya debiera estarse previendo. No hay problema, los mandamos al seguro popular. Lo sucedido en la Cámara de Diputados, después del zipizape de la toma de la tribuna y cuando se discutió en lo particular la reforma, es una verdadera grosería a los mexicanos, a todos. Fue patético ver a una buena parte de la clase política protagonizar un vodevil: los diputados que querían hacer modificaciones a algún artículo en lo particular pasaban a leer y argumentar sintéticamente su propuesta, luego, el presidente ponía a consideración de los diputados si se discutía o no la propuesta. Una mayoría obtusa de diputados priistas, panistas, del Verde y del Panal, automáticamente votaban por la negativa ¡A discutir! Así pasaron las horas porque las propuestas particulares incluían prácticamente a todos los partidos. No había intención alguna, ni siquiera, de discutir. Entre los aspectos más negativos de la reforma resaltan la limitante, sin más restricciones, al pago de salarios caídos a un año, independientemente de en quien recaiga la responsabilidad del alargamiento de los juicios. Se incluyen nuevas modalidades de contratación por hora, por obra o por temporada, así como la autorización de los contratos a prueba y de capacitación inicial. El patrón queda facultado para que al término de este tipo de contratos determine si el trabajador es apto para desempeñar el cargo, y en caso de considerar que no lo es, pueda despedirlo sin pago de indemnización alguna. Se aprobaron los pagos por hora, que no podrán ser inferiores al salario correspondiente a una jornada, cosa que impactará directamente en los montos de las pensiones una vez alcanzada la jubilación, para lo cual los trabajadores deberán laborar, quien sabe cuánto, para alcanzar las cotizaciones necesarias a fin de recibir una pensión jubilatoria. Otro de los argumentos de los impulsores de la reforma estriba en que, dicen, existe una excesiva rigidez laboral, pero el articulista Carlos Puig (Milenio, 29/IX/12), citando al Dr. Ciro Murayama, arguye que de octubre de 2008 a mayo de 2009 se perdieron 696 mil empleos formales, “casi cien mil por mes. Cien mil despidos al mes de trabajadores afiliados al IMSS, lo que implicó pagarles indemnización por antigüedad y demás”, lo que implicó un gran gasto para las empresas. No pasó nada. Pero para agosto de 2010 ya se habían recuperado 630 mil empleos. En ninguno de los casos la ley fue factor, en ningún sentido, y llega a la conclusión de que rigidez no había pues uno de cada 20 trabajadores fue despedido en ese período. No, definitivamente, la ley a derogar no era la causa de la debacle económica, es la política económica, pero inmersos en el espejismo de la modernidad laboral se encontrarán los panegiristas de esta contrarreforma laboral, al paso de muy pocos meses, ni los empleos crecerán, ni vendrán los capitales, ni tendremos un boom económico sólo porque tenemos nueva legislación. Ahora presionarán para efectuar la reforma fiscal, sólo para disminuir el pago de impuestos de los grandes causantes y aumentárselos a los trabajadores y empleados, además de los pequeños y medianos empresarios. Al tiempo.