Cuestionable inicio electoral

El Diario, 9 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Muy lejos aún de las campañas electorales y de las designaciones de candidatos, la actividad política, sin embargo, está al rojo vivo. Más aún, en aras de resolver de inmediato las propuestas del gobernador César Duarte, la legislatura ha realizado auténticas chicanadas legislativas. No puede recibir otro nombre la pretensión de los legisladores priistas –en esta ocasión, al parecer, acompañados de los diputados de todos los partidos pues nadie declara en sentido contrario– de modificar la fecha de inicio del proceso electoral y trasladarla al 15 de enero, para contar con el tiempo necesario, a fin de efectuar las modificaciones constitucionales necesarias para aprobar la propuesta de Duarte y alargar los períodos de alcaldes y diputados locales. Por si fuera poco, un incidente desesperadamente común en los últimos meses, el enésimo asalto y robo a viajeros chihuahuenses en el tramo carretero Cuencamé-Fresnillo, destapó una vertiente de irregularidades en el uso de los bienes del Congreso del Estado, al saberse que el vehículo robado fue una camioneta Suburban, propiedad del Poder Legislativo, tripulada por un hermano del diputado local priista Alex LeBaron, acompañado de otros jóvenes, al igual que él, integrantes de la agrupación juvenil de la CNC, por puritita casualidad, la organización campesina emblemática del PRI. Además, la también soterrada disputa por la candidatura a la alcaldía de la capital entre los ex diputados federales Alejandro Cano y Maurilio Ochoa, hecha pública de manera abierta por el ex alcalde Cano en una entrevista concedida al portal digital La Opción, develó los orígenes de los insistentes llamados públicos efectuados por el gobernador Duarte a no adelantarse en los tiempos de postulación –se les puede acabar el calendario, les dijo recientemente–. En la referida entrevista, Cano catalogó como un acto de traición y deslealtad al partido la decisión de Ochoa de no votar a favor del aumento del IVA del 15 al 16 por ciento, en una controvertida jugada de priistas y panistas, en la que Calderón pidió a los tricolores que votaran a favor del aumento de ese impuesto y éstos lo condicionaron a que firmaran un compromiso de no efectuar alianzas electorales con el PRD en las elecciones estatales del estado de México (¡Nomás!) y Oaxaca. Cosas de nuestra ínclita clase política, hicieron una extraordinaria contribución a la picaresca mexicana en esa ocasión. El pacto fue firmado –¡Qué cosas debemos ver!– ni más ni menos que por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y los dirigentes partidarios del PRI. Luego, Gómez renunciaría, no por ningún asunto de su competencia, sino porque entendió que su partido y su presidente no honraron su palabra. Las consecuencias de aquella votación llegaron hasta nuestros días y localidades. Alejandro Cano la usó para acreditar ante sus compañeros de partido que él sí es leal y obediente. Este es el fragmento en cuestión de la entrevista: “Presume que solo faltó una vez a las sesiones; y, eso, justificadamente. Asistía a las sesiones previas, obedecía a su coordinador estatal y al nacional y se apegó a la talacha legislativa. Recuerda el caso del incremento del IVA al 16 por ciento. ‘En la previa yo voté en contra”, sostiene. Y añade que al existir mayoría en el grupo parlamentario, hubo de sumarse y votar a favor del aumento en la sesión plenaria, aquel año de 2009. Luego, dice que quien votó en contra del incremento al Impuesto al Valor Agregado, sin lealtad ni congruencia a su partido, cometió un acto de traición política. ¿Es una referencia concreta?, se le pregunta. Y responde: “concretísima”. Manifiesta apasionadamente que un diputado “debe ejercer un acto de conciencia en la previa pero sujetarse al acuerdo de la mayoría en la plenaria”. No habíamos presenciado confrontación tan abierta en los últimos tiempos del PRI en Chihuahua, pero quien debe resolverla, lo hizo. Apenas la semana anterior, Maurilio Ochoa fue designado presidente de la Junta Municipal de Agua de la capital y su nombramiento implica, eso entiende el escribidor, que ha quedado fuera de la disputa por la alcaldía; lo contrario sería estirar demasiado la liga, es decir, si decide efectuar este nombramiento por sólo unos cuantos meses y a principios del 2013 designarlo candidato a la presidencia municipal. ¿Le queda abierta la vía a Alejandro Cano? Po’s quién sabe, ese es uno más de los inescrutables misterios en poder de quien lo puede decidirlo casi todo en Chihuahua. Por lo pronto, quizá coincidentemente, otro de los mencionados en los corrillos políticos, Javier Garfio, secretario de Obras Públicas y uno de los hombres más cercanos al gobernador Duarte, levantó la mano y declaró que sí le gustaría ser alcalde, pero también diputado local, que quienes “andamos” en la política, desearíamos, cómo no, ser los depositarios de tales designaciones. Es decir, se inició la carrera en Chihuahua ¿Y Juárez? Bueno, esa es otra historia, luego la platicamos. Pero tantos movimientos y declaraciones políticas, reflejan, finalmente tendencias, en algunos casos verdaderamente preocupantes. Vayamos por partes, necesariamente. ¿Cómo está eso de que, al quince para las doce, cambiemos la ley para modificar la Constitución? ¿No existe una especie de espíritu de autocontención para que, cuando decidamos modificar el máximo ordenamiento legal de la entidad, lo hagamos después de una muy concienzuda reflexión y la mayor discusión posible, sobre todo si las pretendidas modificaciones son de largo aliento? ¿Dónde las extendidas expresiones populares para ampliar la duración de alcaldes y diputados? ¿Dónde los serios estudios, que nos lleven a modificar la forma de elección de síndicos y la desaparición de la prelación en la asignación de diputados plurinominales? ¿Dónde la discusión de los sectores de la sociedad interesados en participar de tales definiciones? Al contrario, todo parece transcurrir en dos pistas, distantes la una de la otra, y hasta divergentes. Tema igualmente importante es el asunto de los bienes públicos puestos a disposición de los partidos políticos y sus organizaciones. ¿Cómo justificar que personas ajenas al Congreso del Estado utilicen los vehículos de este poder para acudir a un acto partidario, porque finalmente eso son las reuniones de las organizaciones adheridas a un partido político, en este caso la CNC al PRI? Lo que pasa es que, cada vez con mayor ímpetu, por desgracia, la clase política pretende hacernos creer que es “normal” que los diputados sean algo así como funcionarios partidistas “becados” por los órganos legislativos y, por tanto, puedan usar los bienes públicos, puestos a su servicio para tareas derivadas de su encargo público, en los actos partidarios que juzguen conveniente. Igual ocurre en las campañas. Todos los diputados, de todos los partidos, se ponen de acuerdo para adelantar o suspender sesiones del Poder Legislativo a fin de incorporarse a las campañas electorales, y no solamente los fines de semana porque todo mundo hemos aceptado como “normal” que tales funcionarios públicos puedan dedicarse de tiempo parcial a las tareas partidarias. Nos quedó pendiente aquello de la “obediencia” partidaria. ¿Cuándo nos dijeron, los candidatos del PRI en 2009, que iban a aumentar los impuestos? ¿No prometieron, acaso, lo contrario? Entonces ¿A quién guardarle obediencia, al partido, o a los ciudadanos que votaron por ellos por una promesa como ésta?