Casta dorada

El Diario, 31 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Terminaba el gobierno de Francisco Barrio en Chihuahua y el escándalo era mayúsculo. Además de haber sorprendido a los chihuahuenses con la “nómina confidencial”, el panista decidió otorgarle a sus compañeros de gabinete, sólo a los del primer nivel, un pago extra, por término de gestión, que, sumados el de todos ellos, hizo un total superior a los 7 millones de pesos. Los blanquiazules se fueron del gobierno local cargando con el descrédito de haber despedazado una de las características que más habían presumido antes de llegar a gobernar: la de la honestidad a toda prueba. En el camino habían dejado atrás otro de sus presuntos capitales, el de ser buenos administradores. Ni una ni otra habían enseñado en el desempeño gubernamental. Es decir, dejaban la fama de ser malos administradores y de gustarles mucho el dinero, más si éste era público. Muchos chihuahuenses quisieron creer que esa había sido sólo una experiencia con los gobernantes panistas locales. Luego llegarían al Gobierno de la República Fox y su Marthita y la certidumbre se fue apoderando de un buen número de mexicanos. A pesar de todo, 15 millones de electores –en los números oficiales, hoy desestimados por casi todas las fuerzas políticas existentes– le entregaron nuevamente al PAN la oportunidad de asumir la Presidencia de la República (claro, con la anuencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF], cuya presidenta era, por pura casualidad, una de las mejores amigas de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón). Hoy nos amanecemos con la certidumbre de que efectivamente les gusta mucho el dinero. A partir del 1 de diciembre el desempleo crecerá –claro, sólo momentáneamente pues otros, del partido que se quede con la Presidencia de México– pero no serán cualquier tipo de desempleados sino de auténtico pedigrí: la alta burocracia federal panista. Que eso suceda no es sorpresa, lo que indigna conocer, después del enojo de Felipe Calderón cuando López Obrador propuso, en el debate, disminuir los salarios y número de empleos de alto nivel, es conocer los salarios y prebendas de verdadero lujo que se adjudicaron a lo largo de dos sexenios quienes llegaron prometiendo el cambio. Dos años atrás, la diputación priista de la Cámara de Diputados había efectuado un estudio sobre el número de plazas de la alta burocracia federal. Llegó a la conclusión que las de nivel equivalente a subsecretario de Estado habían pasado de un poco más de 50, al momento de entregar el gobierno el priista Ernesto Zedillo, a más de mil 100 en el gobierno de Felipe Calderón. Esas son las que se proponía desaparecer para ahorrarse alrededor de 2 mil millones de pesos al año. Nos quedamos cortos. El número de plazas del “sector central” de la administración pública federal es de “51 mil plazas de mandos medios y superiores, desde el titular del Ejecutivo hasta directores de área. Estos últimos forman el grueso de las plazas de confianza, con 40 mil”. (Nota de Álvaro Delgado, Proceso #1865, 30/VII/12), de ellos, 11 mil 518 tienen rango de secretarios, subsecretarios, jefes de unidad, oficiales mayores, directores generales y directores generales adjuntos. Según esta información, los priistas se quedaron cortos. Resulta que existen ¡784 plazas de nivel de Secretario de Estado, a pesar de que sólo existen 19 en el organigrama! Sólo para tener una idea de lo que nos cuestan tan privilegiados funcionarios (que, además, gozan de seguro de vida, de gastos médicos mayores, de retiro y de separación individualizada, así como aguinaldo de 40 días de salario, un mes de vacaciones, prima vacacional, gastos de defunción y de despensa), tomemos los 6 mil pesos que se le otorgan a cada uno de los 11 mil 518, “para gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su propiedad” y mil 850 pesos de pago de celular. ¡Un mil 84 millones 995 mil 600 pesos al año, tan sólo de gasto de autos y celulares de esa casta dorada a la que pertenecen, también, los delegados! Por eso no se quieren ir, y como Calderón los conoce, quiere apresurar las reformas estatutarias porque, dice, muchos van a querer quedarse en la administración pública federal, cualquiera que sea el que llegue a ocupar la Presidencia. Frente a tan desmesurados privilegios, los priistas están calladitos, calladitos…