Las confirmaciones

El Diario, 17 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
El veredicto, casi unánime, es contundente: La estrategia para combatir al narcotráfico –y fundamentalmente para evitar la violencia desatada por éste– ha fracasado. Felipe Calderón se empeñó en ella y haciendo uso de todos los recursos a su alcance, y al del presidencialismo impuesto por el régimen anterior, logró llevarse consigo a todos los gobernantes priístas y a los legisladores federales de este partido, es decir, se llevó al baile al PRI.

Las escasas protestas y oposición de algunos de los principales de este partido no dejaron de ser meras declaraciones a la prensa, sin ninguna relación con los actos de gobierno. Conforme se acerca el final del sexenio, van apareciendo las evidencias de que, quizá, no estamos enfrentando a una estrategia delineada por Calderón y sus amigos en el gobierno.

Las revelaciones publicadas por WikiLeaks y más recientemente los reportes de Human Rights Watch (HRW) y de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), a la que nos referiremos ahora, –titulado “Un Relato Aleccionador” – apuntan a que el gobierno mexicano simplemente accedió a actuar como el operador de quienes delinearon la estrategia a aplicarse en México, una totalmente contraria a la aplicada en Estados Unidos.

El informe de Wola es desesperanzador, afirma que la Iniciativa Mérida disparó la violencia en México y, además, no trajo “mejoras significativas en materia de seguridad”, “en lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado, la ha generalizado”. (Nota de J. Jaime Hernández, El Universal digital, 10/XI/11).

Igual que el reporte de HRW, lo relatado por Wola debiera ser materia de estudio de quienes tienen la responsabilidad de los operativos en contra del crimen organizado. Así describen el “éxito” del gobierno de Calderón: “Los grupos del crimen organizado, cuyo número se ha expandido de aproximadamente seis confederaciones nacionales a las doce existentes en la actualidad, se han enfrentado al Estado, y entre ellos, en una guerra de todos contra todos”.

El reporte tiene la finalidad de prevenir a nuestro país de la tentación de copiar el modelo aplicado en Colombia y de evitar que se fortalezca la decisión del gobierno norteamericano de presionar a ambos gobiernos latinoamericanos para que lleguen a acuerdos de cooperación en ese sentido.

Y es que, dice, el éxito en Colombia “solo ha sido parcial y frágil”, con un “inaceptable costo en el terreno de los derechos humanos” con el registro de 3 mil ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas. Sostiene, además, que la desaparición de los cárteles de Medellín y Cali no incidió en la cantidad, precio y calidad de la droga introducida a Estados Unidos.

Tajante, dice “… Desde que Calderón lanzó la ofensiva contra los cárteles en diciembre de 2006, la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha acabado con la vida de unas 40 mil personas en México. El crimen organizado ha diversificados sus actividades lucrativas ilegales. La extorsión de pequeñas y grandes empresas ha aumentado dramáticamente, y esto ha llevado a muchas de ellas a cerrar sus puertas o, en ciudades como Ciudad Juárez, a huir. Los secuestros extorsivos se han disparado...”.

El reporte insiste en que en ese recrudecimiento de la violencia, uno de los factores a tomar en cuenta son los fondos y directrices derivadas de la Iniciativa Mérida, cuyos recursos no sólo fueron aportados por el gobierno de Estados Unidos, sino, además, fiscalizados por integrantes de ese gobierno en el país, como lo fueron las constantes presencias del embajador norteamericano, Carlos Pascual, en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una de las cuales se celebrara, muchos meses atrás, en el antiguo Paso del Norte.

Andaban verificando que se aplicaran bien sus dineros… y su estrategia.

Eso se llama pérdida de soberanía, pero ¿A quién le importan términos tan desgastados? No le hace que en ello vaya la vida de decenas de miles de mexicanos y la pérdida de la seguridad pública.