La cultura de la legalidad

El Diario, 8 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Aprobada por el Congreso del Estado en abril de este año, la Ley de la Cultura de la Legalidad es un verdadero desperdicio de recursos estatales, en aras de justificar, o intentar justificar, la falta de respeto a la legalidad, ya sea por integrantes de la sociedad, o de la esfera gubernamental.

Peor aún, pareciera que se trata del nicho que se le deja a la Fiscalía General del Estado (cualesquiera que sea su titular) para tratar de mejorar su presencia en la sociedad y que ésta califique de mejor manera su accionar.

Al participar, ayer, en la instalación del Consejo Estatal para Impulsar la Cultura de la Legalidad, el Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas, dijo que la Ley de la Cultura de la Legalidad “es la más completa y actualizada que se tiene en el país”, cuyo primer logro “es la integración de un consejo plural, que contribuirá al fortalecimiento de un Estado de Derecho, que trabajará en el diseño de estrategias y programas sociales”.

Bueno, si esa es su tarea, y la ley es la más completa, pues vayamos a verla. Es un verdadero bodrio. Al definir la única de las tareas del Consejo Estatal (y del Comité), la elaboración de un programa, éste se define así en la ley:

“Artículo 20. El Programa comprenderá campañas regionales permanentes y tendientes a difundir y sensibilizar a la población sobre la importancia de apegarse a la legalidad y el beneficio que esto conlleva… se difundirán o distribuirán, a través de los medios más idóneos, extractos de las leyes, códigos y reglamentos, dirigidos a sectores estratégicos de la región de que se trate, en donde los índices delictivos, de acuerdo a los estudios realizados, sean los más elevados o, en su caso, la difusión global, cuando se trate de una reforma a una ley.

Artículo 21. El Programa incluirá campañas permanentes, en coordinación con cada uno de los tres Poderes del Estado, tendientes a fomentar e implementar una cultura de la legalidad en todos los funcionarios y empleados que conforman la estructura gubernamental del Estado...

Artículo 22. El Programa se formulará conforme a las directrices metodológicas que se consideren más idóneas para ese fin y estará bajo la responsabilidad ejecutiva del Comité de Investigación y Análisis. En la elaboración del Programa deberá tomarse en cuenta el acervo cultural e histórico del Estado, cuáles han sido las acciones que tradicionalmente han ejercitado los chihuahuenses a favor del Estado de Derecho y que han influido positivamente en el engrandecimiento de la comunidad y en el progreso de la Entidad”.

Bien. En todo el articulado no se encuentra una sola referencia a la promoción de tal cultura en los planteles escolares, ni de la actividad que debiera desarrollar la dependencia más idónea para tales efectos, la de Educación sin ninguna duda. No, en lugar de eso se comisiona a personal de la Fiscalía General a que desarrolle torneos de futbol, de hip hop, etc. y las principales actividades de la semana de la Cultura de la Legalidad se centran en la impartición de algunas conferencias (que, por lo demás, no hay argumentos para desdeñarlas) pero se extraña la falta de un eje central de la estrategia gubernamental en la materia.

Tal pareciera que enarbolar la bandera de la cultura de la legalidad es solamente eso, una bandera discursiva y no, como debiera, una profunda transformación del quehacer gubernamental porque, y se les dificulta aceptarlo, las principales causas de los males sufridos por los chihuahuenses en materia de seguridad pública se encuentran en la labor de los funcionarios públicos, ahí es en donde se ha anclado mayormente la falta de respeto a la legalidad vigente.

Convenimos que una parte de la sociedad –ínfima, por cierto– se ha degradado aceleradamente, pero se trata de una porción, la mayoría absoluta conserva, así sea a pesar de la autoridad, márgenes muy grandes de respeto por la ley. Pero si toda la sociedad observa imágenes como las de la represión a los Indignados de Juárez, cometida brutalmente por la policía municipal juarense, y luego escucha las justificaciones de su jefe, Julián Leyzaola, así se celebren miles de semanas de la cultura de la legalidad que nada convencerá de la absoluta ilegalidad con la que se conducen muchos de los integrantes de este cuerpo, como otros.

Está muy bien celebrar actos y constituir organismos como los comentados, pero avanzaríamos más, mucho más, si los niveles de corrupción y de faltas a la ley disminuyeran en el ámbito gubernamental.