Tensión política

El Diario, 15 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Primero, lo primero. Seguramente que si el ingeniero Carlos García Gutiérrez nos acompañara, por desgracia nos abandonó el jueves, no tendríamos mayor problema en que alguien –él– nos explicara la magnitud de las consecuencias de la tormenta solar llegada a la Tierra apenas ayer. Vaya un homenaje, muy sentido, a Don Carlos, un verdadero erudito aposentado en nuestras tierras, a las que tanto amó y por las que abrazó tantas causas sociales y políticas, en un acumular de acciones y posturas que lo llevaron a levantar, a carretadas, reconocimiento y cariño entre los chihuahuenses. Hombre de izquierda, supo, siempre, hacer que la congruencia entre sus concepciones y sus conocimientos armonizaran de manera natural. Colaborador de los primeros meses de Aserto –y antes, de El Barzonista, publicación que durante año y medio supo producir ese extraordinario movimiento social de mediados de la última década del siglo XX– supo describir, en términos lo más científicos posibles, jocosamente, riéndose a carcajadas, que el amor no era más que la tendencia irrefrenable del ADN –en inglés, DNA– a reproducirse, de ahí la interminable historia de la pareja humana, dijo. Con dolor, mucho reconocimiento y cariño recordaremos siempre al ingeniero García Gutiérrez. Vayamos a lo de hoy. Son de tal velocidad y magnitud los acontecimientos que una reflexión sobre el PRI de Chihuahua deberá esperar –quizá para el próximo domingo– ante la importancia del curso que ha tomado la situación política, derivada de la elección presidencial. Sin duda alguna dos acontecimientos atraparán la atención pública de los próximos días: la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por la importancia especial que adquiere para los chihuahuenses, debido a que se realizará en Chihuahua, en agosto, su más cercana plenaria; y el anuncio de las acciones que habrán de efectuar el movimiento encabezado por López Obrador, después de la impugnación al proceso electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al lado de tales eventos, otros acontecimientos llevarán a la máxima tensión política al país: por un lado la reunión de un conjunto muy grande de organizaciones de izquierda, más allá de los partidos de la coalición del Movimiento Progresista –relevantemente los colonos de Atenco y el #YoSoy132– cuyo principal motivo, y quizá único, sea el impedir la asunción de Enrique Peña Nieto Por el otro lado, las diversas informaciones acerca de los movimientos financieros, tanto del banco Monex –que realizó operaciones financieras para entregar tarjetas de débito a los operadores electorales del PRI, de acuerdo con la denuncia presentada por el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil Zuarth– como de la empresa Soriana y las tarjetas de esta cadena que sirvieron para otorgarles mercancías a quienes hubiesen aceptado sufragar por el PRI, según la denuncia presentada por López Obrador y Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de éste. Si alguien dudara de la profundidad de la confrontación política y de las consecuencias que puede traer el aceleramiento de algunos protagonistas políticos, cuyas determinaciones podrían acentuar tales confrontaciones, ahí está de ejemplo la primera reunión de la Conago, a la que no asistieron la absoluta mayoría de gobernantes –tanto en funciones como electos– panistas y perredistas, en el cual emitieron un comunicado en el cual “respaldan” la determinación del IFE acerca de la elección presidencial y reconocen “las facultades constitucionales y legales del TEPJF”, como si éste necesitara del reconocimiento de los mandatarios estatales, obligados como están a acatar la ley y hacerla cumplir. ¡Lucido estaría el país si los gobernadores decidieran, en un más que hipotético caso, no reconocer al TEPJF! Porque ahí mismo, y presas de tales apresuramientos, cometieron uno de los errores que no se deben hacer a tales niveles: aún no terminaban de leer el comunicado en el que incluían como firmante al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, cuando éste ya estaba desmintiéndolos. Ni el DF, ni el gobierno del DF hemos rubricado tal pronunciamiento, les dijo. ¿Para qué tantas prisas? ¿Para qué intentar darle vida artificial a un organismo surgido para hacer contrapeso a los mandatarios del PAN y que ahora, por esa misma razón, perderá fuerza política y razón de ser en cuanto Peña Nieto –si lo ratificara el TEPJF– y que, si se anulara la elección como lo pide López Obrador, habría dado un paso, por mucho, totalmente equivocado al adelantarse en tiempos y formas a la ruta legal del proceso electoral. Y si el cariz de la Conago levantó polémica, las denuncias presentadas por los partidos y candidatos y las investigaciones periodísticas acerca de los manejos financieros de las tarjetas de débito y de Soriana han creado, de manera muy sustentada, la percepción de que estamos frente a operaciones ilícitas, no solamente en el ámbito electoral, sino también en el penal, pues al no encontrarse el domicilio fiscal de las empresas que tramitaron ante Monex las tarjetas de débito –supuestamente para los operadores electorales del PRI, para el día de las elecciones– la primera suposición es de que estamos frente a una presunta operación de lavado de dinero, hecho que vendría a sumarse a otras acusaciones levantadas en contra de Monex por esas mismas razones, de acuerdo con la información proporcionada por el periódico Reforma (“Marca a Monex negro historial”, artículo de Rolando Herrera, 14/VII/12). En esta publicación se asienta que en 2003 fueron capturados a quienes se les consideraba “como los principales operadores financieros de los Arellano Félix, quienes, de acuerdo con la PGR, lavaron 3.8 millones de dólares entre febrero de 2000 y junio de 2002 vendiéndoselos a Monex Divisas”. Luego, la policía española informó que a través de Monex Casa de Bolsa, “un grupo de colombianos que pertenecían al Cártel del Valle del Norte utilizó esa institución, junto con otras casas de cambio, para mover importantes cantidades de dinero producto de la venta de cocaína en Europa”. Además, que en 2007, Zhenli Ye Gon realizó varias operaciones de lavado de dinero, “provenientes de la importación y comercialización ilegal de pseudoefedrina, a través de varias instituciones bancarias y casas de cambio, incluida Monex”. Por si faltara, en 2008 el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprendió acciones “en contra de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, quien está acusado de haber realizado transferencias de dinero en distintas entidades financieras, incluida Monex, por un monto de 7.2 millones de dólares”. ¡Nomás! Y por otra parte, el aviso de que a mediados de semana se dará a conocer “Plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México”, que será el conjunto de acciones y estrategias del movimiento encabezado por López Obrador, dentro de la Constitución dijo el jueves y sin afectar “el derecho de terceros”, lo que ha motivado, otra vez y como si necesitara de tales declaraciones, el linchamiento mediático, tanto en las cadenas radiofónicas y televisivas, como en los medios de comunicación locales y en medio de una especie de pasmo político, o de un muy extraño ambiente en el cual los supuestos triunfadores no festejan como debieran, o como uno creyera que deberían festejar pues estuvieron dos sexenios viviendo en el “error” de no estar en el presupuesto. ¿Qué pasó? ¿O será que son muchas las evidencias de graves irregularidades cometidas a lo largo de todo el proceso? ¿Qué es?