Esperanza a prueba

El Diario, 1 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores El día de hoy culmina la parte del proceso electoral en manos de los ciudadanos. La ciudadanía culminará su participación, en los dos aspectos centrales de esta fase final, tanto en la emisión del voto, como en el cuidado de esa emisión y su cómputo. A partir de esta fase, el proceso electoral estará en manos de las autoridades electorales y los partidos. Una cosa es evidente: Que a pesar de los partidos políticos, la sociedad mexicana le apuesta al proceso democrático, a los procesos electorales para alcanzar las transformaciones democráticas. El proceso electoral que hoy termina nos ha permitido hacer algunas evaluaciones importantes del actual marco electoral, del marco legal electoral que poseemos y del régimen político vigente. El establecimiento de un régimen parlamentario, o de uno semiparlamentario en el cual se puedan establecer compromisos legales para poder tener mayoría en la Cámara de Diputados, es impostergable. La continuación del actual esquema en el cual el presidente procede de un partido que no tiene mayoría en el órgano legislativo ha paralizado a los gobernantes mexicanos, de Ernesto Zedillo a la fecha. Es prioritario modificar el actual marco legal para el caso en que ningún partido cuente con mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, lo pueda alcanzar una coalición de gobierno, con diputados de 2 o más partidos, mediante la protocolización de un acuerdo parlamentario que les permita nombrar un jefe de gabinete, como se ha propuesto, cuyo respaldo sería esa mayoría pactada, que terminaría en el momento que desapareciera esa mayoría parlamentaria. Si eso sucediera, daría lugar, de inmediato, a la convocatoria de elecciones para que fuera la ciudadanía la que, con su voto, daría paso a la conformación de una nueva mayoría parlamentaria y ésta nombrara al jefe de gabinete. Tal reforma es notoriamente inferior al establecimiento de un régimen parlamentario, de corte presidencial, como existe en Alemania, Francia, Italia y otros países, en las que el presidente de la república ya sólo sería Jefe de Estado, pero no Jefe de Gobierno, y en el cual el gobierno se conformaría a partir de la decisión de los partidos que alcanzaran la mayoría parlamentaria, por lo que el gobierno respondería a ese órgano legislativo. Más aún, quizá ya sea necesario discutir la posibilidad de establecer una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Si en la primera vuelta ningún partido alcanza mayoría absoluta de votos (50%), entonces convocar a la segunda vuelta con los partidos que hubiesen alcanzado el primer y segundo lugar de las votaciones, y dar paso, por tanto, a las alianzas electorales con el fin de obtener esa mayoría. Pero en tanto no se reforma el régimen político en aquel sentido, es imprescindible cambiar el diseño de la comunicación de las campañas electorales. Necesitamos acabar con la spotización; el actual modelo de publicidad en radio y televisión, basado en la transmisión de spots como único mecanismo de difusión de las propuestas mostró fehacientemente su agotamiento; impide que conociéramos con profundidad las propuestas de los candidatos y posibilita el enervamiento político pues da pie a que los partidos sólo diseñen mensajes destinados a descalificar a sus adversarios (cosa que se debe hacer, para eso son también las campañas) pero que impiden conocer a detalle las posturas de los candidatos respecto a prácticamente todos los temas centrales de su propuesta de gobierno. Además, el esquema de las campañas electorales impide que los ciudadanos conozcan las propuestas o programas propuestos por los candidatos, e impide que puedan contrastar las distintas propuestas pues la ausencia de más debates, de mesas redondas y de eventos en los cuales se abordaran con amplitud los puntos programáticos, evita conocerlos para ubicar los puntos de coincidencia y los diferendos. Del mismo modo, al cederle el IFE a los partidos la elaboración del formato de los debates, echó por la borda la posibilidad de que se pudieran conocer los distintos enfoques de las posturas de los candidatos, cosa que de alguna manera se pudo hacer en el debate organizado por el #YoSoy132 y cuya difusión no pudo compararse al del segundo debate organizado por el IFE. Si bien los aspectos abordados líneas arriba son importantes, en la parte final del proceso nos enfrentamos a una realidad, la de las denuncias acerca de las distintas maneras con que los partidos (o una parte de ellos, o solo algunos candidatos y gobernantes) pretendieron comprar o coaccionar la voluntad ciudadana, que evidenció el primitivismo de nuestra clase política y la escasa cultura democrática que poseemos, porque no se trata solamente de quienes intentan hacerlo, sino también de quienes acceden –por necesidad, obviamente– a las prebendas ofrecidas a cambio de su voluntad ciudadana. Tampoco podemos negar que tales propósitos se presentan en todas las elecciones, de cualquier parte del mundo, pero los niveles alcanzados en este proceso electoral no hacen que nos sintamos orgullosos por el nivel democrático alcanzado por nuestra sociedad. Mucho hemos avanzado, sin duda; hoy existe una mayor certidumbre en los procesos y contamos con procedimientos e instituciones electorales incomparablemente superiores a las del pasado –que siempre serán perfectibles–, de ahí la confianza de la mayoría de los ciudadanos en apostarle a la vía democrática para transformar a la sociedad. El problema no se encuentra ahí, por desgracia. Está en los partidos políticos existentes, los mismos que en el actual proceso electoral ratificaron tal aserto. Unos resolvieron elegir a sus candidatos por la vía más antidemocrática, la de la designación por medio de sus cúpulas; y los que le apostaron a la vía democrática, evidenciaron los peores vicios de la clase política cuando intenta ganar, a como dé lugar, una elección. Así, unos por una razón (los que se fueron por la vía de los candidatos de “unidad”, por el temor a fracturarse) y otros por otra, pero todos mostraron cuán lejanos se encuentran de alcanzar estadios superiores en materia de cultura democrática. Así, si alguien protesta, o se queja de que recurrentemente nos asalte el temor a que se presente el fraude electoral, sólo debemos recordarles que son los propios partidos políticos los que nos dan la razón en ese sentido. De ahí la robusta legislación electoral que tenemos, la infinidad de “candados” elaborados para evitar, o tratar de evitar las maniobras ilícitas en los procesos electorales, las múltiples prohibiciones a los funcionarios públicos, la resistencia a la reelección continua de legisladores y alcaldes, las “vedas” electorales, es decir, la prohibición a transmitir anuncios gubernamentales en los meses previos a la elección; la tinta indeleble, los numerosos “candados” de las boletas electorales, la firma de las boletas por los representantes de los partidos, etc. Pero el problema está en que mientras todos construíamos tal andamiaje electoral, la clase política se servía con la cuchara grande (una prueba más de su falta de cultura democrática) y se adjudicaba los salarios más elevados del orbe, en todos los ámbitos, todos los partidos, incluidos los órganos autónomos o ciudadanizados, todos. Hoy ha hecho crisis tal forma de conducirse al frente de los asuntos públicos. Esa es la transformación que necesitamos, independientemente del triunfador, si no lo hace, la pendiente se volverá aún más pronunciada.