¿Qué tanto es tantito?

El Diario, 10 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Con las declaraciones emitidas, entre el domingo y el lunes, por Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Madero y Felipe Calderón, la controversia electoral adquirió otro derrotero. Son tronantes y ponen al rojo vivo la situación política del país. Que el ex candidato de la izquierda pusiera énfasis en la ilegalidad de la elección no asombra, más bien era lo esperado, por parte de sus detractores porque no aceptan que éste interponga todos los recursos legales a su alcance para demostrar la ilegalidad de la elección, y por sus panegiristas porque existen sobradas evidencias de lo desaseado –por decirlo eufemísticamente– de la elección del pasado 1o. de julio, pero que Felipe Calderón asumiera una actitud crítica, semejante a la declarada días atrás por Josefina Vázquez Mota, y secundados por Gustavo Madero, es una verdadera sorpresa, después del arrebato y del apresuramiento por declarar ganador a Enrique Peña Nieto. Así lo dijo el dirigente del partido en el gobierno, Gustavo Madero: “El triunfo de Enrique Peña Nieto sería legal, pero no legítimo”, pues el uso de recursos ilícitos para la compra y coacción del voto influyó en la victoria del mexiquense, afirmó. Tajante, aseveró que “el manejo ilegal de recursos, por medio de tarjetas electrónicas, la entrega de despensas, el manejo de encuestas, el uso de medios de comunicación, la compra y la coacción del voto influyeron para que Peña Nieto ganara ilegítimamente la elección”. Interrogado acerca de la viabilidad de anular la elección, respondió que veía difícil tal eventualidad pero que “no se puede descartar ninguna posibilidad”, y anunció que el Comité Nacional del PAN habría de resolver si le proporcionaban a la izquierda la documentación acerca del asunto de la triangulación de más de 240 millones de pesos, a través del banco Monex, efectuada por los priistas para la entrega de tarjetas telefónicas y de débito. A su vez, en otra faceta de esta sorpresiva postura del panismo, Felipe Calderón afirmó que resultaba “inaceptable” la compra de votos. Entrevistado radiofónicamente, Calderón aseveró que “esta compra-venta de voluntades políticas, así sea una o 10 o 100 o mil, es simplemente inaceptable y hago votos porque la autoridad electoral rectifique de inmediato y la castigue si debe castigarla”, y en una velada crítica al desempeño del órgano electoral, agregó que la esencia de la democracia no es sólo contar los votos, sino que las campañas “se desarrollen en condiciones iguales”. Dijo no saber si el asunto de las tarjetas de Soriana fuera suficiente para “descalificar una elección con esas diferencias (la de los 3 millones 200 mil votos obtenidos por Peña Nieto)”. Casi como si fuera activista del #YoSoy132, dijo que “no podemos quedarnos así nada más, (al cabo) ‘¿qué tanto es tantito?´ en eso”. Sin embargo, a tales expresiones agregó su escepticismo acerca de que pudiera anularse el proceso, ya que “las autoridades no pueden determinar la gravedad de la compra de votos, pues no se sabe cuánto influyó la presunta compra de votos durante la elección presidencial”. Afirmación que coincidió con la emitida por el TEPJF en 2006, al determinar que las encuestas realizadas en aquel proceso sí habían influido en el resultado electoral, pero que no existían elementos científicos para determinar en qué medida. Pero quien insiste en que se pueden medir fue el mismísimo candidato de las izquierdas, López Obrador, al afirmar no tener “dudas que se compraron 5 millones de votos” y deplorar la actuación del órgano electoral, al tiempo que anunció que será el jueves cuando se dé a conocer su postura definitiva. Al informar lo anterior, su coordinador de campaña, el ex gobernador zacatecano, Ricardo Monreal, dejó entrever un aspecto de las impugnaciones que no había aparecido de manera destacada, el de la reunión de “16 gobernadores” el 12 de junio en Toluca, “para arreciar la estrategia de compra de votos porque las encuestas se estaban moviendo”, y ello incluyó requerir el apoyo de funcionarios estatales de primer nivel para operar electoralmente, incluso financieramente. De este modo, el conflicto postelectoral ha dado un giro sorprendente pues hasta ahora había sido la izquierda la única que había cuestionado seriamente el proceso electoral, y con las posturas de Calderón, Vázquez Mota y Madero –más las emitidas ayer por Javier Corral en sus sitios de internet– seguramente que la discusión jurídica pondrá en vilo a la nación. Otra vez el cochinero.