Rumbo al conflicto, regresión partidaria

El Diario, 22 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Sin duda alguna el país se encamina a un conflicto de grandes proporciones, justo en un momento en el que todo el régimen atraviesa por una crisis, esa sí estructural. Las denuncias presentadas en el Congreso de Estados Unidos, acerca del lavado de dinero en el banco HSBC, aunadas a las denuncias presentadas por el PAN y el PRD por el manejo de los recursos económicos en la campaña de Enrique Peña Nieto y las respuestas y contramedidas del PRI, en particular a López Obrador, están mostrando en toda su magnitud el tamaño de la crisis política por venir. Las transformaciones democráticas, por tanto tiempo exigidas y construidas pacientemente por la sociedad mexicana, pueden convertirse en un sueño del pasado. No se exagera al realizar las reflexiones anteriores. Vayamos por partes. Hace seis años las buenas conciencias -y también las no tan buenas- se escandalizaron, y todavía se escandalizan, porque López Obrador llamó a sus seguidores a realizar un plantón en la avenida Reforma. Como si se hubiera desatado una huelga nacional, clamaron porque esa medida había “desquiciado” gravemente la economía, por lo menos del DF. Seis años después, y ante un proceso electoral, si cabe, notoriamente más desaseado que el anterior, la posibilidad de que se presente un conflicto de mayores proporciones es incomparablemente superior. Para empezar, ahora los dos partidos más grandes, después del que es reconocido hasta el momento por las autoridades electorales como el que obtuvo la mayoría de votos, han descalificado seriamente al proceso electoral. No sólo, el mismísimo Felipe Calderón reconoció la presentación de anomalías perturbadoras, tantas, que deberían castigarse, dijo, poco antes de recibir a Peña Nieto. El problema es tan grave que hasta el representante jurídico de éste, Jesús Murillo Karam (entre paréntesis ex de todo, de senador, de diputado, de secretario de estado, de dirigente nacional, de gobernador, y todo bajo el cuidado atento de Don Carlos Salinas de Gortari; es decir, Don Jesús es el prototipo del “nuevo” PRI) ya aceptó que su partido sí utilizó unas tarjetas de débito -presuntamente las expedidas por Monex- para entregarles recursos económicos a sus representantes de casilla y generales el día de la elección -”hasta para unas tortas se gasta mucho dinero”, afirmó en conferencia de prensa el jueves anterior-, ese dinero, dijo, procede del gasto corriente del partido. Sorprende tal declaración porque si el dinero fue usado para esos fines, entra como gastos de campaña y así tendrá que reportarlo al IFE y no como gastos ordinarios, que es la acepción usada para este tipo de gastos, que para eso son las prerrogativas otorgadas a los partidos de “gastos ordinarios”, y no para las campañas. Pero si ya se enredaron con un aspecto, cabe esperar que se enreden con más aspectos de tan conflictivo asunto. Es de tal magnitud la regresión mostrada por el PRI (Y no se le está haciendo un homenaje, o un reconocimiento al desarrollo democrático de este partido) que en Chihuahua, en donde más se le apreciaba tal desempeño, hoy, por desgracia, parece padecer de los mismos rasgos negativos que presenta en otras muchas entidades. Cuando Salinas de Gortari decretó que el PRI había perdido las elecciones al gobierno del estado en Chihuahua (a las 9 de la noche del domingo de elecciones, el Secretario de Gobernación, ni más ni menos que Don Fernando Gutiérrrez Barrios, reconoció la derrota del PRI, cuando aún en miles de casillas no terminaba el cómputo) y, por consiguiente, Francisco Barrio el triunfador, se inició un proceso de formación del PRI chihuahuense como un verdadero partido político (con el que se podía o no estar de acuerdo, pero el proceso se estaba presentando) pues en la práctica era una especie de partido de oposición al gobernador (Barrio) y al presidente de la república (Salinas primero y luego Ernesto Zedillo). Tal transformación alcanzó su momento cumbre en las elecciones internas para encontrar al candidato al gobierno del estado en 1998, aunque deberá reconocerse la elevada injerencia del presidente Zedillo, que desde diciembre del año anterior ya había enviado las suficientes señales que el preferido de la residencia presidencial no era Artemio Iglesias. Pero hubo contienda y el llamado “filósofo de Rubio” dio la pelea. Patricio Martínez ganó la elección interna y la constitucional después, pero el priismo siguió exigiendo que hubiese una mayor apertura democrática. En las elecciones intermedias del 2001, como ya había sucedido en la designación de candidatos al Congreso del Estado en el ’98, se impuso la misma medida y la elección a alcaldes no fue tan tersa como se pensaba, aunque en lo general los militantes de los municipios medianos y pequeños llegaron a recrearse y recrear las elecciones internas para alcaldes. Además, en el ambiente se respiraba la ruptura, o si quieren, el alejamiento del gobernador Patricio Martínez y el ex gobernador Fernando Baeza, y de aquel con los rescoldos del grupo de Artemio Iglesias, y poco a poco fue permeando la idea de que Reyes Baeza debería ser el candidato a gobernador para 2004 y no, como todo mundo pensaba que era la preferencia de Patricio, Víctor Anchondo. El priismo se le impuso a Patricio y Reyes fue gobernador. Anchondo se alejó momentáneamente del PRI y llegó hasta ser el candidato a senador del PRD en 2006. En 2010 reapareció apoyando a César Duarte y ahora fue uno de los más entusiastas apoyadores de Patricio Martínez al senado de la república. Pero en todo ese proceso, tan sucintamente planteado, razón por la que más de uno podrán hacer algunas precisiones, el PRI se comportaba en lo general como un partido, con manchones como el de los numerosos recursos procedentes del Congreso del Estado, en las elecciones del 2001, para apoyar a los candidatos priistas en Juárez. Por todo lo anterior duele observar de qué modo el priismo local se adhirió a los requerimientos de los priistas mexiquenses en la pasada campaña electoral. Es de tal envergadura el cambio que muchos acudieron, hasta presurosos, a darle origen a una entelequia como lo es la fundación Isidro Fabela, pues pensaron que por ahí podría venir el acercamiento con quien suponían era el alma de tal fundación, Peña Nieto. Pero ese fue un rasgo menor, lo más ofensivo fue el uso de los empleados gubernamentales en la operación electoral. En muchos de los casos sin la amenaza explícita de la pérdida del trabajo, pero en todos, la coacción para que se participara en las actividades de la campaña electoral. El otro rasgo en ese sentido fue la responsabilización que se hizo de los funcionarios gubernamentales de primer nivel en las tareas de la estructura territorial, casi como fiscalizadores del trabajo de los responsables partidistas. Probablemente no se llegó a los extremos de Zacatecas, denunciados por Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de López Obrador, de que los funcionarios de primer nivel fueron los responsables de la operación electoral el día de las elecciones, con el manejo de cuantiosas cantidades de dinero, pero tales hechos son los signos de un retroceso en el desarrollo democrático, no solo del PRI, sino de la sociedad chihuahuense porque se pretende, por esta vía, institucionalizar que los trabajadores de gobierno deberán ser, en todos los casos, por lo menos, activistas del partido que ejerza el gobierno. Y ese es un verdadero retroceso en materia de desarrollo democrático. asertodechihuahua@yahoo.com.mx Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com