Las estadísticas del gobierno de Duarte

El Diario, 23 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores En una semana, César Duarte realizará un acto en el cual dará a conocer el informe de gobierno que entregará un día después al Congreso del Estado. En él ocupará parte central la visión que sobre la seguridad pública mantiene la actual administración estatal y sobre la cual, seguramente, hilvanará importantes tramos de sus discursos, de ese día y de los subsecuentes. Priva en una buena parte de la población la percepción de que ha mejorado la seguridad pública; la autoridad ha insistido en que tal percepción tiene sustento en la realidad y que tiene como origen la actuación de las autoridades y la puesta en marcha de un conjunto de medidas de carácter policiaco, legislativo y educacional. Para sustentarlo, Duarte se basará en la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), la misma que el escribiente ha usado para pergeñar estas notas. En un estudio comparativo que sólo considera los períodos de enero a julio de cada año, informan que de 2010 a 2012 han disminuido los homicidios en un 48 por ciento. A su vez, en el robo de vehículos con violencia, de enero a julio de 2010 se robaron 3 mil 27 vehículos; en 2011, 4 mil 371; y en el actual, 2 mil 474, lo que significa una baja del 43 por ciento respecto a 2010. El robo de vehículos sin violencia es un delito que va a la baja, con un 53 po ciento en 2012, respecto a 2010. En ese año fueron robados 13 mil 135; en 2011, fueron 8 mil 923 y en 2012, 6 mil 127. No sucede lo mismo en el robo a comercio con violencia pues prácticamente no ha variado respecto de 2010 ya que en ese año fueron 365, para subir notoriamente en 2011 a 424 y llegar a 311 en 2012. Es decir, prácticamente igual. En el caso del robo a comercio sin violencia, después del pico de 2010 –mil 440– se mantiene en los niveles del año anterior pues en 2011 fueron 915 y en 2012 se efectuaron 897. El robo a casa habitación con violencia bajó un 52 por ciento respecto a 2010, cuando se presentaron 239, para bajar en 2011 a 126 y mantenerse en 2012 pues se presentaron 115. Pero si todas las cifras delictivas, por lo menos las aquí mostradas van a la baja, así sea ligeramente, en el caso del robo a casa habitación sin violencia hay un aumento en 2012, respecto al 2010, ya que pasamos de mil 639 en ese año, a mil 840 en este año, luego de presentarse mil 879 en 2011. Pero son los homicidios los que más preocupan. Para ubicar adecuadamente el problema recurramos a las cifras anuales, también proporcionadas por la FGE. Así, el total de homicidios dolosos ocurridos en 2008 fueron 2 mil 549; en 2009, 4 mil 519; en 2010, 5 mil 898; y en 2011, 4 mil 14. Con esas cifras, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue, en 2010, de 179 y en 2011, de 122. En 2012, hasta julio, se habían presentado mil 757 homicidios, un promedio diario de 8.3, lo que hace, proyectando estas cifras, al terminar el año, de 3 mil 53 homicidios, por lo tanto, con una tasa de 92, igualmente por cada 100 mil habitantes. Tales proyecciones harían que la disminución, respecto a 2011, sería del 23.89 por ciento. En cambio, respecto del 2010 sería del orden, efectivamente, del 48 por ciento, pero todavía por arriba del 2008, año en el que la tasa fue de 77 y por abajo del 2009, en el que fue del orden de 136. Aunque deberá aclararse que este es el total de homicidios, a los cuales habría que desagregársele los que la Fiscalía considera como “Víctimas de homicidio doloso con móvil de delincuencia organizada”, que son, por año, en 2008, mil 24; en 2009, mil 976; en 2010, 4 mil138 y en 2011, según este recuento, 2 mil 838. El total de homicidios asciende, en el período 2008-2011, a 16 mil 980, pero de ellos “sólo” 9 mil 976 son del móvil de delincuencia organizada, es decir, que a pesar de no estar en guerra, los chihuahuenses no involucrados en ella, asesinaron a 7 mil 4 personas, lo que nos llevaría a que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ascendiera a 17.68. Si pudiéramos “desagregar” a quienes asesinan por el tráfico de drogas y otros delitos del crimen organizado, entonces nos veríamos al espejo y encontraríamos que los niveles de, para llamarlo con las voces de este sexenio, cultura de la legalidad, muy bajos, si los comparamos con las tasas de homicidios de los países del mundo desarrollado cuyas tasas oscilan entre menos de 1 y 3 por cada 100 mil habitantes. O dicho de otra manera, si las cifras desagregadas de la FGE son correctas, querría decir que el resto de los chihuahuenses matan tanta gente como los narcotraficantes, 3 mil menos en 4 años, en una de las peores épocas de quienes participan de esta actividad, que nos lleva a pensar que las cifras de homicidios no ligados al narco, en épocas “normales”, son muy superiores a aquellas. Además, son de llamar la atención las cifras de los asesinatos de mujeres. Las relacionadas con la delincuencia organizada ascienden, en el período 2008-2011 a 761, pero el total de mujeres asesinadas asciende a 1,238, casi medio millar (477) que, por lo menos en las estadísticas oficiales, no estaban relacionadas con la disputa de los cárteles de las drogas, lo que eleva infinitamente la tasa de feminicidios en el estado, a niveles que ni siquiera en la peor de las rachas habíamos tenido. Grave, muy grave, porque las cifras de los delitos ligados a la guerra de las drogas pueden disminuir, hasta drásticamente si se aplican las medidas correctas, si se arreglan entre sí los cárteles, o por el desgaste de los grupos criminales y hasta por la acción oficial, pero las otras cifras son de una profundidad y una duración infinitamente superiores porque reflejan el grado de primitivismo de nuestra sociedad, por muchos factores no todos atribuibles al gobierno –aunque sí preferentemente, porque obedecen al tipo de régimen que hemos construido– entre los cuales destacan la escasa confiabilidad de la sociedad hacia las instituciones de procuración y aplicación de justicia, a que éstas no funcionan correctamente, a que los ciudadanos, por esas razones, no optan por solucionar sus conflictos con otros por las vías legales, porque las instituciones no se perciben como las que pueden hacerlo y las pruebas las tiene el ciudadano casi a cada paso de su vida. Obedece también, y es un factor importantísimo, a que ha permeado a niveles insospechados concebir al gobierno, no como la instancia racional que conduce la administración pública, sino el aparato burocrático cuya eficiencia es tal que ya no garantiza a la sociedad un mínimo de seguridad. De este modo, podrá ufanarse la actual administración que se han mejorado algunas cifras delictivas y que la percepción ciudadana sobre la seguridad pública ha cambiado notablemente –para prueba ahí está la muchedumbre que salió a los festejos del 15 de septiembre en las dos urbes chihuahuenses– pero de ninguna manera podemos decir que ya salimos de la crisis de seguridad pública y de la de procuración y aplicación de la justicia, menos aún que se han sentado las bases para el establecimiento de una sociedad menos violenta. Falta comprobar que las cifras a la baja obedezcan al conjunto de acciones gubernamentales, o se deban a la dinámica de quienes se disputan el territorio para traficar estupefacientes y de esto último se destaca la declaración de varios especialistas norteamericanos quienes afirman que a pesar del “blindaje” de la frontera, el trasiego de drogas ha aumentado 800 por ciento. (Nota de La Jornada, El Diario, 11/IX/12).