Las guerras del agua

El Diario, 17 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Se anunciaron frecuentemente desde hace años, lo presumíamos algunos en la entidad más grande del país, la que, paradójicamente padecía –y padece– más recurrentemente de la sequía y la que, en el colmo de la incongruencia de las capas gobernantes, es la responsable de resarcirle a Estados Unidos por el agua otorgada por este país a los productores y consumidores de Baja California: se presentarían numerosos y costosos enfrentamientos por el agua. A ciencia y paciencia de todas las autoridades, de todos los niveles, especialmente de las federales de los últimos veinte o treinta años, y más específicamente de los tres lustros anteriores, se dejó crecer un problema que todos en el campo sabían que sobrevendría y que se presentaba gracias a las enormes corruptelas alrededor del otorgamiento de las concesiones para el uso del agua, sobre todo la subterránea. Hoy el conflicto llegó a niveles de, casi, los enfrentamientos. Sin ningún asomo de racismo, ni de discriminación de ninguna índole, pero el problema mayor lo han generado los nuevos asentamientos de menonitas en el norte y noroeste del estado, quienes han llegado abriendo una enorme cantidad de nuevos pozos para la extracción de agua, en la mayor parte de los casos sin los permisos correspondientes, con la consistente presunción de que se les otorgaron de manera ilegal. Hay un mar de fondo en los permisos para el uso de agua, de tal profundidad que ya en años pasados hasta un conflicto de mayores proporciones se presentó en la delegación local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la que corrieron infinidad de acusaciones de una gran cantidad de manejos ilícitos, como la compra de permisos y la expedición de éstos de manera irregular y excedidos de la capacidad acuífera de la entidad. Ahora estamos frente al problema presentado por los productores de los municipios de Buenaventura y Villa Ahumada, que son quienes constantemente se han quejado de las corruptelas mencionadas líneas arriba y que, acompañados de los alcaldes respectivos se quejan de las violaciones a la ley por parte de productores menonitas que han construido presones aguas arriba de la presa “Las Lajas”, sobre el río San Lorenzo o El Carmen, que dio origen al Distrito de Riego de El Carmen, o que han abierto nuevos pozos sobre esa región, a pesar de que oficialmente está en veda desde mediados del siglo pasado, razón por la que, dicen, ha disminuido la superficie sembrada a sólo 3 mil hectáreas, de las 7 mil 500 originales. Ante tal situación, a mediados de la semana pasada, algunos presones fueron destruidos, por las autoridades, arguyen los productores, por los barzonistas, dicen los menonitas, pero lo cierto es que existen suficientes evidencias acerca de las obras construidas, a pesar de las prohibiciones legales para hacerlo, razón por la cual los productores, en escrito publicado ayer, y suscrito por los alcaldes mencionados, alegan que “no somos los productores afectados los que estamos realizando estas acciones de destrucción de obras, son las autoridades correspondientes”. A su vez, en un primer momento, los productores menonitas anunciaron que reconstruirían los presones, pero al ser convocados, al igual que los otros productores, a una reunión hoy por la mañana con el gobernador César Duarte, suspendieron todas las acciones, en tanto que los contingentes de productores realizarán una caravana para llegar a la reunión con los funcionarios gubernamentales. Más allá de las conclusiones de tal reunión, lo más importante estriba en que no puede tolerarse la continuación de las prácticas corruptas en el manejo del agua pues, de acuerdo con la información proporcionada por el delegado de Conagua, Sergio Cano Fonseca, de los 61 acuíferos que hay en la región, 14 de ellos sufren un nivel “alto” de sobreexplotación, y un número indeterminado, pero alto, se encuentran en el límite máximo de su explotación, merced a un sinnúmero de anomalías, entre las cuales se encuentra el de excederse de los límites de uso de suelo máximo y de la falta de avisos de cambio de uso de suelo, lo que ha llevado a que un buen número de nuevos productores de esas regiones se encuentren violando diversas regulaciones. Ante tal situación, la ambiental y la social, no puede haber tolerancia a la violación de la ley, o se respetan las vinculadas al uso y aprovechamiento del agua o nos encontraremos, de inmediato, ante una situación rayana en la violencia, en lo social, y en medio de una verdadera catástrofe ambiental.