Nadie resuelve

El Diario, 13 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Si hubiera que recurrir a una figura, que por desgracia en este caso no lo es, para ilustrar la profundidad del conflicto del agua y la electricidad para la producción agropecuaria, ahí está la nota en que se informa del deceso de un menonita, ocurrido en el municipio de Villa Ahumada el fin de semana anterior. El menonita murió electrocutado en el intento de “colgarse” de la energía eléctrica y conectarla a un pozo ilegal. ¿Qué le vamos a hacer? En el curso de los últimos días, todas las autoridades implicadas en el conflicto del agua y la electricidad se han acusado unas a otras de la desesperante situación existente que ha llevado a productores no menonitas a bloquear el tráfico de trenes en Ahumada desde ayer. Así, el gobernador del Estado, César Duarte, acusó a Conagua y CFE de avivar el conflicto entre campesinos pues la dependencia encargada del agua intenta trasladar el problema y “enfrentar chihuahuenses para luego endosarle el problema al Gobierno del Estado”. Pero al criticar tales posturas, en un lenguaje críptico, al comentar el operativo, encabezado por la Secretaría de Gobernación, anunciado para cerrar pozos de donde se extrae agua sin el permiso correspondiente, el mandatario afirmó que es un “ejercicio que a todas luces no les ha dado resultado” (nota de Alejandro Salmón, El Diario), dando a entender que en esa acción el Gobierno del Estado, o no participa, o simplemente no comparte esa manera de resolverlo. La confusión generada por las dependencias oficiales es verdaderamente pasmosa. El martes, la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (CNA o Conagua) informó que ya no cuenta con los recursos financieros y humanos para atender el problema masivo de pozos ilegales (nota de Heriberto Barrientos, El Diario, 12/IX/12). Según esta información es el Gobierno del Estado el que ha solicitado la participación de la Secretaría de Gobernación en los operativos mencionados arriba. ¿Y entonces? Y esa es, sólo una parte del problema, la otra es el conflicto con la CFE, a causa de los adeudos de cientos de productores y el incumplimiento de la paraestatal al acuerdo signado días atrás mediante el cual se comprometió a suspender los cortes de electricidad, en tanto que los usuarios iniciaban el pago parcial de sus adeudos. Bueno, ya para que hasta el gobernador del Estado acuse directamente a la paraestatal de faltar al compromiso firmado, quiere decir que existe un elevado grado de ingobernabilidad ¡Pero al interior del Gobierno federal! Las acusaciones son lapidarias, especialmente las lanzadas por el diputado local priista, Alex LeBarón, quien acusó de corruptos al delegado de Semarnat, José Ignacio Legarreta Castillo, y al gerente de Conagua en el estado, Sergio Cano Fonseca, “por permitir la perforación de pozos para uso agrícola en zonas de veda, a cambio de sumas en dólares” (nota de Antonio Rebolledo, El Diario, 11/IX/12). Fue más allá en sus acusaciones: “Ahora por eso vemos a mestizos y menonitas unidos contra Conagua, dependencia federal que permitió la sobreexplotación subterránea, pero también la colocación de presones en la parte alta de la cuenca de El Carmen, en Namiquipa”. Si faltara un ingrediente, de acuerdo con la nota, un estudio efectuado por Conagua, referido por el diputado, además de dar cuenta de la existencia “de 2 mil 846 solicitudes de apertura de pozos en las áreas no vedadas del acuífero, esto es, en zonas de libre alumbramiento”, pero que en realidad esconden el hecho de ser, “pozos clandestinos de extracción subterránea por consentimiento de Conagua y colusión de la Comisión Federal de Electricidad”. Además, que el estudio atribuye la mayor parte del problema al incremento de la superficie agrícola, asunto en el que la “Semarnat emitió escritos de autodeterminación a los solicitantes de cambio de uso de suelo, en lugar de negarles el permiso por sobreexplotación del acuífero” y a que dependencias federales y estatales han otorgado apoyos “para perforación, equipamiento de pozos o sistemas de riego, sin considerar si hay o no disponibilidad de agua o la autorización de cambio de uso de suelo; además de que la CFE suministra energía sin considerar la disponibilidad de agua”. Y todo por no resolver el conflicto de acuerdo con el marco legal existente. ¿Son legales o no los permisos concedidos para la apertura de miles de nuevos pozos y presones? Si no lo son ¿Qué falta para aplicar la ley?