No hay otra, a revisar documentación

El Diario, 20 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Los acontecimientos de los últimos días, en relación con el conflicto del agua entre campesinos –casi todos ellos ejidatarios– y productores menonitas, así como las intervenciones oficiales, nos llevan a pensar que es cuestión de horas para la presentación de la primera tragedia de esta que es, ya, la guerra del agua, cuyas consecuencias, además de los probables enfrentamientos físicos, van más allá de la disputa por la producción agrícola de los protagonistas. Ayer, productores menonitas “del campo 72, ubicado en el kilómetro 50 de la carretera Namiquipa-Panamericana”, anunciaron su negativa a la revisión de los aprovechamientos “superficiales y subterráneos” del agua, porque, advirtieron, también podían “cerrar carreteras o el paso de los trenes”, pues, informaron, celebraron un acuerdo con funcionarios de Conagua en agosto pasado a fin de que durante seis meses no se revisaran los “pozos y represas denunciados por ejidatarios como ilegales” (nota de Antonio Rebolledo, El Diario 19/IX/12). Durante los últimos meses el conflicto por el uso del agua en el noroeste del estado ha sido el tema recurrente. La indisposición de los productores menonitas a que sean revisados sus pozos y presones, de inmediato hace suponer que tal pretensión esconde la existencia de un mar de corruptelas para obtener los permisos correspondientes en la perforación de pozos; para hacer el cambio de uso de suelo y la dotación de energía eléctrica para su funcionamiento. ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Mediando las pretensiones de las partes? ¿Hay agua para hacer eso, es decir, llegar a un acuerdo a fin de que las dos partes en pugna obtengan el agua necesaria? ¿Estamos en condiciones de construir la infraestructura hidráulica suficiente para dotar a ambas partes del agua reclamada? ¿No se efectuarán las revisiones necesarias para encontrar la fuente de las corruptelas? ¿Es válido hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Lo podemos hacer con el recurso que más nos falta, y no solamente para las actividades agropecuarias? ¿No será suficiente con el llamado de atención de los habitantes de Constitución, que ya no tienen agua ni para las actividades domésticas en su pueblo y que ahora deberán hacer uso de la hallada a más de 300 metros de profundidad y que, en cambio, se abran nuevas explotaciones agrícolas a su alrededor –de menonitas– que se “cuelgan” de la energía eléctrica y convierten tierras de pastoreo en agrícolas sin permiso de autoridad alguna? ¿No será suficiente, para acabar con la ilegalidad, que la mayor parte de los mantos freáticos de la entidad están agotados, que poblaciones como Jiménez deban buscar agua a profundidades no recomendadas, por la potencial toxicidad del agua? La situación ya no admite subterfugios, o se inicia una cruzada para cancelar todos los pozos y presones ilegales –y la única manera de hacerlo es revisando la documentación y la operación de ellos– o sencillamente empeorará gravemente en el curso de los próximos meses, o días, pues las expresiones emitidas por ambos bandos son de ese talante. Y los pronunciamientos de las autoridades no deben dejar dudas. El anuncio, primero, de que Conagua local no tiene recursos para hacer esa revisión es desconcertante. Ahora, ante el anuncio de que vendrán brigadas de esa dependencia de otras entidades, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Estado, a realizar el operativo, los productores menonitas reaccionaron anunciando que algunos iniciarán una nueva migración y, otros, se opondrán a las revisiones. A su vez, el gobernador César Duarte, al tiempo que deplora la partida de menonitas, anuncia que se creará la infraestructura necesaria pero que hay diversas maneras de demostrar la legalidad del funcionamiento de los pozos y no sólo la documental. Así lo dijo: “Están salvaguardados los derechos de quien legalmente está utilizando el agua. Y cuando me refiero a legalmente, es no necesariamente que tengan los papeles, hay muchas razones por las cuales hay un marco al cual se acogieron y se generaron derechos. Los cuales deben ser respetados”. Definir tales aspectos, aclarar la participación de las distintas dependencias involucradas –y no sólo las federales– esbozar la ruta crítica de la resolución del conflicto, es insoslayable. Pero no hay otra salida, sólo la de la plena vigencia del marco legal. Por él clamamos permanentemente.