Retenes y éxitos

El Diario, 19 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Nadie ha explicado suficientemente las razones de la disminución de la incidencia delictiva en la entidad, y en especial en Juárez, la ciudad más azotada por la ola de violencia iniciada a fines de 2007. Se han hecho infinidad de declaraciones, pero bien a bien no hay a la mano información confiable que explique un fenómeno incontrovertible: La disminución de los delitos, especialmente el de las ejecuciones. La explicación más recurrentemente usada por autoridades de distintos niveles y ámbitos ha sido la del “agotamiento” o debilitamiento de los grupos criminales y la de la consolidación del Cártel de Sinaloa en el antiguo Paso del Norte. A tal explicación se le añade la de que dicha disminución obedece, también, a la participación de las autoridades, pero en tales hechos hay uno contundente: El número de detenidos, procesados y sentenciados por las más de 12 mil ejecuciones –en números de la Sedena– en la entidad, no guardan concordancia. Razón por la cual se pone en entredicho que tal disminución se deba a la acción gubernamental, pues si no hay detenidos y los asesinatos se explican bajo el concepto general de que cayeron como fruto de los enfrentamientos de los grupos criminales, quedará como sensación colectiva la de una increíble impunidad. El debilitamiento se refleja, afirmó el Jefe de la V Zona Militar, General Eduardo Emilio Zárate Landero, “en la reducción de los delitos del fuero común como el robo, y los de alto impacto como la extorsión y el secuestro”, y además, afirmó, en una disminución en el número de homicidios en Juárez en un 42.03 por ciento en 2012, en comparación con el periodo enero-junio del año pasado. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario, 18/VII/12). De acuerdo con sus cifras, en 2009 “se registraron 2 mil 949 homicidios relacionados con la bandas criminales; en 2010, la cifra ascendió a 3 mil 930; en 2011, fueron 2 mil 610, y este año se han registrado 952 asesinatos”, pero no incluyó en ellas el año 2008 en el cual se presentaron poco más de mil 600 ejecuciones, por lo cual el número de víctimas ascendería a poco más de 12 mil, tan sólo en la zona del antiguo Paso del Norte. La exigencia acerca del esclarecimiento de los homicidios relacionados con el crimen organizado tiene una explicación, abrigamos el temor que un día de estos nos amanezcamos con los índices que teníamos a fines del 2008, y ese es el peor pronóstico, como lo diría Gustavo de la Rosa, cuando era funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues las condiciones anteriores son las que originaron la masacre sin igual vivida por los juarenses. Pero las declaraciones del jefe militar fueron precedidas de otras igualmente polémicas, al afirmar que los retenes establecidos en las inmediaciones de Juárez continuarían. Los retenes seguirán, dijo, “a pesar de las manifestaciones de los viajeros por la demora en las revisiones” y a pesar del reconocimiento que hizo de la persistencia de la “permeabilidad de las brechas, por donde continúa el tráfico de drogas, así como algunos focos rojos de presencia de grupos delictivos como ocurre actualmente en Rosales, Julimes y Meoqui”. “No habrá cambios, hemos detectado droga y armas que eran transportadas en vehículos particulares y hasta camiones y por eso vamos a seguir igual, aun cuando eso ocasione molestias”, dijo el encargado de la Zona Militar de Chihuahua. (Nota de Daniel Domínguez, El Diario,17/VII/12). ¿Por qué razón se insiste en combatir el tráfico de drogas con una estrategia que ha mostrado su ineficacia y que ha ayudado a profundizar la degradación de todo tipo en nuestro país? Por supuesto que el general Zárate Landero no es el responsable de tal estrategia, pero seguiremos insistiendo en que se aplica una política, en esta materia y en la de migración, que no obedece a las necesidades nacionales. ¿Se imaginan que el Gobierno norteamericano instale retenes en las carreteras norteamericanas, muchos kilómetros adentro de su territorio, para impedir el ingreso de armas y otras mercancías a México? ¿Por qué no dejar que sean los norteamericanos los encargados de impedir el ingreso de drogas a su territorio? Mucho se ha dicho, y la actual administración federal ha insistido en ello, que los cárteles de la droga decidieron pagar en especie los trabajos realizados, lo que provocó un incremento en el consumo de drogas en el país –y en Juárez– lo que derivó de un hecho fundamental: Los norteamericanos quieren que el tráfico de drogas se impida en México y fluya libremente allá. A tal política contribuyen alegremente los gobiernos mexicanos ¿No será tiempo de acabar con tal actitud?