El reporte de Human Rights Watch

El Diario, 13 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La muerte lo sorprendió justamente cuando debería afrontar, entre otros muchos asuntos escabrosos, las durísimas críticas de la organización Human Rights Watch (HRW) en su más reciente reporte intitulado “Ni Seguridad, Ni Derechos, Ejecuciones; desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. El Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ya había expresado algunas opiniones acerca de ese reporte. Más allá de la tragedia (a cuyo lamento nos unimos, ante la pérdida de ocho vidas, dos de ellas fundamentales por el momento que vive el país) la situación descrita por el organismo derechohumanista es espeluznante.

Preocupados por el desarrollo de las acciones gubernamentales para enfrentar al narcotráfico, decidieron efectuar un trabajo de investigación durante poco más de dos años, en el que realizaron más de 200 entrevistas a funcionarios de todos los órdenes de gobierno, de procuradurías, víctimas, familiares de víctimas, policías, agentes del ministerio público y periodistas.

En ese lapso investigaron y documentaron casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones en los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco.

Lo encontrado por esta organización es verdaderamente dramático. Asevera que tras el descenso sostenido del número de homicidios, durante casi dos décadas, “la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010” y reporta que la prensa informa acerca de poco más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico en 2011.

“En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una ‘guerra’ contra (las) organizaciones delictivas... Asignó al Ejército un rol central en su estrategia de seguridad pública, que se enfocó principalmente en enfrentar a los cárteles mediante el uso de la fuerza… más de 50,000 soldados están asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México. En los lugares donde se han desplegado estas fuerzas, los soldados han asumido varias de las responsabilidades propias de la Policía y de los agentes del Ministerio Público —como patrullar zonas, intervenir cuando hay enfrentamientos armados, investigar delitos y obtener datos de inteligencia sobre organizaciones delictivas—”.

Hoy, esa estrategia ha fracasado seriamente, dice, en dos aspectos: “No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían adecuadamente.

Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.

La acusación es contundente: “En los cinco estados analizados, se observó que miembros de las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas. Y la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país”. El trabajo de investigación –que incluyó innumerables solicitudes de información a las páginas de Transparencia de los gobiernos y sus dependencias– demostró que “los casos documentados en este informe no constituyen hechos aislados. Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública”.

Relata las prácticas. Golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte— son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad… las víctimas son a menudo mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos.”.

Y sostiene que con base en esas prácticas, la mayoría de los detenidos son acusados teniendo como única evidencia sus propias declaraciones, cuando hay detenidos, y esto ha provocado que sólo exista una ínfima cantidad de sentenciados por homicidio, en relación con el crimen organizado.

Además, sostiene que se ha elevado el número de integrantes de las fuerzas del orden, denunciados por delitos cometidos en contra de civiles, “por ejemplo, los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 210 investigaciones de delitos cometidos por soldados contra civiles en 2007, 913 en 2008 y 1.293 en 2009”.

No es la tortura el principal problema de los excesos cometidos por las fuerzas del orden. HRW afirma que es creciente la impunidad en el número de ejecuciones extrajudiciales, las que prácticamente no son investigadas, a pesar del elevado número de homicidios en los que se presume la comisión de este delito.

Y le preocupan los indicios de creciente impunidad: “En los cinco estados relevados en el presente informe, desde 2007 los agentes del Ministerio Público militar han iniciado 1,615 investigaciones de violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por soldados contra civiles... En ninguna de estas investigaciones militares en los cinco estados se han dictado condenas. A su vez, la Procuraduría General de Justicia Militar indicó haber iniciado 3,671 investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre 2007 y junio de 2011. Durante este período, solamente fueron condenados 15 soldados…”.

Más aún, el reporte indica que prácticamente no se juzga ninguno de los homicidios que se presumen vinculados al narcotráfico. “En Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas —estados donde el gobierno federal ha puesto en marcha importantes operativos contra el narcotráfico con intervención del Ejército— la tasa de homicidios tanto en 2008 como en 2009 prácticamente duplicó los niveles récord correspondientes a las dos décadas anteriores.

Este aumento de la violencia no ha estado acompañado por un incremento de la cantidad de juicios penales… si bien el gobierno afirma que entre diciembre de 2006 y enero de 2011 ocurrieron 35,000 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República solamente registró 13,845 homicidios. La PGR… informó en un primer momento que había iniciado 1,687 investigaciones de homicidios, y tres meses después señaló que sólo había iniciado 997. Solamente han sido acusadas 343 personas en estos casos”.

El Poder Judicial Federal le informó a HRW que “la justicia federal solamente ha aplicado condenas en 22 casos de homicidios y otras lesiones vinculados con la delincuencia organizada. Los resultados a nivel estatal son igualmente deficitarios... Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua inició cerca de 10,000 investigaciones de homicidios entre 2007 y el 31 de marzo de 2011. Durante ese período, solamente se aplicaron condenas en 242 casos”.

En el extenso informe –poco más de 200 páginas– en el que se relatan casos concretos, se aprecia un eje vertebral, la preocupación acerca de la creciente violación de los derechos humanos de la población civil a manos de las fuerzas policiacas y militares y el devastador efecto que tal hecho provoca en la sociedad: La desconfianza hacia ellas y la disminución de su participación en la denuncia acerca de los hechos y relaciones delictuosas.

Mucho se previno, años atrás, en los meses iniciales del 2008, de la desafortunada decisión de incorporar a las fuerzas armadas al combate al narcotráfico, hoy es una realidad el fracaso, con un más preocupante hecho, el creciente deterioro del Estado de Derecho, ahora vulnerado, también, por las fuerzas del orden, y reforzado por la creciente tendencia de las clases gobernantes a mantener como arma prioritaria la elevación de las penas y la de regresarle a la declaración del inculpado el papel privilegiado que tuvo en el pasado para sentenciar a los presuntos delincuentes.

El fracaso no sólo es evidente, ahora mismo sufrimos las consecuencias. No se necesita elevar las penas, bastaría con detener a los delincuentes, procesarlos, lograr que los sentencien y ya.

Hay un mecanismo disuasivo más importante que la elevación de la severidad de las penas: La seguridad de que si se comete un delito, será remitido a la cárcel quien lo cometa.