Terminar con el tráfico de votos

El Diario, 27 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Si no pasa alguna cosa por demás inesperada y muy importante, seguramente que el Congreso del Estado discutirá en los próximos días lo que comúnmente se ha denominado como reforma política, que no terminamos de discutir (sí, ya sabemos que siempre será inacabada la necesidad de reformar aspecto tan importante de la sociedad) pero que cada legislatura aborda bajo el sambenito de que será la más importante. Además de los más polémicos temas –por lo menos para una parte de la sociedad, quizá, y por desgracia, la menor– propuestos sin la participación de los chihuahuenses, como la prolongación del mandato de alcaldes y diputados, la inclusión de los candidatos a síndicos en la planilla municipal, la desaparición de los diputados de representación proporcional de prelación y la desaparición de la, así llamémosla, quinta vuelta en la asignación de esos mismos diputados, la actual legislatura debiera hacer, así fuera rápidamente, una revisión de los principales aspectos controversiales de las pasadas elecciones federales para retomar y adecuar nuestro marco legislativo electoral y con ello, salir al paso de nuevas querellas electorales y colmar algunos de los principales reclamos de la ciudadanía en esta materia. Uno de ellos, resuelto satisfactoriamente –por lo menos para el escribiente– es el de impedir que los partidos “menores”, a fuerza de convenir alianzas electorales, obtengan y mantengan el registro electoral, en un hecho en el que la ciudadanía, por lo menos la absoluta mayoría en lo general, y también quienes votan por esa coalición, ni siquiera tienen en mente que están otorgándole a esos partidos “vida artificial”, cuyos beneficios de ninguna manera tienen esa categoría. El colmo de tales maniobras o chicanadas electorales lo constituyó el convenio realizado entre PRI, PVEM y Panal en las elecciones locales del 2010. En ella, en una alianza parcial al Congreso del Estado, pactaron que al PRI no se le adjudicara un solo voto de los obtenidos por la alianza en los distritos que presentaron candidatos, y que el total de votos se repartieran entre los otros dos partidos, en una más que criticable decisión de traficar con los votos de los ciudadanos ¡Antes de que emitieran el sufragio! No se critica el hecho de concretar alianzas electorales, sino el de pactar los votos sin que los ciudadanos, que van a sufragar por tales coaliciones, estén enterados de tal decisión. Luego les informan que, gracias a esas maniobras tal y cual partido ya tuvo derecho a un número mayor de diputados y a gozar de un muy elevado porcentaje de las prerrogativas otorgadas por el IEE. Todo a espaldas del electorado. Esto ya no ocurrió en el pasado proceso electoral federal pues en las boletas aparecieron los logotipos de todos los partidos y en el caso de los coaligados aparecía el mismo nombre de sus candidatos. De ese modo, el simpatizante de la coalición no sólo tuvo la posibilidad de votar por su candidato, sino que, además, pudo elegir al partido de su preferencia. Así, si un partido coaligado no obtiene el número de votos necesarios para mantener su registro electoral, ya no tiene la posibilidad de pactar una alianza y de esa manera evadir el juicio crítico de la ciudadanía. Más aún, al obtener una cantidad determinada de votos, sólo tendrá derecho a las prerrogativas que le conceda ese porcentaje, gracias a la votación alcanzada. Y esto sí ha sido parte de los reclamos de la sociedad a la clase política, expresados de mil y una maneras y no, por ejemplo, la prolongación del mandato de los presidentes municipales (algo en lo que pudiera convenirse sería bueno para las grandes ciudades) y de los legisladores (que en este caso tienen un rechazo casi total) reforma que encuesta tras encuesta, sondeo tras sondeo, siempre recoge una abrumadora mayoría en contra de ella, en niveles por encima del 70 por ciento, ¡7 de cada 10 ciudadanos consultados la rechaza! Por otra parte, los diputados locales, tan preocupados, en el discurso, de recoger el “sentir” ciudadano, no han alcanzado a explicar de manera transparente cuáles son los beneficios de aprobar las modificaciones propuestas que los llevaron a posponer el inicio del proceso electoral para aprobarlas, las mismas que en sus campañas ninguno mencionó que las propondría.